El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, ha sumido al independentismo en el pesimismo, especialmente a los seguidores de la epopeya escapista de Carles Puigdemont. Sus recomendaciones al tribunal que debe emitir la sentencia sobre la consulta presentada por Pablo Llarena ante las reiteradas negativas de la justicia belga a cumplir las euroórdenes para extraditar al ex presidente de la Generalitat y al resto de dirigentes instalados en Bélgica le dan la razón al juez del Tribunal Supremo y trunca el relato triunfalista mantenido por el abogado Gonzalo Boye. La hipótesis de una nueva euroorden efectiva podría empujar a Puigdemont a un cambio de estrategia.

La sentencia no está prevista hasta finales de año, sin embargo, el alto cumplimiento de las recomendaciones del Abogado General del TJUE ha forzado al mismísimo Gonzalo Boye, el entusiasta y dicharachero abogado de Puigdemont, a admitir que el apoyo a las tesis de Llarena “no era lo que esperábamos”. Tampoco el tuit del expresidente disimuló su disgusto: “naturalmente, no nos satisface” admite. Y no es para menos, Jean Richard de la Tour subraya que la desconfianza en el sistema judicial de otro país “es contraria” a las decisiones marco de la cooperación judicial europea.

La confirmación de la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los dirigentes independentistas huidos es cristalina en esta recomendación, que de paso manifiesta que una autoridad judicial como la belga “no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea, basándose en un riesgo de vulneración de derechos, si no se demuestra la existencia de deficiencias sistemáticas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado solicitante”. Demostrar estas deficiencias con datos objetivos se apunta como la nueva tarea de Boye y el sujeto de su nuevo discurso mediático.

Mientras su abogado trabaja en esta línea y Llarena decidide si emitir inmediatamente la orden de detención o esperar a conocer la sentencia del TJUE, Puigdemont deberá repensar su estrategia. El horizonte de una detención y posterior traslado a España por parte de la justicia belga o la de cualquier otro país de la Unión Europea modifica las alternativas disponibles para el ex presidente de la Generalitat hasta ahora, en realidad, hasta que la sentencia ratifique o contradiga al Abogado General de la justicia europea.

Puigdemont difícilmente podrá cumplir su sueño de regresar al Palau de la Generalitat en coche descapotable como hiciera Josep Tarradellas. Pero la opción de un retorno voluntario aun sabiendo que su detención al pisar suelo español sería inmediata hace meses que se rumorea entre los círculos más fieles al expresidente. Sería una fórmula para desatascar una situación empantanada que amenaza a Puigdemont de convertirlo en un simple cliente de por vida de Boye, sin influencia ni perspectiva en la política catalana, cómodamente instalado en Waterloo y luchando contra la desmemoria popular.

Su aparición en Barcelona o Madrid desencadenaría la acción de la justicia, pero también aumentaría su aureola del más osado desafiante del Estado español, un héroe del independentismo dispuesto al sacrificio para obligar al gobierno Sánchez y al gobierno de Pere Aragonés a posicionarse ante la nueva circunstancia y dar así vida al repunte del Procés. Al menos llevaría la iniciativa y el indulto o la aplicación de un delito de sedición modificado entrarían en juego, gracias a su movimiento.

De aceptar el tribunal del TJUE la recomendación de su Abogado General, los condicionantes cambiarían radicalmente. No es lo mismo presentarse ante el TS por su propio pie, rodeado de periodistas y habiendo salido libre y triunfante de los tribunales belgas que llegar esposado al aeropuerto de Madrid y trasladado en un furgón policial ante el juez Llarena. La épica no es la misma y a Puigdemont, y a muchos independentistas, es lo único que le queda a medio plazo.