El gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido el caos y despilfarro en la sanidad pública acometido durante décadas y ejecutivos del PP, una historia de sobrecostes y contratos menores que mucho tiempo después se ha resuelto con la salida de un lote único (dos a lo sumo).
Un ejemplo muy claro de esta situación es la que viene años denunciando ElPlural.com y que tiene lugar en el hospital Gregorio Marañón, donde venían siendo habitual los contratos a dedo, la prórroga sistemática de acuerdos sin contrato para proyectos de electromedicina o el aumento de valor económico sin explicación aparente.
Este último hecho condujo a que el prestigioso centro madrileño desistiera de cerrar varios contratos que recaían en “infracciones no subsanables” que, en última instancia, provocaron incluso la destitución de su gerente. Una decisión que también llegó tras la publicación de las informaciones de este medio de comunicación, y es que, casualidad o no, como el actual cambio en la memoria de costes, se centraba en dicho hospital.
Este periódico ha tenido acceso tanto al informe justificativo como a la memoria de costes, las cuales evidencian que de manera continuada la Comunidad ha estado fraccionando contratos haciéndolos pasar por menores en materia sanitaria. Un modus operandi que la región habría llevado asimismo a cabo en otros ámbitos como el educativo, sector que le ha perseguido durante el verano.
Ambos documentos, incluidos en estas líneas, resuelven el paso de varios contratos a un único lote justificando que se realiza “para conseguir un mayor coste eficacia”, dar acceso “al mayor número de empresas para que puedan prestar ese servicio” manteniendo los principios de “mayor competencia y posibilidades de acceso” y favoreciendo que cada lote “tenga un volumen de trabajo suficiente que permita hacer un control y seguimiento eficaz de la prestación del servicio por las empresas adjudicatarias”.
Tanto el informe justificativo como la memoria apostillan que los objetivos estimados “se han considerado compatibles con el diseño de los lotes teniendo en cuenta, por una parte, la distribución geográfica, así como también el criterio seguido hasta el momento de que cada hospital y los centros dependientes del mismo que lo precisaran, conformaran un lote”.
Entre los lotes que aparecen en los pliegos se encuentran, precisamente, el relativo al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aunque también figura el nombre del Hospital General Universitario La Paz, igualmente uno de los que más polémicas ha sembrado en torno a la gestión sanitaria de la administración Sol.
Entre los expedientes a los que hacen mención los documentos a los que ha tenido acceso ElPlural.com aparecen el Expediente 348-15. Servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Expediente 329-15. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de respiración, anestesia y diálisis del Hospital General Universitario Gregorio Marañón o el Expediente 386-15. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de radiodiagnóstico, ecografía, microscopía electrónica y equipos de centros de especialidades del Hospital General Universitario Gregario Marañón. A todos ellos hizo alusión este medio de comunicación.
“Es más conveniente para los intereses del Servicio de Salud"
La justificación que desde la Consejería se da para esto, y que se puede consultar en los folios insertados en estas líneas es que “se ha considerado que resulta más conveniente para los intereses del SERMAS el licitarlo todo a través de un lote único para este centro porque al unificar los tres expedientes se intenta conseguir un ahorro de costes basado, fundamentalmente, en la reducción de la plantilla de personal y en economías de escala”.
El departamento que dirige Fátima Matute defiende que esta forma de proceder supone en la práctica un ahorro de más de cinco millones de euros, todo ello “sin pérdida de calidad, fiabilidad y seguridad en la prestación del servicio”.
“De igual modo, el diseño de todos los lotes ha procurado darle acceso al mayor número de empresas para que puedan prestar ese servicio, fomentándose de acuerdo con el imperativo legal, por un lado, una mayor competencia y posibilidades de acceso para todas ellas, y por otro lado diseñando el expediente de forma que cada lote tenga un volumen de trabajo suficiente que permita hacer un control y seguimiento eficaz de la prestación del servicio por las empresas adjudicatarias”, apuntala el texto.
Con el cambio, y al contrario de lo que había ocurrido hasta la fecha, sí que se “tiene en cuenta el principio de eficiencia que supone obtener un resultado al menos coste posible y que sugiere la utilización de las técnicas de racionalización de la contratación pública y de fomentar la concurrencia, para obtener economías de escala, y permitiendo al mismo tiempo garantizar la libre competencia, y valora el mayor número de ofertas posibles, así como, también conseguir unas mayores garantías de buena ejecución con unos requisitos de solvencia económica y financiera, así como, técnica y profesional que pueden cumplir un mayor número de empresas, estableciendo de esta manera una competencia real y efectiva y abriendo la posibilidad de licitar a las PYMES”.
Mayor competencia, disponibilidad de personal cualificado y más barato
Las líneas también aluden a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 99, que va en esta línea de la “participación de todas las empresas posibles, independientemente de su tamaño”, de que resulten adjudicatarias “a un mayor número de empresas”, de que crezcan las “probabilidades de resultar adjudicatarias a un mayor número de empresas” y de que “asegurar, y este es el objetivo principal, la correcta ejecución del contrato, disminuyendo los riesgos que puedan derivarse de resultar un único adjudicatario para todos los lotes, como se ha comprobado analizando los contratos vigentes con este objeto, en los que una sola empresa ha englobado, aproximadamente, el 84% del gasto de aquellos”.
La Comunidad contempla ahora que, al tratarse de un servicio que resulta ser “absolutamente vital”, es “fundamental” garantizar que la ejecución del contrato no dependa de una única compañía. “Por ello, se busca diversificar los proveedores de servicios críticos como éste, de forma que no se acabe siendo dependiente de una empresa (…) En definitiva, las empresas tendrán una mayor disponibilidad de recursos humanos cualificados y materiales al poder concentrarlos como máximo en dos lotes, lo que favorecerá una mayor especialización y un mejor servicio, sin generar situaciones de dependencia técnica”.
