No cabe duda de que las energías renovables no están ofreciendo buenas noticias a la Xunta de Galicia. En menos de 15 días ha recibido varios varapalos judiciales que, además de poner en entredicho parques eólicos en diferentes zonas, suponen un golpe rotundo a las formas y la gestión que la administración autonómica utiliza para impulsar este tipo de instalaciones.

Si hace dos semanas el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendía cautelarmente el desarrollo del parque eólico de Campelo, ahora el turno ha sido para el de Bustelo, que se localiza en los municipios de Carballo y Coristanco, también en la provincia de A Coruña.

Como en el caso anterior y un tercer proyecto -Monte Toural- contra el que, con alta probabilidad, también se pronunciará la justicia en el mismo sentido, se trata de iniciativas empresariales impulsadas por la compañía Greenalia. Esta empresa cuenta en sus órganos directivos con Beatriz Mato, quien fue durante años conselleira de varios gobiernos de Feijóo y, por lo tanto, compañera de gabinete de la Xunta del actual presidente, Alfonso Rueda. Permaneció al frente de varias consellerías desde 2009 a 2018 y no dejó su acta de diputada autonómica hasta 2020, tras no poder acceder a la alcaldía de A Coruña por el PP en las elecciones de 2019.

Fragmentaciones artificiales

La última decisión judicial del Alto Tribunal gallego corresponde a la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo que en un auto acuerda suspender “cautelarmente” la resolución de finales de junio del año pasado en la que la Xunta, a través de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturais concedía las autorizaciones correspondientes para su construcción a la vez que se declaraba el carácter de utilidad pública de dicho proyecto de Bustelo.

Esa decisión, al igual que las referidas a los parques de Campelo y Monte Toural, fue impugnada por diferentes entidades, entre ellas la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega.

Ahora, como sucedió con la instalación de Campelo, el TSXG insiste en los mismos argumentos para conceder la citada suspensión cautelar.

A grandes rasgos, justifica la medida por la “fragmentación artificial” de los proyectos y por las “irregularidades en cuanto al desarrollo de los trámites de información pública”. Este último apartado se refiere a que dichos plazos se redujeron a quince días, un período en el que además no se facilitó a la ciudadanía los informes pertinentes que acompaña al trámite de la exposición.

La empresa de los "portalones giratorios"

Queda un último paso para que estas suspensiones cautelares se hagan efectivas y pasa por hacer frente a la cantidad de 20.000 euros en concepto de caución judicial (10.000 euros por cada proyecto que, probablemente sume otros 10.000 por el que todavía no hay resolución). Por ello, las entidades impulsoras de los recursos han convocado esta misma tarde a la ciudadanía a un acto informativo a celebrar en Santa Comba.

La gravedad del asunto está fuera de toda duda y pone contra las cuerdas a los gestores de la Xunta de Galicia en esta materia, no en vano, se trata de una competencia -la de autorizar la construcción y otorgar los criterios de utilidad pública- de la administración autonómica.

Estos varapalos judiciales, a los que hay que sumar otro sobre el que se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo paralizándolo por estar planeada la construcción del parque en un espacio protegido con el visto bueno del Ejecutivo del entonces presidente Alberto Núñez Feijóo, no han pasado desapercibidos en el Parlamento. A él lo ha llevado la oposición al preguntar el Bloque Nacionalista Galego sobre esta cuestión al vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde quien negó “complicidad con las eléctricas” y rechazó que se hagan “ataques a empresas que son referente”.

Estas alusiones las hizo en respuesta a lo que aseguró el diputado del BNG Luís Bará, que acusó al Ejecutivo gallego de “abuso de poder” y, en referencia a Greenalia y su conexión con la ex conselleira 'popular', llegó a hablar de "trato de favor" comentando que Greenalia es la empresa “de los portalones giratorios".

Conde, tras negar esas acusaciones y atacar al BNG a cuyo diputado pidió “un poco de mesura”, aseguró que la Xunta ha elaborado más de 2.400 informes relacionados con parques eólicos. No obstante, en cierta medida reconoció el golpe judicial al señalar que la administración regional sí adoptará medidas cautelares, al tiempo que corroboró su disposición a “colaborar” después de las últimas medidas del TSXG.