La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció en 2015 al Ministerio de Hacienda por la supuesta filtración a la prensa de su declaración de la renta del año 2013. En aquel ejercicio fiscal, Aguirre había ingresado 369.000 euros como consultora de cazatalentos, una cantidad muy superior a su antiguo sueldo como dirigente autonómica, y otros 5.000 euros procedentes de juegos de azar, según desveló entonces el medio InfoLibre.
Aguirre reaccionó con contundencia a la publicación de estos datos y remitió una queja formal a la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que exigía una investigación a fondo y dejaba clara su desconfianza hacia las explicaciones ofrecidas por el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro. En su escrito, la exdirigente popular expresaba su “perplejidad” ante la versión de la Agencia Tributaria, que sostenía que la filtración había sido externa, y por tanto, ajena al propio Ministerio.
“Puedo probar que la Agencia Tributaria se ha dirigido a mí en cuatro ocasiones desde que fui designada candidata el pasado 6 de marzo hasta las elecciones del 24 de mayo”, señalaba Aguirre en el escrito enviado a la Fiscalía, al que tuvo acceso InfoLibre. La expresidenta madrileña subrayaba que cualquier acceso a los datos fiscales de un contribuyente queda registrado, y, por tanto, no aceptaba la versión de que nadie del organismo accediese a su información. “Lo han hecho al menos en cuatro ocasiones. Puedo hacerle llegar los documentos que la AEAT me ha enviado”, añadía.
Sin embargo, su petición para que se abrieran diligencias no prosperó. Apenas unos días después de registrar su denuncia, se celebraron las elecciones municipales de 2015, en las que el Partido Popular perdió la alcaldía de Madrid, tras el acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE. Aguirre dimitió como portavoz municipal del PP dos años más tarde, cuando su número dos en el Gobierno autonómico, Ignacio González, fue enviado a prisión preventiva por una investigación de corrupción.
El estallido del caso
Años después, nuevas revelaciones judiciales han vuelto a situar en el foco al exministro Montoro. Una causa abierta en un juzgado de Tarragona en 2017 ha desembocado en su imputación por la supuesta utilización indebida de datos fiscales confidenciales de personalidades públicas. Entre los indicios clave se encuentra un informe de la Fiscalía Anticorrupción que detalla un entramado dentro de Hacienda para el acceso y difusión selectiva de información tributaria sensible.
Según esta investigación, a la que han tenido acceso varios medios, correos electrónicos incautados en 2023 dentro del Ministerio de Hacienda prueban que se elaboraban informes internos sobre políticos, deportistas y figuras públicas, que eran remitidos al propio Montoro desde la Agencia Tributaria. Uno de estos informes estaría vinculado con el caso de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI, condenado por delitos fiscales.
Durante su juicio, Rato acusó directamente al Ministerio de Hacienda de ser el origen de su proceso judicial. Apoyaba su acusación en correos electrónicos intervenidos por orden judicial, en los que altos funcionarios de Hacienda informaban a Montoro sobre su situación tributaria. Cabe recordar que Montoro fue subordinado de Rato entre 1996 y 2000, cuando este último dirigía el Ministerio de Economía en el primer Gobierno de José María Aznar.
Estos hechos, ahora bajo investigación judicial, abren una nueva etapa en las sombras del Ministerio de Hacienda durante la etapa del PP, en la que la gestión y difusión de datos fiscales podría haber tenido motivaciones políticas o personales.
