Cuando escribo estas líneas se prepara una importante manifestación en Mallorca provocada por los efectos del modelo turístico actual y la masificación que comporta, exigiendo la adopción de límites en el crecimiento turístico, también acaba de dimitir la consellera de vivienda del gobierno autonómico que preside el PP, mientras seguimos pendientes de cómo acabará el sainete de la ruptura entre la ultraderecha de Vox y el PP de Feijóo, que en Balears aún no ha tenido ningún efecto visible más allá de las palabras más o menos duras de unos y otros, muy cómodos en su pacto de legislatura, hasta la decisión de Abascal, y ahora despistados en sus consecuencias, rompen en el Parlament, se mantienen en el Consell de Mallorca, donde Vox ejerce competencias tan importantes como medio ambiente, siendo negacionistas del cambio climático, y clave en un escenario donde la sociedad civil se prepara para ocupar las calles pidiendo un cambio en este modelo de crecimiento.
Todo apunta a que esta manifestación, convocada en Palma para el domingo 21 de julio a las 19.00 horas, puede tener un éxito importante, ya que llega con unos antecedentes que han demostrado un cierto hartazgo de buena parte de la sociedad mallorquina con la masificación de playas, calas, carreteras y calles comerciales, que conducen en ocasiones a comportamientos incívicos que no hacen más que alimentar esa “ira social”, como la de los veraneantes que levantan las barreras que impiden la entrada de más vehículos en un parking ya atestado en una de esas idílicas calas de la costa norte de Mallorca.
Ha habido protestas efectistas de ocupación de calas o playas por parte de activistas residentes, con éxito dispar. Se han constituido plataformas, incluso se ha celebrado un Congreso de Turismo de la Sociedad Civil, convocado por entidades sociales y no a iniciativa del Govern. A finales de mayo una convocatoria realizada por una asociación local del municipio de Sencelles, en Mallorca, consiguió convocar a unas 10.000 personas en el centro de Palma. En Menorca y Eivissa ha habido convocatorias ciudadanas también con el mismo motivo. El caldo de cultivo para que se sigan produciendo este tipo de manifestaciones y protestas está ahí: se habla de una nueva temporada turística de récord, pero no sólo eso, hace pocos días el Colegio de Aparejadores confirmaba que la práctica totalidad de la construcción en Mallorca se dedica a la oferta de lujo, mientras los récords de precio por metro cuadrado de vivienda en España se dan en municipios de las Illes Balears.
Y ante todo ello, ¿qué hace el Govern de Marga Prohens, del PP? Lo último ha sido la dimisión de la consellera de vivienda, perfil polémico desde el primer día, proveniente del sector inmobiliario, agresiva en las formas, y sin ninguna medida de relevancia en un año, y todo ello con el principal asunto que genera inquietud social entre la ciudadanía de Balears, por los precios desbocados para la compra o alquiler de vivienda habitual. El Govern ha convocado un Pacto Político y Social para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, del que poco o nada se sabe aún, pero que no ha generado muchas esperanzas entre la sociedad balear. Al mismo tiempo que convocan el pacto aprueban un decreto que desde la oposición se ha llamado de “depredación urbanística”, entre otras cosas ha aprobado una amnistía urbanística (de esas amnistías que sí gustan al PP) que va a permitir legalizar toda construcción ilegal, beneficiando así a quienes han incumplido las normas urbanísticas y territoriales pensadas en muchos casos para proteger el territorio natural y rural de las islas, y lanzando un peligroso mensaje de impunidad en un momento en que la presión para seguir construyendo y urbanizando (priorizando el lujo, recordemos) es enorme.
Este es el contexto en el que se va a producir una inédita manifestación contra la masificación turística en Mallorca, una manifestación a favor de poner límites al turismo en pleno mes de julio, en una comunidad autónoma donde el turismo ha sido siempre un modelo de éxito económico, con sus luces y sombras. Ante las “sombras” se habían adoptado medidas, en tiempos del gobierno anterior, destinadas a impedir el crecimiento de plazas turísticas, también de la oferta de alquiler vacacional, limitando el número de cruceros que pueden atracar en el Puerto de Palma, entre otras, medidas que el PP en la oposición en su momento calificaba de “turismofóbicos”, es por eso que tiene tan poca credibilidad el gobierno de Marga Prohens, porque nunca apoyó los límites al crecimiento turístico y alentó a quienes se oponían a ellos.
El gobernante responsable debería estar atento al pulso de una sociedad que espera sus respuestas, en cambio en Balears nos encontramos con un Govern sumido en la crisis de su pacto con la ultraderecha, manteniendo una hoja de ruta que está recibiendo contestación de los sectores a los que afecta, como la educación, el mundo de la cultura, los ecologistas, o ciudadanos de a pie que ven como su calidad de vida empeora. El clamor de la sociedad balear frente a los efectos colaterales de un turismo en crecimiento constante debería convertirse en nuestro principal asunto de reflexión, si Balears fue capaz de ser un territorio pionero en el impulso de una economía basada en el turismo, y si éste modelo ha sido capaz de superar con éxito diversas crisis desde su aparición, también deberíamos aspirar a ser un territorio pionero y ejemplar en la adopción de medidas que hagan sostenible el modelo turístico, un modelo sostenible desde un punto de vista medioambiental pero también desde el punto de vista social y cultural, en este debate nos jugamos nuestro futuro como sociedad.
Cosme Bonet
Politólogo y exsenador por Mallorca del PSIB
