La decisión adoptada por la Xunta de Galicia a través del Servizo Galego de Saúde, Sergas, con las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos sigue generando controversia.
A la vista de los colectivos y entidades que critican la licitación el pasado mes de la atención de esta práctica por un importe de casi 1,5 millones de euros, parece que no han convencido las explicaciones ofrecidas por la administración autonómica.
La conclusión para los que ponen en entredicho la gestión que la Xunta hace de esta materia es clara y pasa, a su juicio, por la “privatización del aborto” en la región fruto de un claro posicionamiento ideológico del Gobierno que preside Alfonso Rueda.
Esta acusación la ha hecho la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, para cuyos responsables es evidente el movimiento ya que hasta ahora el Sergas llevaba a cabo únicamente las derivaciones de las interrupción voluntarias del embarazo a clínicas privadas “de forma excepcional y basada en la urgencia vital”.
En una posición similar se sitúa CCOO, cuya delegación gallega presentó un escrito ante la Valedora do Pobo (Defesora del Pueblo) centrado en la externalización de estas interrupciones voluntarias del embarazo.
Ahora, según han anunciado hoy desde el sindicato, la Valedora ha admitido a trámite su solucitud. El efecto de esta decisión es que este organismo ha tramitado ya una petición a la Consellería de Sanidade para que le remita el “informe preceptivo” sobre este particular.
Recortes constantes
En palabras de la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, es “intolerable” que el Ejecutivo del Partido Popular trate de justificar la medida en una supuesta falta de recursos “tanto materiales como humanos” que, en todo caso y tal y como ha denunciado en repetidas ocasiones los defensores de la sanidad pública gallega, son fruto de los recortes constantes practicados desde hace años pro la Xunta.
Por este motivo, Comisiones le ha exigido al Gobierno gallego cambios en sus políticas con el objetivo de “garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en los hospitales públicos”.
En su escrito de respuesta, la Valedora do Pobo le da a la Consellería dirigida por Julio García Comesaña 15 días para envíe el informe sobre las garantías ofrecidas por la administración sanitaria “para hacer efectiva la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”, atendiendo a que lo que establece la ley correspondiente y que determina que este tipo de operaciones se efectuará “en centros de la red sanitaria pública o vinculados a ella”.
Tal y como ha explicado el sindicato, también exige en su petición que el el informe “se debe remitir considerando la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de este año”, según el cual la interrupción voluntaria del embarazo debe efectuarse “de la manera menos gravosa para la mujer, tratando de evitar desplazamientos [...] y de garantizar, en la medida de lo posible, que la mujer [...] no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados”.
Además de lo anterior, Comisiones ha recordado que la misma normativa obliga a que egte tipo de intervenciones se presten en centros públicos. La denuncia registrada por CCOO pone, precisamente, el énfasis en el reconocimiento expreso —en el pliego de condiciones en el que se licita la externalización del servicio— de la supuesta “imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar esas asistencia con los recursos humanos, materiales y de infraestrutura con los que cuenta en la actualidad”.
Como ha recordado esta afirmación va en contra de lo que establece la Ley 8/2008, de salud de Galicia. En ella se establece el derecho de las mujeres al aborto “en todos los supuestos contemplados por la normativa vixente de aplicación”.
Del mismo modo, la Ley orgánica 1/2023 de Salud Sexual y Reproductiva fija con determinación que este tipo de interrupciones se debe llevar a cabo en instalaciones de la “red sanitaria pública o vinculados e ella”; esta normativa otorga solo de forma excepcional el derecho a acudir a un centro privado.
