La confesión de los dos delitos por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue en el eje de las dos causas en las que el comisionista tiene un papel protagónico: la primera, instruida en el juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, versa sobre su presunta comisión de hasta cuatro delitos -ante la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal-; la segunda, en la que el ejerce como demandante, busca conocer qué papel tuvo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración sobre los 350.000 que defraudó ante Hacienda.
En ambos casos, el fraude fiscal está acreditado. Máxime después de que el exabogado del empresario reconociese ante la Fiscalía estos delitos, buscando de esta forma alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público para evitar su entrada en prisión. Un acuerdo que, según lo declarado por el propio González Amador, su defensa, entonces capitaneada por Carlos Neira, realizó sin su consentimiento expreso.
Algo extraño, que iría radicalmente en contra de la ética de un abogado con su cliente, que fue examinado este mismo martes en el Tribunal Supremo cuando el propio Neira fue obligado a comparecer en calidad de testigo en la causa contra el fiscal general. El letrado, ante las preguntas de las partes, curiosas por entender cómo se produjo aquella confesión en forma de email remitido a la Fiscalía, explicó lo sucedido: no consultó los pormenores de aquel escrito, firmado “de común acuerdo” según su propia narración, pero tenía carta blanca por parte de González Amador para acabar con el caso de la forma “más rápida posible”: “Haz lo que veas”.
Una premura que no es inocente. Es precisamente la relación sentimental de Alberto González Amador con la baronesa autonómica Isabel Díaz Ayuso lo que provocó que Neira recibiese el encargo de solucionar el conflicto con Hacienda “con el menor ruido posible”, sin elevar la causa al eco público que ambos eran conscientes de que acabaría salpicando a la presidenta madrileña en su horizonte político. Así ha pasado.
Un “ciudadano particular” con jefe de Gabinete
Lejos quedó aquel tiempo, en las postrimerías de la instrucción contra González Amador, en el que el PP, con Isabel Díaz Ayuso como principal abanderada, hablaba de los presuntos delitos de su pareja como el caso de “un ciudadano particular”. Entonces, igual que pasase con su hermano, la presidenta regional trataba de aparcar el foco de lo que se dirimía en los tribunales de su presidencia, resguardándose bajo el eterno mensaje victimista de que existía una campaña orquestada desde el Palacio de La Moncloa contra ella y todas las personas que la rodeaban.
Ahora, conforme se van conociendo las pesquisas de los chanchullos de Alberto González Amador, queda más claro que la defensa del comisionista durante toda la instrucción ha girado en torno a los tiempos de Isabel Díaz Ayuso –“con el menor ruido posible”-, jugando con sus mismos asesores -Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete, no ha dudado en hacer de puente entre sus abogados y los medios de comunicación- y disparando contra los mismos objetivos -con hasta 17 demandas por derecho al honor dirigidas a miembros del Gobierno, políticos de izquierdas y tertulianos de corte progresista-.
Una estrategia, esta última, que recibió un revés definitivo este mismo martes cuando desde la sala civil de los juzgados de la plaza de la Villa París, donde radica el Tribunal Supremo, se desestimaba la denuncia interpuesta por la abogada Guadalupe Sánchez -quien, además de ejercer la defensa de González Amador, representa al rey Juan Carlos- contra la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Una sentencia que crea jurisprudencia y acaba con las opciones de victoria de González Amador contra todos aquellos que, según su valoración, vulneraron su derecho al honor al calificarle como “defraudador confeso”. Calificativo que, a ojos del Alto Tribunal, tiene “una base fáctica”, radicada precisamente en la admisión de los delitos que aceleró la voluntad de González Amador de no salpicar políticamente a su pareja, Isabel Díaz Ayuso.
