Hace ya más de dos años que las residencias de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro del horror sanitario debido a la política de abandono de los mayores en los centros de la región llevada a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los peores meses de la pandemia. Sin embargo, en diciembre de 2022, vuelve a ser noticia la gestión en los geriátricos de la comunidad, donde hay mayores intoxicados, medicamentos caducados o trabajadoras sin cobrar.

Esto es precisamente lo que ocurre en la Residencia Los Frailes, en el municipio madrileño de Leganés, donde la falta de sistema de emergencias, el mal estado de las instalaciones o el incumplimiento de los pliegos es una máxima. Todo bajo las acusaciones de maltrato a los mayores por parte de las familias de los pacientes y con la connivencia de la Administración, que rechaza sancionar a la empresa gestora tras sendas inspecciones que ponen de manifiesto las continuas faltas.

Continuas irregularidades

La Residencia de Mayores Parque de los Frailes es un centro público de gestión privada con 220 plazas que ha sufrido un cambio de gestión en el último año, pasando de estar en manos de Aralia al grupo Centenari Salud, encargado actualmente de su dirección. Este cambio, sin embargo, no ha borrado los problemas, que vienen incluso desde su anterior etapa. Y es que, tras ser uno de los centros más criticados por la gestión de los mayores durante la pandemia, ahora vuelve a ser noticia por la falta de suministros, problemas de salud derivadas del agua o la situación del personal.

Son muchas las inspecciones a las que han sido sometidas estas instalaciones -al menos unas diez desde enero de 2020 a septiembre de este mismo año- y que han puesto de manifiesto las malas condiciones tanto del centro como de los empleados y los residentes. Entre lo que los inspectores encontraron en todo este periodo, tal y como se recoge en las actas, es el no funcionamiento del sistema de aviso de emergencia desde los dormitorios de los usuarios cuando la mayoría son personas dependientes y con movilidad reducida, así como un uso inadecuado de las sujeciones.

En los dos años de inspecciones tampoco se ha registrado una administración de oxígeno adecuada a los pacientes o los debidos cambios de postura para aquellos que no se pueden mover mientras la lencería y ropa de cama está deteriorada o sucia de forma constante y las instalaciones muestran un deterioro grave, con persianas rotas, mobiliario desgastado, puertas bloqueadas, la calefacción averiada o los ascensores estropeados.

Trabajadoras sin cobrar

Sin embargo, dos de los puntos más preocupantes se relacionan con la atención personal y sanitaria. En concreto, se trata de la presencia de medicamentos caducados, fuera del blíster sin posibilidad de conocer caducidad o incluso identificarlo, y la falta de plantilla, que no cumple con 5% de la capacidad del centro. Y es que, en una inspección que se realizó de noche, solo había nueve profesionales -ocho auxiliares y un enfermero- para atender a más de 200 personas dependientes.

Una complicada situación que se suma a la precariedad del personal, que denuncian estar trabajando sin cobrar. De hecho, algunas auxiliares y enfermeras se han colgado un cartel en el pecho o la espalda con el mensaje “yo trabajo pero no cobro” o “yo trabajo pero no me pagan”. Y es que, casi a finales de diciembre, el personal todavía no ha cobrado la paga extra de Navidad, una cantidad que marca la diferencia para muchas familias y va en contra de lo establecido en los pliegos, que marca que los pagos se deben aportar en tiempo y forma.

Las trabajadoras de la residencia Los Frailes denuncian que no cobran

Las trabajadoras de la residencia Los Frailes denuncian que no cobran

Las resoluciones de las inspecciones puntualizaron de forma consecutiva la necesidad de subsanar los fallos localizados en cada auditoría tanto en lo relativo a las condiciones de las instalaciones como de atención a los residentes bajo la advertencia de sanción si no se les daba solución. Sin embargo, aunque meses después la situación continúa igual, no se ha solventado los problemas. Tampoco se ha sancionado a la empresa y la Comunidad de Madrid -máxima responsable de la gestión al tratarse de un centro público a pesar de estar en manos privadas- rechaza hacerlo.

Denuncias de "maltrato"

En los últimos meses, esta coyuntura se ha visto intensificada debido a un brote de gastroenteritis que ha puesto en las cuerdas a profesionales y residentes. Todo debido a un mal estado del agua ya que cuenta con una alta presencia de hierro, tal y como recogen los últimos análisis. Esto ha provocado que no se pueda beber pero tampoco usar para los baños, por lo que tienen que duchar a los internos con agua en garrafas, lo que conlleva riesgo de infecciones.

Así lo han asegurado algunas familias, que han denunciado un maltrato por parte de la Administración no solo durante la pandemia sino en la actualidad, que han llevado incluso a manifestaciones por la localidad, tal y como recogió el pasado mes de junio la plataforma Verdad y Justicia en las residencias de Madrid en sus redes sociales.

La polémica que rodea a esta residencia ha llevado al PSOE de Madrid a investigar la situación y trasladarse hasta ella para comprobar los motivos de las denuncias y críticas. Así lo ha hecho este jueves Lorena Morales Porro, secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Madrid, junto a otros miembros de la formación junto al alcalde de Leganés, Santiago Lorente.

El PSOE critica la situación tras visitar el centro

En conversaciones con ElPlural.com, Morales explica que -tras solicitar en varias ocasiones una visita al centro- han podido corroborar la antigüedad del mobiliario, la presencia de un “olor fuerte a tubería” en los baños o que, tres años después, el servicio de emergencia sigue sin funcionar. “Nos dicen que en 2023 la Comunidad va a sacar a concurso el sistema de emergencia. Los pacientes no pueden esperar, se pueden indisponer, caer o tener sed... cuánta gente se habrá caído o habrá pedido ayuda y no habrán sido atendidos”, denuncia la secretaria, quien apunta a que “no hay prisa porque no hay sanción”, lo cual es “muy grave”.

A su juicio, esta coyuntura responde a que la Comunidad de Madrid está “malvendiendo las residencias públicas” y exige que, ya que se da esta situación mientras existen inspecciones que están alertando de la gravedad, la Administración debería estar atento de las denuncias. “Qué menos que haya una sanción por los incumplimientos de los pliegos de la propia comunidad”, afirma Morales.

La Comunidad de Madrid hace una dejación muy peligrosa

“Es muy grave la situación de las residencias, pero sobre todo de las mal llamadas de gestión indirecta”, critica. Por eso, reclama a Ayuso que “lo revierta” para que vuelvan a formar parte de las competencias directas de Sol y avisa: “Vamos a registrar una batería de iniciativas sobre los Frailes”. Y es que, según cuenta, siguen bañando a los mayores a garrafazos a pesar de que ya han acabado las obras de las tuberías o las empleadas siguen sin cobrar la paga. “La Comunidad de Madrid hace una dejación de los pliegos muy muy peligrosa”, denuncia Morales ante la inacción del Gobierno madrileño.