La planta que Ence tiene en plena ría de Pontevedra vivirá un nuevo capítulo en la batalla judicial que mantiene la compañía con el Ayuntamiento de la capital y distintas asociaciones ecologistas y colectivos vecinales. Para ello, el Tribunal Constitucional anunció ayer la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el Gobierno local pontevedrés contra el proceso de prórroga concedido por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, hecho que, entre otras cosas, provocó que el concello pontevedrés lo declarara persona non grata.

En febrero de 2023, el movimiento que viene de años atrás contra la presencia (y continuidad) de la celulosa en el punto que ocupa desde hace décadas, recibió un jarro de agua fría por parte del Tribunal Supremo, órgano que echó por tierra una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se ponía en entredicho la prórroga para dar la razón a la empresa (y a la Xunta de Galicia, cuyo informe jugó un papel favorable a Ence).

Ya entonces, el Ayuntamiento de Pontevedra anunció que continuaría con la batalla judicial hasta donde fuera necesario, y presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que ahora se acaba de admitir.

Entre otras cuestiones, el Concello de la capital de las Rías Baixas circunscribe este paso y el recurso en que se trata de interés general, al afectar a la defensa del litoral. Asimismo, esgrime también que el Supremo, en su resolución, ha ido en contra de lo que señala, precisamente, el TC en esta materia. Se centra en la consideración de que los terrenos de dominio público marítimo-terrestre (como los que ocupa Ence con su factoría) no pueden acoger instalaciones que, a su vez, puedan situarse en otras superficies.

El propósito del Ejecutivo local denunciante es que el Constitucional devuelva el asunto a la Audiencia Nacional, al defender que se vulneraron derechos fundamentales de los pontevedreses y de su Ayuntamiento.

Tras conocerse la decisión del TC y ante la posibilidad de que se quede en nada, desde el Gobierno de Pontevedra se ha insistido en que, si es necesario, se acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde la empresa, según han recogido medios como el Diario de Pontevedra, se muestra tranquilidad al asegurar que en realidad el Constitucional no entrará en el fondo, es decir, no decidirá sobre la prórroga, sino simplemente acerca de si ha habido vulneración de derechos fundamentales.

Altri y Ence pontevedra

Se da la circunstancia de que, el posible proyecto de otra compañía y la enorme oposición social que ha cosechado, han provocado el resurgir del contencioso que se mantiene desde diferentes ámbitos contra la fábrica de celulosa ubicada en Pontevedra.

Ahora, esta decisión del TC coincide con una protesta que se espera masiva y que tendrá lugar el próximo domingo 1 de junio. Este acto ha sido convocado por las Asociaciones por la defensa de las rías de Pontevedra (APDR) y Arousa (PDRA) y por la Plataforma Ulloa Viva. La primera, lucha desde hace décadas contra Ence en la ría de la capital provincial; la segunda y la Plataforma lo hacen para impedir que la multinacional portuguesa Altri (también con el apoyo inestimable del Gobierno presidido por Alfonso Rueda) construya una macrocelulosa en el término municipal de Palas de Rei (Lugo). Todas se manifestarán bajo el lema 'Marcha contra as celulosas'.

Se trata de dos protestas que partiendo a las 12.00 horas desde las alamedas de Marín y Pontevedra, se unirán en la fábrica de Ence.

Tal y como indicó en la presentación de la protesta Antón Masa, presidente de APDR, la marcha tiene "carácter nacional" porque la oposición contra Ence y Altri es parte de la "misma lucha" contra un modelo industrial "franquista" que "va a destruir el modo de vida basada en la explotación racional de los recursos agrícolas y pesqueros" e impactará negativamente sobre el turismo ligado al Camino de Santiago.

Comparando ambos proyectos (Ence y Altri), Masa no dudó en señalar las coincidencias. "Ence destruyó los recursos pesqueros y promovió la eucaliptización masiva", mientras que Altri "destrozará la tierra agrícola y pastizales" además de poner en "serio riesgo" los recursos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa, subrayó.

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