El Ministerio de Igualdad busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Lo ha hecho a través de una carta enviada a todas las comunidades autónomas para exigir que se garantice el acceso de las mujeres a este derecho en todos los territorios y centros sanitarios públicos.

Tres meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha dirigido a las autonomías para que desplieguen “urgentemente” las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo que se incluyeron en la reforma de la ley aprobada el pasado 16 de febrero en el Congreso y que entró en vigor el 1 de marzo.

El acceso al aborto seguro y legal, aparte de ser una cuestión en materia de derechos humanos y reconocida en el derecho internacional, también se incluye en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2023. “En el artículo 14, sobre interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, se eliminan los requisitos de que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y de que haya transcurrido un plazo de reflexión de tres días”.

La nueva reforma contempla la posibilidad de interrumpir su embarazo a partir de los 16 años “con independencia del lugar donde residan y en centros de la red sanitaria o vinculados a la misma”. La nueva ley también recoge que las menores de 16 y 17 años decidan sin autorización de padres y madres ejerciendo su derecho al aborto.

Registro de objetores sanitarios

De esta forma, Montero ha recordado que aplicar esta ley para garantizar los derechos de las mujeres es una “obligación” y que la ley “cuenta con diversas herramientas que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres”.

Con esta misiva, la ministra busca que las autonomías den los pasos necesarios para “garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos incluyendo si es necesario la contratación de nuevos profesionales sanitarios”.

Montero busca garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos

Para garantizar este derecho, la ministra ya anunciaba en verano del año pasado la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia con el objetivo de que esa objeción no obstaculice el derecho al aborto de las mujeres. Por ello, Montero destacaba que “siempre tendrá que haber personal disponible” y que el Gobierno exigirá a las regiones que identifiquen a los médicos que se nieguen a realizar la interrupción voluntaria del embarazo mediante este registro de objetores sanitarios.

“Lo que no puede ocurrir es que el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia impida el acceso a un derecho fundamental para que más de la mitad de la población, las mujeres, podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo”, decía la ministra.

El aborto en España, en cifras

A finales de 2022, el Ministerio de Sanidad emitía su último informe del año. El documento recogía que 12 provincias no notificaron ni un solo aborto durante el año 2021, lo que significa que las mujeres se vieron obligadas a desplazarse a otros territorios con objeto de garantizar este derecho. El 84,3% de las interrupciones fueron en centros privados acreditados con este servicio, una prestación financiada por la cartera de servicios de la sanidad pública y en la que la mayoría de las autonomías derivan.

El 84,3% de las interrupciones fueron en centros privados

 

Este último punto sucede desde la despenalización del aborto en 1985 y la necesidad de reestructurar los servicios del sistema público. Esta es la causa por la que las mujeres acuden a su centro de salud para poder acceder a este derecho y posteriormente, son derivadas a estas clínicas privadas. Las mujeres que acuden no pagan si son derivadas, al contrario de las que se presentan directamente, donde hay mujeres que sí pagan por este servicio, cuando existe la opción de garantizar este derecho por el sistema público.

No hay registros sobre la notificación de abortos en 12 provincias durante 2020 y 2021

Cataluña, Baleares y Cantabria son las comunidades autónomas donde más abortos asume la sanidad pública. Por el contrario, Andalucía, Aragón Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco y la Rioja, son los que menos. Las interrupciones se encuentran por debajo del 10% en centros públicos, según este informe del 2021.

No hay registros sobre la notificación de abortos en 12 provincias durante 2020 y 2021, según publica Newtral. Estas autonomías son Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Soria, Ávila, Segovia, Zamora y Cáceres.