Más allá de la guerra discursiva propia de la política, lo cierto es que el despliegue de los fondos europeos continúa avanzando. El Estado ha resuelto ya más del 80% de las convocatorias que le corresponden, por un valor de 19.200 millones de euros, e insta ahora a las Comunidades Autónomas a seguir avanzando en su parte. Estas han resuelto el 20% de los fondos asignados (más de 4.000 millones) y han lanzado convocatorias de licitaciones que superan el 50% del total que les corresponde. Una buena marcha, celebrada por el Gobierno y todas las autonomías, que está siendo posible gracias a la co-gobernanza. Todas “a excepción de una” que, como no podía ser de otra manera, es la Comunidad de Madrid.

En torno a 130 conferencias sectoriales, 32 manifestaciones de interés y múltiples foros de coordinación se han desarrollado a iniciativa del Gobierno para que el despliegue de los fondos sea ágil y coordinado, contando con la opinión de todos los territorios. En todos los encuentros, los representantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han centrado sus fuerzas en “poner palos en la rueda” y “obstruir el proceso” sin proponer “ninguna alternativa”, trasladan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos a ElPlural.com. “Están instalados en el ‘no’ a todo" y así no se puede, nos trasladan.

Este lunes, durante la celebración de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, a la que acudieron todas las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para debatir el último Adenda del Plan, la situación no fue diferente. El encargado de enfangar el encuentro, con críticas destructivas y sin ninguna alternativa, fue en este caso Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de Ayuso. “Toda la reunión se desarrolló con normalidad, a excepción de las quejas constantes de Lasquetty”, explican las mismas fuentes que. Visiblemente cansadas, lamentan el “obstruccionismo” de Madrid que, por el peso de Ayuso en el PP nacional, arrastra además al resto de representantes autonómicos.

No está habiendo ni co-gobernanza ni co-decisión. Se nos manda una carta pidiendo aportaciones, mandamos esas aportaciones y luego no aparecen por ningún lado ni se tienen en cuenta”, aseguraba a principios de esta semana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Además, asegura que “el proyecto de Adenda para la segunda parte de los fondos europeos no está en condiciones de ir a la Comisión Europea porque no cumple las condiciones”, a pesar de que ha recibido el apoyo de la mayoría política, tanto a nivel nacional como regional.  

Despliegue del Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hoja de ruta diseñada por el Gobierno y aprobada por Bruselas en la que se enmarcan los fondos europeos, es el principal instrumento económico en manos de las administraciones (locales, autonómicas y estatales) para la recuperación económica, el sostenimiento e impulso del tejido industrial y la protección de los más vulnerables. La clave para su correcta asignación y despliegue es la co-gobernanza entre todos los niveles ejecutivos, motivo por el que las reuniones entre responsables autonómicos y el Ministerio de Economía no para de sucederse.

En el último encuentro celebrado se sucedieron los agradecimientos y reconocimientos dirigidos al Gobierno por el esfuerzo y la coordinación, a pesar de que el discurso de Madrid pretenda ocultar esto. El año se inicia con confianza sobre la evolución en todo el territorio pese a la incertidumbre en el ámbito internacional para “la práctica totalidad de las regiones”, traslada Economía. Ahora, desde la cartera dirigida por Calviño trasladan el protagonismo a las autonomías con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente.

Por el momento, España lidera el despliegue del Plan de Recuperación en Europa, según ha aprobado la Comisión. Tanto es así que hasta el momento se han resuelto más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones, destinados a financiar casi 200.000 proyectos, un 45% pertenecientes a empresas. El despliegue de los fondos, que alcanzó la velocidad de crucero el pasado año, se ha acelerado en el primer mes de 2023, pasando de los 2.000 a los 3.000 millones de euros mensuales desplegados en enero (13% del total anual).