La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia es un asunto que, parece, siempre pesará sobre Isabel Díaz Ayuso. Los familiares no olvidan que la líder regional firmó los llamados protocolos de la vergüenza en contra de las voces críticas incluso de su propio Gobierno y que en última instancia la no derivación a hospitales provocó que personas que se podrían haber salvado no lo hicieran. Esto último dicho por expertos.

En los últimos días la líder regional, con ayuda del alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha perseguido dos lonas que cuelgan respectivamente de la Avenida de la Albufera -en Puente de Vallecas- y del parque de la Elipa -en el distrito de Moratalaz-. En ellas se aprecia un número, el 7291, el de las personas que murieron durante el Covid en la región madrileña, junto a una frase que responde a la que vertió la política popular en la Asamblea: “No. No iban a morir igual”.

Motivos insuficientes para la retirada de la lona

El PP ha presentado ante la Junta Electoral de Zona de Madrid un escrito solicitando la retirada de los carteles gigantes por un motivo que desde Más Madrid -autores de los mismos y que han recurrido la decisión- consideran que no tiene ningún sentido. Así las cosas, los conservadores asumen que las imágenes estarían vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de elecciones europeas, que se celebran el próximo mes de junio, hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En otro orden de cosas, la Policía Municipal acudió contra el desplegable situado en el distrito de Moratalaz el pasado 29 de abril, cuando los agentes cursaron boletín de denuncia defendiendo para ello que infringe la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior del Ayuntamiento al constar en él mensajes contrarios a la “dignidad de las personas y los valores constitucionales”. Los agentes de la autoridad pusieron además sobre la mesa una serie de artículos que, según el partido de izquierdas, no se refieren a nada de eso. Es más, la ordenanza en general regula las condiciones de las instalaciones y actividad de la publicidad exterior en la ciudad para preservar el paisaje urbano y actividad de la publicidad exterior en la ciudad para preservar el paisaje urbano y el medio ambiente, sin entrar en ningún caso en el contenido de esta, según explica Más Madrid.

Desde la formación de izquierdas denuncian que el gobierno autonómico y municipal intenta “callar la voz de la oposición” y “amordazar” este tipo de denuncias, pero no es el primer ejemplo en el que Ayuso intenta bloquear por todos los medios el acceso a un tema que desde que ocurriera no se le ha dejado de volver en contra.

Actas de residencias

Otro caso que tiene que ver con ese blindaje es el de las actas de residencias de mayores. Se contaban por cientos los escritos que durante los primeros meses de pandemia los agentes municipales desarrollaron y que contaban cómo estaba la situación en estos lugares. La presidenta madrileña acudió a los tribunales para que estas páginas no salieran a la luz, sin éxito, ya que tanto las fuerzas progresistas como los medios de comunicación terminaron por acceder a ellas.

El hecho recuperó un tema que, aunque es cierto que nunca ha estado cerrado, parecía haber pasado a un segundo plano bien por la actualidad del momento, bien por otras polémicas alrededor de la lideresa regional. Sin embargo, aquello sirvió para volver a poner pie en pared sobre los protocolos de la vergüenza y la polémica gestión de la responsable de Sol en temas muy concretos como la pugna que mantuvo con parte de su Ejecutivo respecto de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además de esas actas, ElPlural.com se hizo con otra que forman parte de unas pequeñas actas selectivas a las que, denuncia la oposición, es todavía más difícil acceder. En su caso, relataba que el gobierno regional recurrió a la Guardia Civil para trasladar a ancianos sin su consentimiento durante lo peor de la pandemia.

En el punto de mira judicial

El modus operandi respecto de las residencias de la Comunidad de Madrid ha llegado a los juzgados. De hecho, el próximo jueves siete familias prestarán declaración en el órgano judicial que investiga la muerte de varias personas en los centros de mayores Amavir y Adolfo Suárez de la capital -el juzgado de instrucción número 4 de la Plaza de Castilla- por el que han pasado ya varios antiguos cargos de la Comunidad de Madrid para dar su punto de vista , lo mismo que personal sanitario y las directoras de estas dos residencias.