El Servicio Galego de Saúde, Sergas, ha sacado ya a licitación la atención de las interrupciones voluntarias del embarazo. En total, la partida económica es de alrededor de 1,4 millones de euros durante tres años, que pueden ser ampliados a un lustro.

El dato lo ha recordado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Galicia, entidad que ha subrayado que “el contrato con los centros privados supera los 2,5 millones de euros”, dinero con el que, según sus cálculos, se cubrirán anualmente 805 abortos.

Esta es la parte de las cifras, de los datos. Para la Plataforma, sin embargo, esta licitación va mucho más allá y supone, entre otras cosas, la “privatización” del aborto en la región.

En un contundente comunicado ha denunciado que el Gobierno que preside Alfonso Rueda “sigue avanzando en la privatización” del sistema público sanitario, ya que hasta ahora el Sergas, en este apartado, realizaba solo las derivaciones de las interrupción voluntarias del embarazo a clínicas privadas “de forma excepcional y basada en la urgencia vital”.

Las grandes perjudicadas para los defensores de la sanidad pública gallega son las mujeres, puesto que con lo que está a punto de concretarse con la citada licitación se lleva a cabo “una vulneración de un derecho fundamental” de este colectivo para abortar en la sanidad pública “como un servicio más dentro de la cartera” que ofrece el sistema.

Asimismo, con esta decisión de la Xunta, también se produce “una estigmatización de la mujer que quiera interrumpir su embarazo”, ya que a juicio de la Plataforma parece que “dejan de ser dignas para ser atendidas en la sanidad púlbica”.

Precisamente, a modo de conclusión, en su denuncia también sus portavoces han hablado de ideología al señalar que, una vez más, se pone de manifiesto lo que han denominado como “intrusión de la ideología conservadora del PP “ en materia sanitaria. En este sentido han recordado que ya Fraga se “opuso a la primera ley del aborto”, que Federico Trillo llevó la normativa de 2010 al Tribunal Constitucional “y perdió”, mientras que Alberto Ruíz Gallardón “quiso recortar significativamente la misma o Feijóo que no considera el aborto como un derecho fundamental de la mujer”.

Sobre este asunto también se ha pronunciado estos días el PSdeG. Lo ha hecho a través de su portavoz de Igualdad en el Parlamento autonómico, Noa Díaz, que ha exigido a la Consellería de Sanidade que “garantice que las mujeres gallegas puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más próximo”.

Una licitación "inadmisible"

Para ello, Díaz ha elevado una bateria de iniciativas parlamentarias en las que reclama al Ejecutivo de Rueda que garantice el cumplimiento pleno en la región de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y, por ende, de la interrupción voluntaria del embarazo.

En relación con el concurso puesto en marcha por la Consellería de Sanidade que dirige Julio García Comesaña, lo ha calificado como “de todo punto inadmisible”, echando por tierra además que lo amparen en el “derecho a ejercer la objeción de conciencia”.

Curiosamente, para la portavoz socialista esta justificación supone una contradicción total de la decisión con la intervención del propio conselleiro, que ya en enero de este año respondió a una interpelación del Grupo Socialista asegurando que “a objeción no es problema”. En la misma intervención García Comesaña, como ha recordado Noa Díaz, indicaba que Galicia “cuenta ya con los medios en las siete áreas sanitarias”, siempre “dentro del sistema público”.

Esta contradicción que ha denunciado la diputada autonómica socialista significa que la licitación del contrato que también ha puesto sobre la mesa la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública contradice la Ley 2/2010, modificada a principios de este 2023 para, precisamente, “garantizar que la red pública sea la de referencia y que las mujeres que decidan abortar puedan hacerlo en el centro público más próximo a su casa”.

Ante la situación que pueda crearse, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista ha instado a la Consellería de Sanidade a que haga público un informe anual en el que se incluyan los datos del registro digital de interrupciones voluntarias del embarazo del Sergas, así como de “los abortos practicados en clínicas privadas derivados de la pública, explicando además los motivos de la derivación”.