La deriva ultra del Partido Popular, arrastrado por Vox, se está reflejando en las vidas de las personas LGTBI+ de Madrid, que ven como poco a poco van perdiendo en derechos. El Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, mantiene una ofensiva de recortes legales, eliminación de ayudas y desmantelamiento de organismos clave para el colectivo LGTBI, especialmente enfocado hacia la comunidad trans. Desde Arcópoli, asociación enfocada en la lucha contra los delitos de odio en la capital, señalan al Ejecutivo madrileño por haber "declarado la guerra" al colectivo.
El coordinador general de la asociación, Luis Fernando Rosales, lanza varias preguntas: “¿Qué motiva este ataque? ¿Qué hemos hecho para merecer tanto desprecio? ¿Por qué quieren arrebatarnos nuestros derechos?”, plantea. Arcópoli señala tanto a la presidenta del PP madrileño como a Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y Mónica Lavín, portavoz de la misma área, por plantear una “erosión de los derechos y protecciones del colectivo LGTBI+” durante su mandato.
El retroceso de la Ley Trans de Ayuso
En un artículo publicado este lunes, la asociación ha resumido la cronología de acciones que demuestran que el Gobierno de Ayuso está limitando “los derechos de una comunidad ya vulnerable”. En primer lugar, mencionan las dos correcciones que hicieron en diciembre de 2023. La Asamblea de Madrid aprobó la modificación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la 3/2016 de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
En concreto se modificaron dos artículos, resultando en la necesidad de presentar un informe psiquiátrico previo para el menor de edad -eliminado en la Ley del Gobierno- y el protocolo de atención educativa relativo a las actividades segregades por sexo con vestuarios infantiles para niños y niñas trans. Bajo el argumento de “mejoras técnicas y de redacción” se escondía una marcha atrás en los cambios que ellos mismos propusieron para dicha ley.
Estos cambios, según el propio texto de la ley, buscaban “corregir aspectos que, a juicio del gobierno, podían conculcar derechos como la libertad de expresión y de prensa, así como la presunción de inocencia”. No obstante, desde las organizaciones señalan que se trataba de “un retroceso en las garantías y protecciones previamente establecidas para las personas trans e intersexuales”, como denunciaron entonces Arcópoli y COGAM. Rosales achaca esto a “un giro propio de la ultraderecha más reaccionaria”.
El 'tijeretazo' de Ayuso a Arcópoli
Las propias arcas de la asociación de Rosales se han visto mermadas a consecuencia de la “guerra” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Arcópoli denunció este mes de febrero que su Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia está “en peligro de desaparición” a causa de los recortes del Ejecutivo madrileño, que les ha dedicado este año la asignación más baja de fondos. En 2024, se suprimieron las convocatorias de subvenciones específicas para organizaciones LGTBI+. Este “cambio a las reglas”, como lo califican desde Arcópoli, fue impulsado por el área de Ana Dávila.
Contradiciendo a otros documentos, que advertían sobre el peligro de esta medida, la Consejería de Dávila concluyó en un informe sobre la eliminación de estas subvenciones que “se aprecia un impacto nulo por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, toda vez que su aplicación no puede dar lugar a ninguna clase de discriminación por tales motivos”. El resultado fue que el Observatorio de Arcópoli recibió 133.000 euros en subvenciones del IRPF en 2024, un 16% menos que el año anterior con las dos partidas -IRPF y subvenciones LGTBI+-.
Pero la defensa del Gobierno de Ayuso no se queda ahí. El área de Dávila-Ponce de León argumenta que el proyecto del Observatorio se presentó en una línea distinta a la de los proyectos dedicados a la lucha contra la LGTBIfobia, lo que explica la bajada de fondos asignados por la Comunidad de Madrid. Desde Arcópoli recuerdan que fue el Ejecutivo regional el que provocó la situación, “al modificar las reglas y abocar al Observatorio a estas condiciones”, sentencian. El coordinador general de Arcópoli cuenta a este medio que “la hoja de ruta” del PP de Madrid es “que desaparezca la atención a la LGTBIfobia”.
Los motivos de la "guerra" de Ayuso contra los derechos LGTBI+
En el marco de su incansable esfuerzo por ser la antítesis del Gobierno central en políticas de Igualdad, el Ejecutivo de Ayuso eliminó en diciembre la Subdirección General de Igualdad LGTBI de la Consejería de Familia Juventud y Asuntos Sociales. Una supuesta reestructuración del área de Dávila, terminó por integrar este organismo en el área de Integración Social, afirmando la consejera que “no se ha dejado de asumir ninguna competencia”. Sin embargo, las organizaciones manifestaron su preocupación por el “alarmante retroceso” en los derechos LGTBI+ en la región.
Arcópoli es clara: la reestructuración del área de Igualdad es “una declaración política”. La explicación para esta deriva de recortes en derechos recae en las “corrientes ideológicas ultra conservadoras que buscan revertir avances en derechos sociales obtenidos en décadas recientes”, apunta Rosales. Algunos analistas sostienen que se trata de “estrategias políticas para satisfacer a sectores específicos del electorado que se oponen a las políticas de igualdad y diversidad”.
Sea cual sea el motivo, es innegable que “estas medidas han generado un clima de inseguridad y desprotección entre las personas LGTBI+ de la Comunidad de Madrid”. La asociación de Rosales exige que las autoridades reconsideren su posición: “No pedimos privilegios, solo igualdad. No exigimos favores, solo respeto”.
