Nuevo lío en la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con las residencias de mayores. En este caso, el problema viene dado porque la región derivó a personas de estos centros a otros de carácter privado con una indemnización posterior superior al millón de euros. En concreto, el equipo de la lideresa regional indemnizó a posteriori con la cifra de 1.103.642 euros a 15 residencias privadas pese a que había sitio en 25 residencias públicas. 

Los datos, a los que ha tenido acceso ElPlural.com, muestran que la región tenía disponibles 1.523 plazas de media entre estos meses mientras ingresaba a 163 mayores en residencias privadas. Desde el PSOE de Madrid destacan asimismo que las plazas se pagaron también “muy por encima del precio abonado por una plaza concertada”: 89 euros por plaza y día en la privada por 54 euros por plaza y día en la concertada.

Dudas en el pago de indemnizaciones

La portavoz de Políticas Sociales de los socialistas madrileños, Lorena Morales, expone en declaraciones facilitadas a este medio lo “llamativo” en la forma en la que se han realizado los pagos. “Las indemnizaciones se han pagado contra la partida 22607 que está clasificada como gastos y vinculada a la Dirección General de Salud Pública para atender necesidades en situaciones de emergencia”, señala.

Así las cosas, explica que en 2019 la cuestión “no fue dotada económicamente ni en la aprobación ni durante la ejecución”, mientras que en 2020 lo hizo con un “crédito inicial de cero, que fue dotado posteriormente con 1.329.600 euros, una cifra llamativamente similar a las indemnizaciones que finalmente han abonado a las residencias privadas”.

“Esto es muy grave, porque estábamos en plena pandemia. En concreto, las residencias, de las que se hizo cargo la Consejería de Sanidad estaban llenas de carencias y dejaron sin gastar una partida para situaciones de emergencia sanitarias”, estima Morales, quien califica de “lamentable” la situación: “Las indemnizaciones se pagaron en 2021, ¿y cómo ya no se iban a abonar en 2020 se dejaban sin gastar esos 1,3 millones de euros para emergencias sanitarias en plena pandemia?”.

También había plazas en la concertada

La Comunidad de Madrid disponía de más de un total de 1.417 plazas libres en las residencias públicas en abril de 2020, de 1.538 plazas en mayo del mismo año, y de 1.616 en junio.

La situación se repite en las residencias concertadas, aunque en menor medida que en las públicas. “Siempre el porcentaje de ocupación en las de gestión indirecta es superior. El director de estos centros dijo que estaban en torno al 98% de ocupación”, detalla la responsable de Políticas Sociales.Con todo, las plazas concertadas disponibles en las residencias entre abril y junio de 2020 superan también las 2.000.

Justificación de la Comunidad

La Comunidad de Madrid justifica la decisión destacando que las plazas no ocupadas responden a aspectos como “la suspensión de nuevos ingresos que se estaban ya gestionando”, los residentes que “se fueron con sus familias durante estas semanas” y a que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) “aplicó desde abril la reserva de un 10% de sus plazas autorizadas para poder mantener la distancia social y los aislamientos”.

Sin embargo, aseguran desde el PSOE, la explicación “no se sostiene”: “Ya antes de la pandemia tenían 818 plazas libres. Y en pleno 2022, cuando las medidas de aislamiento ya son mucho más laxas, mantienen ese 10%, que en algunos momentos de 2021 llegó al 17%, mientras la lista de espera de residencias se ha disparado. Pasando de 1.000 personas en diciembre a más de 1.700 en agosto”. 

Además, "la decisión se tomaba por criterios sanitarios, pero trasladaron a esos mayores sin saber si estaban contagiados, a centros que tenían ya fallecidos por covid y dificultades para aislar".

"Indignidad y falta de respeto"

Asimismo, fuentes cercanas a Juan Lobato, líder del PSOE en la Comunidad, afirman que se trata de “una muestra más de la nefasta capacidad de gestión por parte de la Comunidad” y hacen especial hincapié en el papel del PP con las residencias de mayores.

“Supone una indignidad y una falta de respeto, a no ser que sea algo premeditado para favorecer el negocio privado en las residencias contra la gestión pública”, concluyen.