Comisiones Obreras (CCOO) Madrid ha presentado este lunes su informe sobre violencia de género e igualdad de 2024, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en el que señala el recorte presupuestario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de cara a 2025. El estudio destaca que la partida económica destinada al programa 232B de “acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad” caerá de los 60,47 millones de este año a los 39,84 millones del que viene.
Tras un año en el que la violencia sexual contras las mujeres ha crecido en la Comunidad de Madrid, desde el sindicato no comprenden la motivación del recorte ni la dejadez que mantiene las diferentes estrategias públicas para combatir esta lacra caducadas, pese a que el Partito Popular (PP) disfruta de una mayoría absoluta. Tres mujeres han sido asesinadas, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 5,5%, las agresiones sexuales con penetración un 15,5% y el resto de delitos contra la libertad sexual un 2,2%.
“Lamentamos la falta de interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid para poner en marcha medidas eficaces para terminar con las violencias machistas”, valora la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López. La sindicalista destaca la caducidad, “y sin anuncio de renovación”, de las tres Estrategias en esta materia: contra la violencia de género, contra la trata de seres humanos y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. “Están reduciendo en los Presupuestos todas las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género”, señala.
Desde CCOO contraponen que frente a los 39,8 millones de euros presupuestados para luchar contra la violencia de género y promover la igualdad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó una inversión de 115,1 millones de euros para 2025 en ayudas por gestación, nacimiento, adopción y partos múltiples, incluidas en su Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. Así, el sindicato denuncia el escalafón de prioridades de la administración de Ayuso.
Los presupuestos reflejan la falta de interés del Gobierno regional
Es más, apuntan que mientras el presupuesto para Asuntos Taurinos se ha incrementado más de un 337% en los últimos años, el combate contra la violencia de género sufre un recorte. “Pone de manifiesto la falta de interés para llevar adelante políticas verdaderamente eficaces para terminar con esta situación tan lamentable”, lamenta López. Ejemplo de ello son los pisos tutelados disponibles para mujeres que se ven obligadas a huir de sus casas. Para 2025 se mantienen los seis pisos tutelados con un total de 39 plazas, cuando en 2022 se previeron ocho pisos y 55 plazas.
“La violencia contra las mujeres, en sus diversas formas, crece en nuestra región. No debemos olvidar que los asesinatos son, tan solo, la punta del iceberg”, trasladan desde CCOO, lamentando en las conclusiones de su informe que “los presupuestos reflejan la falta de interés del Gobierno Regional por desarrollar políticas eficaces contra las violencias machistas”. Para solventar esta situación, exigen una mayor dotación presupuestaria, y la ejecución del 100% de esta, y solventar la situación de caducidad que sufren en estos momentos estrategias claves en la materia.
Más allá, la organización sindical defiende que “para construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva debemos apostar por un modelo educativo basado en la coeducación y en la educación afectivo-sexual, que no sea suplida por la pornografía”. Para ello también es clave “combatir el sexismo en los medios de comunicación, con formación especializada a profesionales con perspectiva de género y que esos mismos medios elaboren códigos deontológicos que les autorregulen”, prosiguen.
Asimismo, CCOO Madrid exigen un programa integral de formación y sensibilización en el marco de la judicatura, demás operadores jurídicos y policiales; y demanda al Ejecutivo de Ayuso que garantice los derechos humanos de las mujeres. “Exigimos a la Comunidad de Madrid garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos, dado que en la actualidad la práctica totalidad de interrupciones se produce en centros privados”, concluyen su informe, dejando constancia de una realidad que cada día sufren más mujeres.
