El escudo social del Gobierno contiene el golpe económico de la guerra, pero abre un nuevo frente en junio

España vivía pendiente del dato de inflación que este pasado jueves publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su resultado condicionaría el escudo social que el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó para amortiguar el impacto de la guerra ilegal en Irán sobre la economía patria. Algunas de las medidas tienen en junio su fecha de caducidad – ya sea el 1 o el 30 del sexto mes del año -, lo que abre un nuevo frente para el Ejecutivo. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba esta misma semana su predisposición a extender las iniciativas, aunque ello dependería del dato inflacionario de abril, que ha confirmado la relativa eficacia del decreto al moderar dos décimas el IPC (3,2% interanual  y 2,8% la subyacente). Ahora, Moncloa se enfrenta a un nuevo escenario de desescalada.

La bajada de la electricidad y del gas natural ha sido determinante para la contención del índice. No ocurre así con los carburantes, que siguen empujando al alza por la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo. Dicho escenario motiva al Ejecutivo para preparar una retirada parcial de algunas de los incentivos fiscales del escudo anticrisis para el 1 de junio. El plan pasa por una desescalada de parte del Plan de Respuesta vinculado especialmente a la luz y al gas, toda vez se ha constatado el abaratamiento de ambos suministros. Desde Economía, eso sí, precisan que otras ayudas se mantendrán vivas al considerarlas aún necesarias por el delicado estado del tablero geopolítico.

La consecuencia de la moderación del IPC se dejará notar en las rebajas fiscales en términos de electricidad y gas natural. La lectura que extraen desde el Ministerio de Economía es que ambas parcelas caen un 4,3% y un 9,6% respectivamente en comparación al mes de abril de 2025. Datos que, según fuentes ministeriales, confirman la capacidad del sistema energético español para “absorber shocks externos” vinculada a la apuesta firme por la transición verde y la “soberanía energética”.

Desescalada fiscal

El contrapunto lo ponen los carburantes, que siguen empujando al alza por la persistencia del impacto en los mercados internacionales por la guerra. Así, en tal contexto, afirman que el Plan de Respuesta está cumpliendo con su espíritu, que no era sino amortiguar el golpe bélico sobre la inflación y el poder adquisitivo de los pequeños consumidores. Y es que, según apuntan, el dato inflacionario de abril, de no existir el escudo social, se hubiera disparado al 28,9% en el apartado de los carburantes. Dicho de otro modo, las iniciativas fiscales del Ejecutivo han moderado la cifra en más de 16 puntos porcentuales. Así las cosas, las medidas fiscales sobre los carburantes permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

Antes de la llegada del verano, sin embargo, se prevé la supresión de las medidas del Plan de Respuesta con respecto a la luz y el gas natural. La caída de precios en sendas parcelas permite – según apuntan desde el Ejecutivo – iniciar su desactivación. En esta carpeta se encuentran las iniciativas sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña. Todas ellas caerán a partir del 1 de junio. No obstante, prevalecerán las tocantes al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica hasta el final de mes.

Continuarán en vigor, sin embargo, el resto de medidas sectoriales, como ayudas a agricultores y transportistas, así como descuentos reforzados del bono social eléctrico, que ahora mismo se sitúa en un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos. Dicho lo cual, desde Economía trasladan que continuarán monitorizando la evolución de los precios, máxime en un contexto de máxima incertidumbre geopolítica, pero concluyen que España está más preparada que nunca ante “shocks” como la guerra en Irán desde el punto de vista económico, fiscal y energético.

¿Y a partir de junio?

El nuevo escenario que afronta ahora el Gobierno sitúa en julio su horizonte. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya deslizó este pasado jueves que Moncloa dispone de margen de actuación para intervenir en caso de que la incertidumbre persista. Asimismo, anunciaba que mantendrá el contacto con los agentes sociales para evaluar la evolución de los precios y, por tanto, deja la puerta abierta a la extensión de las medidas. En cualquier caso, la prioridad en el Ejecutivo pasa ahora por combinar dos objetivos: reducir el coste fiscal de las ayudas que ya no se consideran imprescindibles y mantener la protección en ámbitos donde la tensión de los precios sigue empujando.

El calendario es clave. A partir del 1 de junio comenzará la desescalada fiscal con las rebajas en luz y gas, mientras que el 30 de junio se sitúa como fecha límite para los carburantes. Antes de esa frontera, el Gobierno deberá tomar la temperatura al campo inflacionario para decidir, antes de la llegada del verano y de que el Congreso cuelgue el cartel de ‘vacaciones’, si prorroga o no parte del escudo social o, en su defecto, si avanza hacia una retirada más amplia por la moderación de los precios.

Los movimientos del Gobierno serán cruciales, habida cuenta de que la inflación se ha moderado, pero todavía se mantiene en el 3,2%. Es decir, por encima de los 2 puntos marcados como objetivo. Además, la percepción en un nutrido grupo de hogares sigue marcada por el encarecimiento acumulado de los últimos años y disparado por la fragilidad del terreno de juego internacional. Momento que aprovechará la oposición para blandir esa retirada de incentivos como espada para atacar al Ejecutivo y acusarle de dejar sin escudo social a las familias en un contexto de elevado coste de la vida.

El punto de fricción no se situará sólo en si la inflación baja, sube o se modera, sino en qué parte del escudo social debe mantenerse y durante cuánto tiempo. La mejora inflacionaria concede al Gobierno cierto oxígeno para justificar la retirada parcial, aunque la tensión en el mercado de carburantes y la incertidumbre geopolítica complican cualquier relato de normalidad, entrando así en una fase delicada. He aquí donde Moncloa deberá presentar la desactivación de las medidas como una desescalada selectiva y no como el final del blindaje social.