El escudo social del Gobierno agotará su primera fase este 1 de junio, lo que significa que ciertas medidas que forman parte del mismo dejarán de estar vigentes, mientras que otras solo tienen garantizada su continuidad hasta el final de este mes y otras se prolongarán todo el año.
Entre las medidas que concluyen este 1 de junio de 2026 se encuentran la reducción del IVA de la electricidad al 10%, la reducción del IVA del gas natural, el IVA reducido para pellets, briquetas y leña y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%. Estas medidas estaban condicionadas a la evolución de los precios energéticos y de la inflación, y al no haberse alcanzado los umbrales previstos por el Gobierno, se suprimen con la entrada del sexto mes del año.
En fase intermedia, es decir, que no pierden vigencia ahora pero que solamente tienen su continuidad asegurada hasta el 30 de junio, están el IVA reducido sobre la gasolina y el diésel, las rebajas en determinados impuestos sobre hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas, además de los impuestos a la producción eléctrica (IVPEE).
En tercer lugar, las medidas que continuarán vigentes durante todo lo que resta de año son el bono social eléctrico, con protección a consumidores vulnerables; los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para severos); el incremento de las ayudas del bono social térmico; la prohibición de cortar suministros básicos de energía a hogares vulnerables; las bonificaciones y ayudas al transporte público (títulos multiviaje y de servicios de autobús de titularidad estatal); y en cuanto a la materia de vivienda, la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables, las limitaciones y mecanismos de mediación para grandes tenedores y las medidas extraordinarias relacionadas con alquileres y vivienda social.
| Terminan el 1 de junio | Se extienden hasta el 30 de junio | Se extienden hasta el final de 2026 |
|---|---|---|
| IVA reducido de la electricidad | Ayuda a los carburantes | Bono social eléctrico |
| IVA reducido del gas | Suspensión del IVPEE (7%) | Bono social térmico |
| IVA reducido de pellets, briquetas y leña | Prohibición de cortes eléctricos a hogares vulnerables | |
| Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% | Medidas antidesahucios y protección de vivienda | |
| Descuentos al transporte público |
Segunda fase con todo en el aire
El nuevo escenario que afronta ahora el Gobierno tiene su primer horizonte en el mes de julio, cuando empieza a dejar de estar garantizada la continuidad de las medidas en fase intermedia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya deslizó a mediados de mayo que Moncloa dispone de margen de actuación para intervenir en caso de que la incertidumbre persista. Asimismo, anunciaba que mantendrá el contacto con los agentes sociales para evaluar la evolución de la situación y, por tanto, deja la puerta abierta a la extensión de las medidas. En cualquier caso, la prioridad en el Ejecutivo pasa ahora por combinar dos objetivos: reducir el coste fiscal de las ayudas que ya no se consideran imprescindibles y mantener la protección en ámbitos donde la tensión de los precios siga empujando.
El calendario es clave. A partir de este 1 de junio comienza la desescalada fiscal con la desaparición de las rebajas en luz y gas, mientras que el 30 de junio se sitúa como fecha límite para los carburantes. A partir de ahora, los movimientos del Gobierno serán cruciales, habida cuenta de que la inflación se ha moderado, pero todavía se mantiene en el 3,2%. Es decir, por encima de los 2 puntos marcados como objetivo. Además, la percepción en un nutrido grupo de hogares sigue marcada por el encarecimiento acumulado de los últimos años y disparado por la fragilidad del terreno de juego internacional. Momento que, además, podrá aprovechar la oposición para blandir esa retirada de incentivos como espada para atacar al Ejecutivo y acusarle de dejar sin escudo social a las familias en un contexto de elevado coste de la vida.
El punto de fricción no se situará sólo en si la inflación baja, sube o se modera, sino en qué parte del escudo social debe mantenerse y durante cuánto tiempo. La mejora inflacionaria concede al Gobierno cierto oxígeno para justificar la retirada parcial, aunque la tensión en el mercado de carburantes y la incertidumbre geopolítica complican cualquier relato de normalidad, entrando así en una fase delicada. He aquí donde Moncloa deberá presentar la desactivación de las medidas como una desescalada selectiva y no como el final del blindaje social.
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