Con la caída del escudo social en el Congreso ante el ‘no’ rotundo del Partido Popular y Junts, una de las medidas de calado que se suspendió fue la bonificación al transporte público, lo cual recaía directamente en los usuarios, pero también en la gestión de las comunidades autónomas. Como réplica, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que sus rebajas se mantendrían temporalmente, pero, con el nuevo decreto que incluye estas ayudas, ahora Isabel Díaz Ayuso le reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez la factura de compensación por los días sufragados de las arcas autonómicas, cifrada así en siete millones de euros.
De esta manera, el Ejecutivo de la Puerta del Sol solicitará a Moncloa hasta siete millones de euros en clave de compensación por los días que han sufragado el 30% de la asignación estatal a la bonificación del transporte público. Este periodo duró escasos días, ya que este martes el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto en el que se incluye esta inversión y que, próximamente, se espera que obtenga luz verde en el Congreso con el ‘sí’ confirmado tanto de Junts como del Partido Popular; ambos partidos votaron en contra del primer escudo social que tumbó dichas medidas, entre las que también figuraban la revalorización de las pensiones y las ayudas a los afectados por la DANA, entre otras.
Según reza el nuevo decreto del Gobierno de Sánchez, mediante “Orden Ministerial, se establecerán los requisitos y plazos que deben cumplir los solicitantes de la ayuda, así como las condiciones del sistema de compensación o devolución que los beneficiarios deberán establecer por los días en que la medida no hubiera sido efectiva en el caso de que los descuentos a los que hace referencia este apartado se hubieran implantado más tarde del 1 de enero o se hubiese producido una interrupción en su aplicación después del 22 de enero y hasta la entrada en vigor del Real Decreto”.
Así las cosas, y pese a la confirmación de Moncloa de cumplir esta garantía, desde el Gobierno de Ayuso, en primera instancia, se comprometió a asumir “de momento” la parte estatal de dichas bonificaciones. Este jueves, el portavoz Miguel Ángel García, reiteró entonces la intención nueva de Ayuso de reclamar esta cuantía, calculada en siete millones, al Ejecutivo de Sánchez: “Espero que sea automático porque el Real Decreto establece esa medida transitoria que permite que nos pueda hacer frente a esos pagos. Pero si no se lo hace de manera automática, lo pediremos. (…) Esas ayudas se han dado a todos los madrileños durante todos los días en los que el ministro de Fomento y el Gobierno central han abandonado a los españoles utilizando como escudos de su incompetencia a los pensionistas y a los usuarios del transporte”.
Reiterar que, del paquete completo que parte del Gobierno central, la Comunidad de Madrid recibe un montante de 220 millones de euros en materia de transportes; cifra dispar a la que perciben otras autonomías como Cataluña (93,3 millones), Andalucía (40,4) o Comunidad Valenciana (22,6), según dio cuenta el propio ministro Óscar Puente.
Fue en septiembre de 2022 cuando el Gobierno de Sánchez anunció estas ayudas al transporte público a través de las comunidades autónomas, con un 30% de la subvención, animando así a las administraciones territoriales a aplicar otras rebajas complementarias para reducir el coste global a los ciudadanos. Ya en 2023, se acometió la condición de que se mantendría la rebaja sólo si las autonomías complementasen su 20%. En el caso de Madrid, Ayuso redobló su apuesta y la aumentó al 30% su parte, por lo que el montante de esta región engloba un 60% de descuento.
El PP, de su ‘no’ rotundo al voto a favor en este nuevo decreto
Como bien es sabido, el primero pleno del Congreso de este 2025 se valió para una votación negativa para Moncloa al decaer el decreto ómnibus con la negativa del PP, Junts y Vox, y sobre las que se enmarcaban estas medidas de calado y de especial influjo para los ciudadanos de a pie. Un hecho que giró las tornas inesperadamente y provocó que, de un día para otro, las bonificaciones quedasen suspendidas.
Sin embargo, la suspensión duró escasamente unos días, ya que el Ejecutivo de Sánchez alcanzó un pacto con los de Carles Puigdemont para la inclusión de dichos descuentos, en el cual se constató el ‘sí’ de los neoconvergentes. Pero en lo que concierne a la postura esgrimida por Génova, el argumentario ha cambiado en cuestión de menos tiempo.
"Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a descuentos en el transporte. No a la mentira. No al chantaje. No a este Gobierno", dejaron en claro los populares. Pese a sus sendas críticas en clave de oposición, que pasan por decir que el nuevo decreto “acredita que el Gobierno mintió cuando dijo que no se podían trocear medidas” y señalando que están “al dictado del independentismo”, votarán en clave positiva. La dirección de Alberto Núñez Feijóo dijo a su vez que valoró qué cuestión suponía más rentabilidad a los españoles, o bien las ayudas directas o entregar la titularidad de un inmueble al PNV: “El palacete se olvida, pero las pensiones, no”, reiteraron.
