Cinco: este es el número de inspecciones que la Comunidad de Madrid llevó a cabo durante la primera ola del coronavirus, entre marzo y mayo de 2020. Mientras la Policía Local a cargo del ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida realizó más de 300 registros en los centros de mayores, la autonomía liderada por Ayuso guarda bajo llave un número de informes propios que pueden contarse con los dedos de una mano. ElPlural.com ha accedido a una de estas actas de inspección, mucho más jugosa y vetada por los asesores y el equipo cercano de la baronesa popular.
El escrito en cuestión, que desvela en exclusiva este medio, está firmado el 17 de mayo de 2020 después de que un inspector de la consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid -entonces liderada por Alberto Reyero, uno de los más críticos con los conocidos como protocolos de la vergüenza- visitase la residencia Los Jardines de Navas, sita en la calle Sandro Pertini del municipio madrileño Navas del Rey.
En este documento el inspector hace una radiografía completa del trato a los internos que se dio en la residencia en cuestión. Un reflejo de las diferentes y opacas diligencias ejecutadas en Los Jardines de Navas que incluyeron, entre otras cuestiones, el traslado de cerca de una veintena de residentes a otros "centros residenciales" sin el consentimiento de los internos ni del director de la residencia. De hecho, el gerente de esta residencia, incrédulo ante esta situación, no dudó en acudir -junto a tres trabajadores- “al Cuartel de la Guardia Civil de Navalcarnero a denunciar los hechos”.
El polémico traslado
La gravedad de lo ocurrido, justificando de esta forma la denuncia interpuesta, radica en la total opacidad y utilización del mando único y de la Guardia Civil sin notificar motivo alguno a la residencia para el traslado de estos internos: “Los usuarios actuales (11) dieron resultado positivo en las pruebas PCR realizadas a todos los residentes el pasado día 7 de mayo. Otros 22 usuarios dieron negativos, siendo trasladados el día de ayer a otros centros residenciales”, exponen las líneas del acta de la Comunidad de Madrid. Y añaden: “Muestran informe de la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria, del Servicio Madrileño de Salud, de fecha 13 de mayo de 2020 recomendando la evacuación del centro de los residentes con resultado negativo en las pruebas COVID 19”.
El director se mostró categóricamente en contra, tal y como expresa la propia hoja de inspección: “Se adjunta copia del burofax de contestación del Director del centro mostrando su disconformidad con dicha medida”. Más allá de que el responsable del centro había sido avisado del traslado en días anteriores y que éste se demoró, eso no es lo más grave si se tiene en cuenta que a los internos se les sacó en contra de su voluntad y que la Consejería, directamente, rechazó cualquier petición que fuera contraria a su decisión.
De este modo lo refleja también el documento: “Acudieron al centro varios minibuses, de la Cruz Roja, así como efectivos de la Guardia Civil, para proceder al traslado. El director en principio se opuso al mismo, solicitando algún documento oficial sobre dicho traslado, así como información sobre el destino de los residentes. En cuanto a su primera petición se le remitió al Informe del Servicio Madrileño de Salud, y respecto a la segunda cuestión, afirma que no se le respondió (…) Los usuarios se encontraban aseados y desayunados, con su respectiva medicación, informe médico y equipaje preparado”.
Para más inri, el representante de la residencia supo de la llegada del último transporte -no conodía a dónde se dirigían los internos- por un usuario ubicado en el lugar de destino. El último partió a las 13:45 y llegó a las 18:00 a Móstoles, según le trasladó la persona allí ubicada, y durante aquellas horas los residentes no recibieron cuidados “más que hidratación”: “Tras la marcha del último transporte, tanto él como otros tres trabajadores acudieron al Cuartel de la Guardia Civil de Navalcarnero a denunciar los hechos”.
Fragmento del acta de la residencia 'Los jardines de Navas'. ElPlural.com.
Las cinco actas prohibidas de la Comunidad de Madrid
¿Por qué este cierre informativo? ¿Por qué acudir a los tribunales negando la verdad y la reparación a los familiares de los más de 9.000 ancianos internos en residencias que fallecieron en los primeros meses de la crisis sanitaria? ¿Por qué se produjo aquel ominoso traslado? Una larga lista de interrogantes que lamenta Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Es precisamente la socialista quien ha remitido la información a ElPlural.com después de una larga travesía desde que solicitase la información, a la que finalmente ha accedido por el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
“Nos cuesta muchísimo que nos den estas actas (…) Solo dejan ir a verlas, pero no hacer fotos”, sostiene en declaraciones a este periódico sin ocultar su temor y el de su partido -por qué no decirlo, también el de la oposición al completo y, sobre todo, de los damnificados por aquella situación- a que llegue un momento en el que sea literalmente imposible tener acceso a estas inspecciones.
La principal diferencia de este escrito respecto al resto de actas de las que ha ido informando ElPlural.com durante estas últimas dos semanas, primando de esta forma el derecho a la información a la prohibición impuesta por la Comunidad de Madrid, es que no se trata de un acta policial, si no de una propia realizada por los plenipotenciarios en la gestión del Ejecutivo regional.
Una miniserie de cinco actas prohibidas que narran capítulos de horror y dejan al descubierto cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “abandonó su labor de supervisión”, así como una presunta sucesión de “chapuzas” y un trato “inhumano” hacia los mayores, sus familiares y los profesionales sanitarios que lo atendían.
Morales, además, en declaraciones a este medio, arremete contra el traslado forzoso de residentes que ordenó el gobierno regional: “Me pregunto si los familiares sabían que los iban a trasladar y dónde iban, si ni siquiera lo conocía el director”, indica. Y concluye: “Si se hizo de este modo es porque el gobierno autonómico parece que consideró que estos internos no requerían de unas situaciones mínimas (…) Pero esas personas eran seres humanos, y no se les trató con la dignidad que merecían”.
