Los desahucios no están prohibidos y lo saben muy bien en los barrios obreros de Madrid. El mantra se repite y se extiende, pero lo cierto es que miles de familias son desahuciadas anualmente, expulsadas a la calle sin ninguna alternativa habitacional y con una clara situación de vulnerabilidad. El próximo miércoles 11 de diciembre, Jorge tiene fechado su desalojo de una vivienda pública propiedad del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida. La Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) le dejará en la calle sin ninguna alternativa, mientras apunta hacia otra familia con menores.
Jorge vive, por lo menos hasta dentro de una semana, en el Bulevar de la Naturaleza (Villa de Vallecas). Allí ha residido durante un tiempo con su hermano, quien tenía suscrito el contrato con la entidad pública. Sin embargo, tras la marcha de su familiar, la EMVS se niega a realizar una subrogación de contrato para que Jorge pueda seguir viviendo allí, pese a que se encuentra al corriente de pagos. “Siempre ha vivido ahí con su hermano, pero la EMVS no reconoce el contrato”, detallan miembros de PAH Vallekas a ElPlural.
“Paralización del desahucio y subrogación” es lo que exige el colectivo para que Jorge pueda seguir viviendo en su casa, que paga regularmente, y en su barrio. A una semana de que sea demasiado tarde, su desahucio sigue activado. Las siguientes víctimas serán Deli y sus cuatro hijos pequeños, también inquilinas de una vivienda municipal. Perceptora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con cuatro menores a cargo, Deli puede ser expulsada de su hogar si la EMVS no le realiza un nuevo contrato por haber fallado a pocos pagos cuando percibía la Renta Mínima de Inserción (REMI).
Sobre Deli y su familia pesa una demanda por impago pendiente de desahucio por haber fallado a algunas mensualidades debido a su incapacidad de asumir el alquiler cuando percibía la Renta Mínima de Inserción (REMI). Ahora que percibe el IMV, cuantía más elevada, puede hacer frente al alquiler, no sin dificultades, por lo que desde PAH Vallekas demandan la realización de un nuevo contrato que evite su desahucio y mantenga la relación inmobiliaria.
El día a día de los barrios obreros
“Estos casos no son aislados, la EMVS está intentando expulsar a varias familias más en Madrid y está subiendo los precios de sus alquileres y las cuotas de sus edificios”, denuncian desde la PAH Vallekas, colectivo de barrio que está peleando por la vivienda de estos y otros muchos vecinos. La amenaza no se cierne únicamente sobre las familias vallecanas, en Tetuán el colectivo de vivienda relata situaciones similares y pisos que sufren desperfectos desde el momento de su entrega.
Inmuebles que no se encuentran en condiciones de habitabilidad y de los que encima se desaloja a los inquilinos, o se les sube el alquiler para obligarles a abandonar. Esta estrategia del consistorio de Almeida convierte la vivienda pública en “una trampa en la que muchas familias tienen que elegir entre comer y pagar sus consumos básicos o pagar un alquiler público”, denuncian desde PAH Vallekas. Una situación extrema que ha llevado a varios colectivos a concentrarse frente a la sede de la EMVS y denunciar la situación.
Evitar el desahucio de Jorge y conseguir un nuevo contrato para Deli y sus hijas es el objetivo más inmediato. Para ello, a parte de la protesta, han presentado por registro sus demandas, según han comunicado al delegado del Área de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González. “Que no se diga que no usamos los canales adecuados”, le han dejado claro, con sorna, al dirigente madrileño.
Aprovechando su concentración, han traslado a la EMVS otra de las problemáticas. “Entre las demandas que entregamos”, explican, “está la solución al inminente conflicto con Cáritas Madrid por el fin del convenio de un programa suyo de pisos de emergencia”, han explicado. El programa al que se refieren también estaba suscrito por el Ayuntamiento y la organización católica y las viviendas son de la EMVS. Tras decaer, deja a 27 familias al borde del desahucio. “Cáritas ha estado amenazando y presionando a las familias para que se vayan a la calle”, denuncian militantes a este periódico.
“Son el poli malo de Almeida”, añaden, señalando al responsable último: la empresa pública. “La EMVS desahucia a la gente”, han gritado en torno a 100 militantes de los diferentes colectivos frente a la sede pública. La inmediatez de los desahucios que enfrentan estos vecinos ha centrado la reivindicación, pero el problema va mucho más allá. Los movimientos de vivienda buscan forzar a la administración pública de Madrid a cambiar sus procederes, similares a los de cualquier otro gran propietario especulador, y sentarse a negociar con los vecinos, peticiones no atendidas por el Ayuntamiento ni su empresa.
Versión de la EMVS
La EMVS se defiende de las acusaciones y asegura que en el caso de la vivienda de Jorge recae una deuda por impagos “de casi 12.000 euros” sobre el propietario (su hermano). “El día que se iba a proceder al desahucio, la comisión judicial se encuentra a otra persona, que no es el adjudicatario, viviendo en el piso”, trasladan a este periódico. “A esta otra persona se le da un plazo para alegar su justo título, que en este caso no lo posee porque no ha sido adjudicatario de ninguna vivienda de EMVS Madrid”, añaden.
Con respecto a la vivienda de Deli, la empresa pública de vivienda asegura que “desde 2010 apenas han abonado los recibos de la renta de su vivienda, por lo que en la actualidad acumulan una deuda de 24.000 euros”, y han “incumplido” el plan de pagos planteado. “Actualmente la empresa municipal se encuentra a la espera de que el juzgado resuelva y/o señale nueva fecha de lanzamiento”, describen sus próximos pasos. “El fin de ambos procedimientos es devolver estas viviendas públicas a los madrileños inscritos en los sorteos”, zanjan, como si Jorge y Deli no lo fuesen.
