La guerra de Donald Trump contra Irán empieza a mostrar una dinámica conocida en Washington: conflictos presentados como operaciones de fuerza, de duración limitada y objetivos claros que terminan convertidos en una factura creciente para el Estado, la economía y la política interior. Tal y como apunta el Financial Times, el Pentágono elevó este martes a 29.000 millones de dólares su estimación del coste de la guerra, 4.000 millones más que hace apenas dos semanas, en un momento en el que el presidente estadounidense amenaza con reanudar los bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo.
El nuevo cálculo fue trasladado al Congreso por Jay Hurst, interventor interino del Departamento de Defensa, durante una audiencia marcada por la presión de los legisladores para conocer el alcance real del conflicto. Según explicó, la cifra incluye los costes actualizados de reparación y reemplazo de equipos, además de los gastos operativos necesarios para mantener a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. “Creemos que la cifra se acerca más a los 29.000 millones de dólares”, admitió ante unos congresistas cada vez más inquietos por una guerra que se encarece a gran velocidad.
La revelación llega en pleno viaje de Trump a Pekín, donde tiene previsto abordar la crisis con el presidente chino, Xi Jinping. La Casa Blanca busca que China utilice su influencia sobre Teherán, pero el discurso del presidente estadounidense sigue oscilando entre la negociación y la amenaza. “Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos pacíficamente o de cualquier otra manera”, afirmó Trump, apenas un día después de reconocer que el alto el fuego estaba en “soporte vital”.
El fantasma de Vietnam, Irak y Afganistán
El aumento del coste de la guerra contra Irán ha despertado una preocupación que va más allá de las cifras inmediatas. En Washington, la memoria de Vietnam, Irak y Afganistán sigue muy presente: guerras que comenzaron con promesas de rapidez, control o necesidad estratégica, pero que acabaron generando costes humanos, económicos y políticos muy superiores a los previstos. La historia reciente de Estados Unidos está marcada por intervenciones militares que, una vez iniciadas, resultaron mucho más difíciles de cerrar que de justificar.
El precedente de Vietnam continúa siendo el gran trauma de la política exterior estadounidense. Lo que se presentó durante años como una batalla decisiva contra la expansión comunista terminó convertido en una guerra larga, impopular y profundamente divisiva dentro de Estados Unidos. Su coste no fue solo presupuestario: también abrió una brecha social y política que marcó a varias generaciones y dejó instalada una desconfianza duradera hacia las explicaciones oficiales sobre los conflictos en el exterior.
Décadas después, la invasión de Irak volvió a reproducir parte de ese patrón. La operación fue defendida por la Administración de George W. Bush como una intervención necesaria y rápida, pero derivó en una ocupación prolongada, una insurgencia sangrienta y una factura económica gigantesca. La promesa de una guerra breve chocó con la complejidad de reconstruir un país, sostener tropas sobre el terreno y contener las consecuencias regionales de la intervención.
También Afganistán pesa sobre cualquier debate militar en Washington. La guerra iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en el conflicto más largo de la historia de Estados Unidos. Durante dos décadas, sucesivas administraciones prometieron avances, transiciones y salidas ordenadas, pero el coste fue aumentando mientras el objetivo político se volvía cada vez menos claro. La retirada final dejó una lección incómoda: incluso la mayor potencia militar del mundo puede quedar atrapada en guerras que no sabe cómo terminar.
La guerra contra Irán aún no está en esa escala, pero sí empieza a activar las mismas alarmas. La cifra de 29.000 millones de dólares no es comparable todavía con los costes acumulados de Vietnam, Irak o Afganistán, pero apunta a una tendencia peligrosa: cada semana de conflicto suma nuevas necesidades logísticas, más gasto en combustible, más desgaste de material, más presión sobre los arsenales y una dependencia creciente de partidas presupuestarias extraordinarias. Lo que se presenta como una campaña de presión puede acabar convertido en un pozo de gasto si no existe una salida política clara.
Una guerra fuera del presupuesto
El problema para la Casa Blanca es que la guerra contra Irán no estaba contemplada en la solicitud presupuestaria récord del Pentágono para el año fiscal 2027, cifrada en 1,5 billones de dólares. Esa cantidad ya suponía un fuerte incremento respecto al gasto aprobado este año, pero ni siquiera incluye el coste real del conflicto abierto con Teherán. En la práctica, el Gobierno se enfrenta a una contradicción difícil de explicar: pide un presupuesto militar histórico y, aun así, necesita dinero adicional para sostener una guerra que se ha disparado antes de consolidar una salida diplomática.
Durante las audiencias en el Capitolio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recibió críticas por no aclarar cómo piensa financiar la Administración nuevas operaciones militares. El republicano Ken Calvert, presidente de un comité clave sobre gasto en defensa, reclamó que el Ejecutivo presente cuanto antes una solicitud presupuestaria suplementaria. Su intervención reflejó una inquietud creciente incluso dentro del propio Partido Republicano: la guerra puede ser defendida en términos de seguridad, pero debe pagarse con recursos concretos y ante un electorado cada vez más sensible al coste de la vida.
Las dudas no se limitan al dinero. Funcionarios estadounidenses han reconocido en privado que el Ejército ha consumido “años” de reservas críticas de municiones durante las semanas de ataques aéreos y bombardeos sobre Irán. Hegseth evitó ofrecer detalles públicos sobre el estado del arsenal y acusó a los críticos de exagerar el problema. “Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos de sobra lo que necesitamos”, sostuvo ante la Cámara de Representantes, aunque después añadió que no estaba dispuesto a hablar del agotamiento de municiones “en un foro público”.
Esa tensión entre el discurso oficial de fortaleza y las señales de desgaste militar alimenta las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para sostener el conflicto si el alto el fuego fracasa. Una guerra aérea prolongada exige no solo aviones, bases y tecnología, sino también reposición constante de armamento, mantenimiento de equipos y rotaciones de personal. Cada bombardeo tiene un coste inmediato y otro diferido, porque obliga a reconstruir inventarios y a preparar a las fuerzas para nuevos escenarios de escalada.
La inflación como enemigo interno
El impacto económico tampoco se queda dentro del Pentágono. Los últimos datos oficiales muestran que la inflación ha alcanzado su nivel más alto en tres años, empujada por el fuerte aumento de los precios del combustible. La guerra ha tensionado los mercados energéticos y ha encarecido las propias operaciones militares estadounidenses. Según explicó la congresista demócrata Betty McCollum, el precio estándar del combustible para el Ejército ha pasado de 154 a 195 dólares por barril, un salto que convierte cada despliegue en una operación más cara.
Para Trump, el riesgo es doble. La guerra aumenta el gasto público y, al mismo tiempo, golpea el bolsillo de los ciudadanos. El encarecimiento del combustible afecta al transporte, a la producción y al consumo, y erosiona el relato económico del presidente en un año electoral. Una encuesta del Financial Times reflejó la semana pasada que más de la mitad de los votantes desaprueban su gestión de la economía, un dato especialmente incómodo para una Casa Blanca que intenta proyectar autoridad en el exterior mientras pierde apoyo en el frente interno.
El cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha agravado la presión internacional. Por ese corredor transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, de modo que cualquier restricción en la zona tiene efectos inmediatos sobre los precios globales. Teherán cerró en gran medida el paso después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, y los esfuerzos diplomáticos de Washington no han logrado hasta ahora reabrirlo con normalidad.
Ahí entra en juego China. Pekín compra un porcentaje muy elevado del petróleo iraní y conserva una influencia que Washington necesita, aunque no controle. El propio Hegseth reconoció durante las audiencias que China tiene “mucha influencia” sobre Teherán. El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más firmes de Trump, pidió al presidente que adopte una posición dura ante Xi y le recordó que China apoya a Rusia e Irán.
La paradoja para Trump es evidente. Necesita a Xi Jinping para presionar a Teherán, pero al mismo tiempo no puede aparecer como un presidente dependiente de Pekín para resolver una guerra que él mismo ha elevado al centro de su política exterior. Mientras tanto, cada día de bloqueo en Ormuz, cada incremento del combustible y cada nueva partida militar refuerzan la idea de que el conflicto está entrando en una fase más costosa y menos controlable.
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