Sumar presume de haber forzado al Gobierno de “ampliar el escudo social” y califica el acuerdo alcanzado con el PSOE de “más ambicioso y más justo”. El partido magenta ha ocupado los titulares antes de la comparecencia de Pedro Sánchez y retrasado el consejo de ministros.
En rueda de prensa, el líder del Ejecutivo ha explicado los dos decretos leyes que han salido de la reunión, con 80 medidas que incluyen un “escudo social”, en el que habrá una “reducción drástica de la fiscalidad energética” para que Moncloa de “nuevas capacidades de supervisión y de sanción” a la CNMC.
La formación de Yolanda Díaz celebra que el acuerdo haya servido para una “prórroga de los alquileres” y “control de los márgenes empresariales”. Así, esgrimen que el primero de los decretos “contiene las medidas económicas esenciales, la prohibición del despido y el control de márgenes empresariales, para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis”. “El Gobierno vigilará y sancionará a quienes quieran hacer caja con la vida de la gente y los recursos esenciales”, definen.
Mientras tanto, el segundo decreto “ es íntegramente de vivienda”. “En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes”, secundan.
"Ir más lejos cuando el momento lo exige"
Los de Díaz apuntan que “están en el Gobierno para esto”, para “ir más lejos cuando el momento lo exige”, “para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre” y “para proteger a toda la gente trabajadora”. “Para que la política sirva a las mayorías, no a los mercados”, aseveran, apuntalando que “hoy hemos dado un paso más en esa dirección”.
En materia de energía, el Gobierno de España plantea una “reducción del IVA del 10% de los combustibles, la energía y el gas”; y “medidas de impulso de la transición ecológica como ayudas al coche electrónico, bombas de calor, autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética de edificios o impulso de zonas de aceleración de energías renovables”.
En lo que respecta a la proyección laboral y sectores productivos, el Ejecutivo ha anunciado la “prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas asociadas al RDL”, la “entrada en vigor del deber de negociar y elaborar, por parte de las empresas y administraciones públicas de los planes de movilidad sostenible al trabajo”. Igualmente, “amplía la obligación a empresas inicialmente no obligada pero sean beneficiarias de ayudas del RDL”.
También el “apoyo a sectores electrointensivos”, las “ayudas de 0,20 euros por litro para carburantes para profesionales”, “ayudas directas al pesquero para compensar costes” o para el sector agrario. De igual manera, la “reducción del canon de almacenamiento subterráneo de gas y flexibilización de contrato de suministro”, entre otros.
Uno de los puntos grueso, el que respecta a Vivienda, contempla un “régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública”.
Sumar aplaude “haber conseguido” estas “medidas adicionales”. El “refuerzo de la supervisión de márgenes a través de la CNMC y habilitación del Consejo de Ministros para establecer límites a los mismos” y la “prórroga extraordinaria y automática de los contratos de alquiler de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027 de un máximo de dos años”.
El Consejo de Ministros ha atajado su visible crisis de Gobierno de este viernes a la reunión por la no inclusión de medidas de vivienda, con dos textos alternativos, dos decretos que entrarán en vigor este mismo sábado, pero deberán enfrentarse a la aritmética parlamentaria de forma individual.
Una vez calmados los ánimos, y tras un Consejo de Ministros que ha durado cerca de 55 minutos, ha sido el propio responsable del Ejecutivo el encargado de comparecer para dar cuentas de lo ocurrido. El presidente se ha mostrado satisfecho con el decreto aprobado y ha explicado que el texto principal consta de 80 medidas concretas dotadas de 5.000 millones de euros. "Cuando el plan entre en vigor este sábado, España se convertirá en el país con el mayor escudo económico y social de toda la Unión Europea (UE) en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos".
