Tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com este viernes, dos menores del Hogar San Mateo, perteneciente a la Asociación de Intervención y Desarrollo ABRAZO y gestionado por la Comunidad de Madrid, han denunciado haber sido víctimas de violaciones y diferentes abusos a lo largo de varios años en dicho centro de acogida. El desamparo sufrido por las víctimas ha llevado a las trabajadoras sociales a elevar un mensaje al Defensor del Pueblo este pasado 10 de marzo, en un clamor que, en el momento de la publicación de este artículo, aún no ha obtenido respuesta.
Varios trabajadores del hogar de menores tutelado por la Comunidad relataron a este medio de comunicación el proceso de tramitación de una denuncia a laPolicía durante el pasado mes de diciembre por las presuntas violaciones y abusos sexuales hacia dos menores perpetrados por cinco residentes de manera individual y continuada, unos hechos que el director del centro presuntamente ya conocía y habría silenciado durante más de un año. Del presunto grupo de agresores, todos ellos actualmente investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAN), únicamente uno seguía siendo menor en el momento de la denuncia, y por tanto, continuaba conviviendo con las dos víctimas en el mismo hogar. El resto se encuentran en la mayoría de edad, por lo que el centro de acogida ya no los mantiene localizados.
Según compartieron algunos de los profesionales de este centro con ElPlural.com, las menores víctimas le habrían hablado a su superior sobre los abusos que estaban sufriendo aún en 2023, quien, desde entonces, tal y como relatan los trabajadores, "miró hacia otro lado", evitando tramitar una demanda al respecto. Fueron los propios educadores de dicha residencia los que emprendieron el camino legal para denunciar los presuntos abusos, así como contra al director que "había guardado silencio". A vista de la situación, las trabajadoras han decidido, como última bala, enviar una carta a la figura del Defensor del Pueblo, encarnada en la actualidad por el socialista Ángel Gabilondo.
La carta al Defensor del Pueblo
El escrito elevado al Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso ElPlural.com, arranca de la siguiente manera:
"Somos un grupo de educadoras, trabajadoras del ámbito social, concretamente, de un centro de menores, de la red de protección de la Comunidad de Madrid. El pasado diciembre de 2024, dos de las menores del centro nos comunicaron que durante años habían sufrido abusos sexuales por parte de otros menores, hechos de los que el director del centro estaba informado, desde hacía mas de un año, por estas mismas menores".
"Dicho director no había contado al equipo educativo estos abusos. Había mencionado en una reunión que las menores le habían contado que algunos chicos las molestaban, minimizando los hechos ocurridos. En esa misma reunión se nos indicó que no se hablara con las menores al respecto ya que habían confiado en él, y para no agobiarlas más, algunas educadora preguntamos por las medidas a tomar, como informar a la Comunidad de Madrid, denunciar los hechos, pero se nos contestó que no valía la pena, ya que en el centro solo quedaba un menor de los que acosaba a las niñas y ya desde dirección hablarían con él, para que no se volviera a repetir", continúa la carta.
"En diciembre, cuando las menores, ponen en conocimiento a las educadoras, de que los abusos se habían estado dando durante años, y que los hechos son mucho más graves de lo que nos había informado el director del centro, decidimos denunciarlo. Inmediatamente se sacó al menor agresor del centro y se abrió una investigación, en la que tuvimos que ir a declarar las educadoras y las menores al UFAM. Desde el área de protección de la Comunidad de Madrid se nos convoca a una reunión para que relatáramos los hechos, en dicha reunión se mostraron preocupados, principalmente para que no saltara la noticia a los medios de comunicación", se puede seguir leyendo.
"[...] En conclusión, el señor director y la subdirectora continúan dirigiendo un centro de "protección" de menores, sin tener una titulación en el ámbito social y/o educativo, se han quitado de en medio a toda persona que haya denunciado estos hechos muy graves, y las menores agredidas están siendo expulsadas y criminalizadas, por sufrir abusos, siendo ellas las que tienen que irse de lo que se supone era su casa, su lugar seguro. [...] Nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, principalmente ante unas menores que han sido ya maltratadas por sus hogares de origen, y que han sido muy valientes y capaces de denunciar lo que les estaba pasando y que desde las instituciones no se las escucha", sentencia el texto.
