Una nueva paralización, la segunda en los últimos días, de otro parque eólico vuelve a poner en tela de juicio el criterio de la Xunta de Galicia a la hora de conceder autorizaciones para este tipo de proyectos.

En esta ocasión, además, en la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se tiene en cuenta en el hecho más que llamativo de la posible incidencia de esta infraestructura en la fiesta de A Rapa das Bestas de Sabucedo, Pontevedra, considerada de Interés Turístico Internacional desde 2007.

La solicitud de paralización cautelar la realizaron de manera conjunta la Asociación para A Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, la Asociación Rapa das Bestas, Alarma Terra de Montes y la comunidad de montes vecinales de Quireza. Estas entidades trasladaron la petición relativa a este proyecto que afectaría a los concellos pontevedreses de Cerdedo, A Estrada y Campo Lameiro porque, según argumentaron “parte de sus infraestructuras se localizarían en el trayecto de la bajada de los caballos salvajes hacia Sabucedo”.

Una vez más, la decisión del Alto tribunal gallego se adopta a pesar de que el proyecto disponía de la autorización administrativa y de construcción otorgada por la Xunta de Galicia.

Entre otras cuestiones, el TSXG se sirve, como en otras ocasiones, en su razonamiento del apartado medioambiental, al indicar que la actividad para la que se concede el permiso "ocasionará una afectación ecosistémica" debido a la "ingente serie de obras que inciden directamente en el espacio natural".

A esto se suman las posibles repercusiones en especies de fauna y flora e, incluso, en elementos del patrimonio etnográfico y cultural, en referencia a la fiesta de A Rapa das Bestas (en pleno proceso para su declaración como Bien de Interés Cultural) y a la posible afectación negativa sobre una de las “mayores concentraciones de arte rupestre al aire libre de Europa”, según ha explicado Adega.

Curiosamente, esta paralización unida a la decidida por el mismo Tribunal hace unos días, choca con la “defensa” -así la han calificado desde la propia Xunta- que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha hecho de sus políticas en materia de energía e industria compatibles con la “protección del medio ambiente”.

Estas afirmaciones la ha realizado en Europa, ante la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

Eólica... y la macrocelulosa de Altri

El tema eólico ha sido abordado en el encuentro en el que Rueda se ha referido a la “actual situación judicial de proyectos eólicos”.

Cabe recordar que, en la actualidad, tras petición de la Xunta, se está a la espera de lo que establezca el Tribunal de Justiza de la Unión Europea en relación con la cuestión prejudicial y determinar si la tramitación de los proyectos paralizados fue correcta, como defiende el Gobierno autonómico.

Sin embargo, mientras esto sucede, la Xunta sigue recibiendo malas noticias en esta materia, como el último relativo al parque de Sabucedo.

Por lo que respecta a proyectos industriales, Alfonso Rueda ha llegado a transmitir a Ribera la “absoluta rigorosidad” de la que hacen gala desde su Ejecutivo a la hora de “tramitar las evaluaciones de impacto ambiental”, teniendo en cuenta “toda la normativa que hay que cumplir”. Evidentemente, detrás de esta afirmación está la controvertida macrocelulosa que la multinacional Altri quiere levantar en el municipio lucense de Palas de Rei y que tiene una enorme oposición social en contra.

Esto lo ha recordado la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que ha acusado a Rueda de ir a Bruselas solo para “defender los intereses de las eléctricas y de Altri".

El presidente de la Xunta, en palabras de la líder del BNG, ha viajado a la capital comunitaria a justificar que “una empresa portuguesa pueda recibir 250 millones de euros públicos para contaminar nuestro medio rural y para poner en riesgo 8.000 empleos, tanto en la tierra como en le mar".

Para Pontón este es un “ejemplo más de su deslealtad con Galicia", asegurando que ha ido a Bruselas en calidad de “comercial de Altri" y defendiendo los intereses de las eléctricas que “es para las que trabaja".