“Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda”, ha asegurado esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras conocer este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la amnistía y concluye que la ley respeta el derecho europeo. De esta manera, Puente ha propuesto al expresidente de la Generalitat de ataluña Carles Puigdemont, que regrese a España pese a la negativa del Tribunal Supremo (TS) de levantar la orden de detención que pesa sobre el líder de Junts aunque ello conlleve su entrada en prisión. La respuesta por parte de los posconvergentes no se ha hecho esperar. La ha dado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, quien ha criticado la sugerencia de desafiar al alto tribunal pese a las consecuencias que ello pueda conllevar. “Cuánta miseria y frivolidad”, ha afirmado Turull en un mensaje en la red social X.
De esta manera, los posconvergentes han mostrado su rechazo a las palabras pronunciadas por Puente en una entrevista en RNE, en la que ha señalado que le parece “tremendamente complicado de entender que la justicia española en primer lugar intente incumplir una ley” como ha sucedido con la amnistía desde su aprobación el 30 de mayo de 2024. Asimismo, ha apuntado que le parece incomprensible que “plantee un conflicto ante la Unión Europea porque esa ley supuestamente vulnera el derecho europeo y que cuando el tribunal que tiene que resolver sobre esta cuestión se pronuncia y dice que no afecta al derecho europeo todavía se sostenga que esa ley no se va a aplicar con carácter inmediato”.
Por este motivo, Puente ha instado a Puigdemont a mover ficha primero e irse de Bélgica nueve años después de que huyera a la ciudad de Waterloo para volver a Cataluña, a pesar de que el Gobierno tuviese la obligación de detenerlo por la orden judicial del magistrado del Supremo Pablo Llarena. “No sé lo que va a hacer. Creo que lo tiene a huevo Yo me plantaba hoy en España y que me detengan”, ha declarado.
Además, Puente ha opinado que el hecho de que Puigdemont regresase pese a la negativa del Supremo de aplicarle la ley de amnistía sería “un gesto de liderazgo político” por parte del máximo dirigente de Junts. El titular de la cartera de Transportes cree que el expresidente de la Generalitat debería dar este paso porque considera que “hay cosas que son insostenibles” y a las que “hay que plantar cara de una vez”.
En concreto, la corte de Luxemburgo se pronunció este jueves respecto a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional respecto a la aplicación de la amnistía en el delito de malversación de fondos y el de terrorismo, respectivamente, relacionados con el procés. La resolución del TJUE fue clara: la norma no choca en ningún caso con los intereses financieros de la UE ni supone el incumplimiento de la directiva europeo en materia de terrorismo. Por lo tanto, la ley es conforme al derecho europeo.
Es la causa de la malversación la que afecta a Puigdemont y otros altos cargos del procés, la cual, como indica el fallo del TJUE, es amnistiable. Sin embargo, el Supremo, el órgano encargado de retirar la orden de detención que pesa sobre el presidente de Junts y la inhabilitación impuesta a varios líderes independentistas, realizó una interpretación de la ley según la cual esta no podía hacerse efectiva en los casos en los que hubiera “enriquecimiento personal”, como considera que ocurre con Puigdemont y otros nombres como el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, de momento inhabilitado para ejercer cualquier función pública hasta 2031.
En este contexto, el Supremo considera que la sentencia del TJUE no le compete y no pretende hacer ningún movimiento respecto a Puigdemont y el resto de personas a las que no aplica la amnistía por el enriquecimiento personal hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva los siete recursos de amparo que ha admitido a trámite procedentes de, entre otros, Puigdemont, Junqueras y Turull. Se espera que la respuesta del Constitucional se conozca este otoño ahora que la justicia europea ya ha fijado un criterio sobre la aplicación de la ley para la malversación.
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