Durante el pasado mes de marzo, en Galicia cayó la creación de sociedades mercantiles un 8,38% en comparación con el mismo período de 2023. En total se han constituido 415 empresas, es decir, 38 menos que hace un año, pero 24 más que en febrero. No es un buen dato, que se ha dado a conocer coincidiendo con la visita del presidente de la CEOE a la región.
Como viene siendo habitual, Antonio Garamendi también ha aprovechado para criticar al Gobierno en general o a algunos de sus miembros en particular e, incluso, ha tenido tiempo para apostar por la instalación de la controvertida planta de Altri en el concello lucense de Palas de Rei.
Estas noticias relacionadas con el mundo empresarial se han producido casi a la vez de los primeros pasos de la nueva legislatura, a la que se llega tras las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero. Y también al hilo de esta materia económica, la portavoz y líder nacional del Bloque Nacionalista Galego ha levantado el telón político poniendo el acento en el sector energético.
Ana Pontón lo ha hecho con el respaldo del fortalecimiento que ha supuesto para su formación la cita electoral de hace mes y medio, con el refuerzo para el BNG de ser el principal grupo de la oposición. Para ello, ha presentado dos proposiciones de ley que, tal y como ha explicado, buscan "un cambio de modelo energético que ponga fin a los privilegios de las eléctricas”, situando la riqueza eléctrica de Galicia “a favor de las familias y del tejido productivo”.
La novedad de la propuesta de los nacionalistas tiene que ver con la creación de una compañía pública de energía y de una tarifa eléctrica gallega. Pontón ha abogado para lograrlo por lo que ha llamado “un gran acuerdo de país” que impulse ambas medidas que persiguen hacer de la energía un bien pública “al servicio de la mayoría social”.
Ambas proposiones son complementarias, aunque en el caso de una de ellas, en el supuesto de ver el visto bueno en el Parlamento autonómico deberá ser enviada al Congreso, puesto que pide para la región más competencias y la citada tarifa eléctrica.
Según las explicaciones del Bloque, esta “será más barata” con el fin de “compensar” a Galicia por los costes sociales y ambientales de la producción eléctrica.
En palabras de Ana Pontón, “llevamos años viendo como nuestros recursos energéticos fueron saqueados por las eléctricas sin que los beneficios redunden en Galicia". Para la líder nacionalista las medidas que propone su formación es para terminar con “esta injusticia”.
Competencia sobre instalaciones eólicas
Las principales consecuencias de una tarifa de luz más barata, además de “aliviar” a las familias a través de una factura más baja, servirá como “revulsivo económico de gran impacto” que se traducirá en la creación “de empleo y riqueza” en la región.
Desde el BNG han recordado que, en la actualidad, Galicia es exportador neta de electricidad, algo que debería generar “un beneficio económico propio". Solo el año pasado, la región exportó el 42 % de toda la electricidad que se generó en su territorio.
En los últimos meses, los parques eólicos son noticia recurrente debido a los repetidos y numerosos varapalos que la justicia ha dado en forma de suspensiones o, directamente, de anulación de proyectos, lo que ha puesto en entredicho la política de la Xunta en la materia.
Una de las proposiciones que ha presentado Ana Pontón en el Parlamento gallego reclama, precisamente, más competencias energéticas, con el objetivo de “poder planificar y ordenar la producción eléctrica, tramitando, por ejemplo, todas las instalaciones eólicas que se proyecten en nuestro territorio”.
En este sentido, para los nacionalistas, lo han calificado como “segunda pata” de su modelo es la mencionada constitución de una empresa pública de energía, “como tienen ya países como Italia, Francia, Noruega o Suecia”.
Esto supondría situar la materia energética y los recursos “como bienes públicos al servicio” de la región frente a lo que supone un negocio privado personalizado en diferentes multinacionales a las el Partido Popular, a juicio de Pontón, les ha colocado una “alfombra roja pasando por encima de la gente, del territorio y del medio ambiente".
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