El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este lunes el plan de vivienda nacional, después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hiciese lo propio hace escasas horas. La pugna entre los dos principales partidos parece haber encontrado una nueva materia en la que desarrollarse y la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomos será clave. La punta de lanza del Partido Popular (PP) será Madrid, uno de los territorios más golpeados por el tensionamiento del mercado y donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por no intervenir el mercado.

El fomento de la vivienda pública tampoco es la herramienta elegida en la Puerta del Sol, desde la que la baronesa del PP contempla como el mercado se regula solo en favor de los grandes propietarios y especuladores. Liberalizar y regalar suelo a manos privadas es lo que defiende Feijóo y en Madrid, donde existen ahora menos pisos públicos que los que había antes de llegar Ayuso al poder y se malvenden los pocos disponibles a fondos buitre, no lo ven mal.

La Comunidad de Madrid no cuenta ni con 25.000 viviendas públicas para los siete millones de habitantes que acoge y apenas ha entregado 320 inmuebles sociales desde que Ayuso llegase al poder, allá por 2019, según a detallado la propia administración como respuesta a una pregunta parlamentaria de Más Madrid. Es más, descontando las 1.721 que la administración madrileña vendió a Encasa Cibeles, que posteriormente la Justicia obligó a la Comunidad a recuperar contra su voluntad, el saldo de viviendas públicas disponibles es de 58 menos.

Un total de 24.896 inmuebles en manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), lo que representa un ascenso de 1.600 contando con las vendidas al fondo. La tónica de ataque a lo público y fomento de los intereses y beneficios de las grandes empresas no es nueva, tal y como muestran los datos. Se han perdido 1.012 viviendas públicas entre 2005 y 2024, 20 años de dominio del PP, sin contar con las de Encasa Cibeles, con las que se abrían creado menos de 600.

Todo ello contando con las aglutinadas en el fracasado Plan Vive, que no consigue dar salida a los supuestos alquileres asequibles, por encima del precio de mercado en alguno de los municipios que acogen estas viviendas, y plagadas de desperfectos. ConVive Madrid, Park View Madrid, son varios los cambios de nombre con los que la Comunidad ha querido hacer un lavado de cara al plan, pero el coste de más de 800 euros por una habitación y 50 metros cuadrados han propiciado que cientos de adjudicatarios rechacen la vivienda.

Asimismo, y más allá de los alquileres disparados, el Ejecutivo de Ayuso ni siquiera ha hecho por acercarse a la entrega de viviendas que prometió cuando todavía no era presidente. En aquel momento, la baronesa del PP prometió 25.000 inmuebles, de las cuales 15.000 tendría que haber estado disponibles en mayo de 2023, fecha en la que todavía no se había levantado ni una. 2.000 llaves había conseguido entregar en los últimos momentos del pasado año, acumulando también 526 renuncias sobre un total de 930 pisos.

Estas renuncias están provocadas en la mayoría de los casos por el precio del alquiler, al que la Comunidad le suma el IBI y los gastos de comunidad (gimnasito, piscina, portero, parque infantil, etc.), y los desperfectos más que evidentes. Agujeros en paredes, roces en armarios, elementos como rejillas de ventilación sin colocar, goteras e inundaciones en alguna zona común y pisos bajos son alguna de las incidencias denunciadas por los vecinos de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Getafe y Alcalá de Henares.