Hace unas semanas, tras el análisis del escrito completo de sentencia del Tribunal Supremo sobre la planta que Ence tiene en las Rías Baixas gallegas, la organización ecologista Greenpeace anunció que recurrirá en casación ante el Constitucional. Esta es una de la entidades que, junto a otras como el propio Ayuntamiento de Pontevedra, ha luchado contra la presencia de esta factoría en plena ría pontevedresa. Otra que, desde un primer momento y desde hace décadas pelea con el mismo objetivo es la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR).
Este colectivo acaba de anunciar que no ceja en su empeño para ver salir de la capital de las Rías Baixas esta fábrica de pasta de papel. Para ello ha adelantado que acaba de solicitar a la Secretaría General de la Comisión Europea que se considere a la entidad como "parte interesada" en el expediente que el organismo comunitario ha incoado al Estado español "por las irregularidades cometidas a la hora de otorgar distintas concesiones administrativas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)"; entre estas se encuentra, precisamente, la prórroga concedida por el último Gobierno bajo la presidencia de Mariano Rajoy a esta planta ubicada en la zona pontevedresa de Lourizán.
Según recuerdan desde la Asociación pola Defensa da Ría, de conformidad con lo señalado públicamente por la Comisión Europea "la legislación que aplica el Estado español a la hora de conceder estas prórrogas, incumple lo establecido en la legislación europea" que es de aplicación.
Contra la libre competencia
Este era el sentido que seguían las denuncias presentadas contra Ence y la decisión del Ejecutivo central en época de Rajoy, que le conllevó, incluso, ser declarado persona non grata en su ciudad, Pontevedra. Por una parte, porque la ley 2/2013 con la que el PP permitió la controvertida prórroga de las concesiones, establece un plazo de 75 años, un período muy superior al que concede la legislación de la propia Unión Europea.
A esto, como recuerdan, se suma el hecho de que la normativa estatal "atenta contra la libre competencia" al otorgar en la práctica una renovación automática de la concesión, expresamente prohibida por la Directiva Europea 2006/123.
Sobre esta argumentación, APDR considera que la prórroga de 60 años "concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a ENCE en 2016, no solo incumple la normativa europea, sino también la establecida por el Estado español". Esta determina que "para las concesiones un plazo máximo de permanencia en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de 75 años", con la particularidad que en ese plazo ya se incluirían las posibles prórrogas, algo que en el caso de la fábrica de Ence ubicada en Pontevedra, al ampliarse, se supera ampliamente.
A modo de conclusión, a pesar de que desde la dirección de la factoría se ha dado por hecho que la decisión del Supremo es definitiva, o lo ha dejado ver así en sus comunicados de prensa, antes Greenpeace y ahora la Asociación Pola Defensa da Ría señalan que esa resolución judicial "no nos va a impedir que continuemos en la lucha por todos los medios a nuestro alcance para recuperar la Ría".
Asimismo, recuerdan que la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a la APDR en la que se anulaba "la prórroga ilegal de Ence, sigue siendo firme", al tiempo que subrayan que en cuanto se aborde en casación este asunto "los magistrados deberán considerar el contenido de este expediente de la Comisión Europea".
Tras la decisión del Tribunal Supremo, desde la Xunta de Galicia y el PP, personalizado en el presidente autonómico Alfonso Rueda, se lanzaron proclamas triunfalistas por el mantenimiento de Ence en la ría de Pontevedra, no en vano las entidades que luchaban en sentido contrario han denunciado repetidamente los movimientos sociales y legislativos realizados por los `'populares' a favor de la compañía papelera. Sobre esto, la Asociación le "recomienda" al presidente gallego que "sea prudente en sus declaraciones. Somos conscientes de su desmedida diligencia en la defensa de los intereses de Ence", una actitud que califican de "servil" y que quedó patente "al ejercer de recadero de la empresa delante de la presidenta de la Diputación para tratar la cesión del Pazo de Lourizán al grupo pastero".
