La crisis sanitaria de la Comunidad de Madrid se agrava por momentos ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los sanitarios del servicio de urgencias del madrileño hospital La Paz llevan denunciando la situación de colapso desde el pasado mes de noviembre. Este martes, el personal sanitario ha enviado un burofax al juzgado de guardia denunciando que de los 145 pacientes de urgencias que registraron durante el turno de tarde, a 45 se les atendió en butacas debido a la falta de camas.

Una denuncia constante por parte de los sanitarios de La Paz que desde noviembre llevan alertando sobre la falta de medios. El escrito de denuncia recoge, además, que "esas tasas de ocupación y la carencia de personal incumplen las recomendaciones de las sociedades científicas del sector y aumentan las posibilidades de que se produzcan accidentes", tal y como ha informado La Vanguardia este miércoles.

Un servicio de urgencias sobrepasado que fue atendido por 17 enfermeras, 17 auxiliares de enfermería y 12 celadores que, a pesar del descenso de la tasa de enfermos registrada desde enero, consideran los medios y el personas como insuficientes para brindar una correcta atención al paciente.

No obstante, desde la dirección del centro hospitalario han asegurado que "no se ha rescindido ningún contrato". Por su parte, los sindicatos se han hecho eco de la falta de recursos del hospital.

A pesar de que la tasas de enfermos sin cama son menores que las recogidas a inicios de año, el que se sigan produciendo estos casos denota la falta de personal y de medios técnicos en las urgencias de uno de los hospitales más emblemáticos de la  Comunidad de Madrid.

Un caso que pone, una vez más, de relieve el desmantelamiento paulatino de la Sanidad Pública madrileña, tanto en urgencias como en atención primaria, mientras que el Ejecutivo regional continúa señalando a la izquierda y a la ideología del personal sanitario.

Frente a la crisis sanitaria, salidas de tono

Aún teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria que sacude a la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo madrileño continúa elevando el tono y cargando contra el personal sanitario. Apenas una semana más tarde de que 250.000 personas tomaran las calles de la capital para reivindicar sus derechos y protestar contra el desmantelamiento de la sanidad pública el pasado 12 de febrero, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, acusó al comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria de ir “cambiando” sus reivindicaciones buscando un “conflicto político”.

Además, el ‘popular’ arguyó que la izquierda instiga movilizaciones "cada cuatro años" cuando se acercan las elecciones con interés de "manipular políticamente". Lasquetty defendió que el Gobierno del PP ha hecho que haya "muchos más recursos y disponibilidad" en Atención Primaria con un presupuesto de Sanidad de hasta los 10.000 millones de euros.

En unos términos similares se viene manifestando también el consejero con competencias en las materia, Enrique Ruiz Escudero, quién acuso a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), principal promotor de las movilizaciones, de estar prolongando la huelga única y exclusivamente por razones políticas: “Sin ninguna duda”. “No tienen ninguna voluntad de acuerdo. Cada vez que llegamos a un preacuerdo o nos acercamos vienen con una reivindicación nueva. Esto responde a algo que no es estrictamente sanitario o de organización de los centros de salud. Cada vez que hay una reunión, hay una nueva reivindicación”, aseguró Escudero.

Los trabajadores de todas las categorías de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid secundaron una nueva huelga en defensa de este primer nivel asistencial el pasado 23 de febrero.

Bajo el lema 'Jornada de Lucha por la Atención Primaria y las Urgencias de los barrios y pueblos de Madrid', estos sindicatos, asociaciones y plataformas reclamaron una mayor financiación para la sanidad pública madrileña, medidas para mejorar la atención a la población y mejoras en las condiciones laborales de los profesionales.

El personal sanitario continúa reclamando una financiación para Sanidad que alcance el 7,5% del PIB regional, frente al 4,4% actual, y que llegue al 25% en el caso del primer nivel asistencial, sin contar con el gasto en farmacia, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Igualmente, se aboga por unos ratios de pacientes por profesional acordes, con cupos máximos para médicos y enfermeros de 1.300 pacientes y 1.000 para pediatras, así como la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y Servicios de Atención Rural (SAR) en las mismas condiciones que funcionaban antes de la pandemia.

Los médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid llevan en huelga desde el pasado 21 de noviembre. Más de tres meses de paros en los que ni Escudero, ni Lasquetty, ni Ayuso han asistido a las diversas reuniones infructuosas agendadas con el sindicato convocante de la huelga.