“No tienen certeza de positivos ya que no han hecho test (…) Los solicitan urgentemente”, “no han proporcionado test por lo que no se ha realizado ninguna prueba” o “no disponen de test, que son indispensables para saber positivos” son algunas de las frases que se repiten en las actas que la Policía Municipal emitió durante lo peor de la pandemia del coronavirus.

Pero más allá de la necesidad de test y las peticiones incansables del equipo de centros de mayores, llama la atención la tardanza con la que estos, los EPIS, las mascarillas y otros indispensables para poder desarrollar el trabajo sanitario y de atención a mayores de la forma más segura posible llegaron a las residencias: hasta 20 días después del estado de alarma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el 14 de marzo; y hasta casi un mes más tarde de las medidas preventivas que algunos centros tomaron -sobre el día 6 de ese mismo mes- ante la sensación de que algo grave estaba empezando a pasar.

“Solo hemos obtenido material donado”

La dilatación en el tiempo para que la Comunidad cediera material a las residencias fue una de las principales cuestiones que reclamaron, sin éxito, los centros de mayores. Así lo reflejan las actas a las que ha tenido acceso ElPlural.com.

Algunos ejemplos de este abandono regional aparecen en un documento del 31 de marzo de 2020 referido a la calle Mérida,27; en el que se expresa que falta “mucho equipo de protección (EPIS), ya que no se han proporcionado (andan justos)”, lo mismo que test. El 1 de abril el escenario se presentaba similar en la residencia Casablanca El Plantío, que denuncia llevar solicitando desde el día 9 de marzo “material a la Comunidad de Madrid”, entendiendo como tal gafas, gorros o batas. También en esa fecha, se necesitaban “sobre todo” EPIS, mascarillas con filtros FFP2 y FFP3, gafas antisalpicaduras, chubasqueros impermeables, guantes, concentradores de oxígeno para residentes.

En otro texto, del 2 de abril de 2020, referido a una residencia situada en la calle Luis de Hoyos Sainz, los profesionales “no tienen certeza de positivos ya que no han hecho test”, material que solicitan “urgentemente” con el objetivo de “controlar el contagio”. Pero en lo que respecta al material, la situación de desesperación por falta del mismo es un habitual en un buen número de actas, como la que se desprende el 3 de abril de la residencia San Pedro: “No disponen de test, que son indispensables para saber positivos”. Ese mismo día, la residencia Hermanas Angélicas proyecta la “situación de desamparo de las instituciones públicas” y que “lo único obtenido hasta el momento es material donado”. Además, “no han recibido recursos humanos de apoyo de ningún tipo”. Ya el 6 de abril, el asilo Hermanitas de los Pobres, entre otros, seguía pidiendo materiales.

Las actas muestran asimismo la necesidad de refuerzo de profesionales en el centro, mientras que en algunos casos todavía no habían pasado ni la Unidad Militar de Emergencia (UME), ni los bomberos; y evidencia, como ha ido revelando este medio a lo largo de los días, el cansancio físico y psicológico de los trabajadores, así como las consecuencias de la no derivación de ancianos a hospitales.

“¿Dejaría a un familiar suyo en una residencia de Madrid?”

Esta semana las residencias han vuelto a centrar la política madrileña. A las actas que acorralan a la líder regional se ha sumado el incendio del centro de mayores de Moncloa-Aravaca en el que fallecieron tres personas y que, se demostró horas después, no cumplía con las medidas de seguridad. Antes de todo esto, hace cosas de una semana, un centro de la tercera edad estaba a punto de recibir comida podrida por parte de la Plataforma Femar, con quien la Comunidad no ha rescindido el contrato de los centros de menores.

 Con todo esto sobre la mesa, la oposición al completo volvió a salir en tromba contra la responsable de Sol, siendo Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, una de las más duras en la sesión de control del pasado jueves. “¿Dejaría a un familiar suyo en una residencia de la CAM? ¿Le expondría a la falta de seguridad? ¿Volvería a dar la orden de no derivar a mayores?”. Ahora tiene que asumir las consecuencias. 7.221 personas que murieron sin esperanza, con dolor y en soledad. Lo excéntrico fue pensar que se podían descartar algunos seres humanos. No tiene corazón quien se digna a reunirse con las familias. Lo inhumano fue pensar que usted podía decidir quién moría y quién vivía”, emplazaba a la presidenta.