El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha modificado las cuentas de Maxwell Cremona SL, su compañía principal y que sustenta la denuncia que la Fiscalía presentó contra la pareja de la líder regional por fraude fiscal. Lo ha hecho totalmente fuera de plazo y cuando la inspección de la Agencia Tributaria se acercaba a su final. Con este giro, el beneficio de cerca de dos millones de euros se ha convertido en pérdidas de más de 100.000 euros.
Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedades para el Fomento del Medioambiente SL ha depositado en el Registro Mercantil sus cuentas de 2023, que incluye un incremento considerable en la facturación del ejercicio anterior en comparación con 2022, concretamente de un 78,9%.
La empresa de los dos coches de lujo
En el momento de publicación de la información que comprometía al compañero sentimental de la responsable de Sol, hace ya unos meses, Maxwell Cremona no tenía empleados por cuenta ajena, aunque sí que poseía, por ejemplo, un coche de lujo. Y tal y como adelantó en exclusiva este periódico, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama: un Maserati que, además, acumulaba multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid.
Todo a la vez que en 2020, antes de que la compañía experimentara una explosión millonaria, sus bienes se reducían a un portátil y una impresora, aunque hay que contabilizar también la fianza de una vivienda. En 2021, la empresa mantenía el mismo ordenador e impresora y sumaba 3.900 en cortinas, pero lo que más llamó la atención fue que añadió un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros.
Además, el empresario disfruta de un Maserati que desveló en exclusiva ElPlural.com. Este vehículo fue matriculado en 2017 y tiene multas pendientes con el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida. En concreto, eran hasta seis las multas de tráfico que se desprenden de infracciones cometidas en el distrito de Chamberí y cuya suma alcanza los 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación
La cifra de ganancias de esta compañía se multiplicó con la llegada del Covid, época en la que se centraron los negocios que dieron lugar a los delitos por parte de González Amador, los cuales tienen que ver con la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, la sociedad se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de manera ilegal por servicios que los supuestos proveedores de estos vienen nunca prestaron y que se emplearon para deducirse gastos indebidamente.
Aumento considerable de ganancias desde su fundación
La facturación de Maxwell Cremona en 2017, un año después de su fundación, fue de 8.045 euros. En 2018 esta cantidad subió considerablemente hasta los 287.000 euros y en 2019 la cifra siguió ascendiendo hasta los 357.000 euros. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando los números se dispararon hasta los 2,3 millones de euros -en 2020- y los 1,3 millones en 2021.
Hacienda se mostró sorprendida porque los ingresos de la compañía se dispararon, pero no así el pago de impuestos, lo que llamó “significativamente” la atención a la Inspección, según se desprende de los informes. Los investigadores no cuestionaron en su momento el negocio de la empresa, pero sí el hecho de que las cuotas tributarias no se vieran incrementadas “en la misma proporción”. Esto, consideraba el órgano competente en el momento de la investigación, resultaba “sumamente llamativo” habida cuenta de que la facturación creció en casi dos millones en 2020 a pesar de que el pago de impuestos se quedó casi en la mitad en 2019. Es ahí donde entraban en juego las facturas falsas.
Maxwell Cremona se constituye en 2016 con el objetivo de dedicarse a consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque con la llegada de la pandemia dirige su actividad hacia los certificados de la International Standarizarion Organization (ISO). Es decir, los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple con los estándares internacionales necesarios para ponerse a la vente. Son precisamente estas ‘etiquetas’ las que marcaron la diferencia entre las que eran servibles y las que no durante lo más duro de la pandemia.
Por aquel entonces, la compañía sobre la que se basan parte del negocio cuanto menos polémico de González Amador -cabe destacar que el propio novio de la presidenta reconoció los delitos- no contaba con trabajadores, por lo que recurrió a un “auditores externos” autónomos que se dedican a hacer auditorías y corroborar que un producto era apto para obtener la pegatina que certificaba su calidad. El informe de Hacienda muestra pagos a diez auditores que trabajaron para Maxwell Cremona entre 2020 y 2021 y a los que dio 235.500 euros en dos años.
