En la tarde de ayer, a pesar de las nubes que creaban diferentes formas en el cielo de la ría de Pontevedra, el humo de las chimeneas de Ence era más que visible. Esta factoría lleva décadas instalada en este enclave, dominando toda la ría a la que ha contaminado durante años, según sentencia judicial; ahora, su dirección presume de ecologismo y de producción verde y, a pesar de la lucha mantenida por colectivos de Pontevedra, ciudadanía y profesionales del mar, 'la celulosas' -como siempre se ha conocido- ha permanecido indemne y, si la pelea de la Asociación Pola Defensa da Ría no lo impide, así estará durante muchos años más tras la última y sorprendente para todos sentencia del Supremo.
Como en todo en la vida, también la política ha estado, está y estará detrás de la planta de Ence Pontevedra. El PP a nivel local, regional y estatal ha sido el gran defensor de su permanencia, incluso con una prórroga considerada ilegal hasta la mencionada resolución. Dicha prórroga la concedió el último Gobierno de Mariano Rajoy, un pontevedrés que por esto fue declarado persona non grata en su propia ciudad.
Ahora en el municipio lucense de Palas de Rei ubicado en la comarca de Ulloa y con poco más de 3.300 habitantes una empresa portuguesa quiere instalar una factoría para la producción de fibra textil, aunque sus detractores señalan que en realidad la pastera será una macrofábrica capaz de producir 250.000 toneladas de celulosa, frente a las únicamente 60.000 de las fibras textiles para que se quiere poner en marcha, cantidades que luego llegarán a las 400.000 y 200.000 toneladas respectivamente.
Es el conocido ya como proyecto Altri, una fábrica que cuenta, como en el caso de la de Pontevedra, con el visto bueno de la Xunta de Galicia, que lo ha mantenido en un segundo plano durante la campaña – con el beneplácito de los medios afines- para impulsarlo ahora. La impresión entre los afectados es que la aparición de noticias sobre Altri no es más que la estrategia para blanquear una infraestructura que nace -si finalmente lo hace- con una contestación social casi unánime.
En su defensa de la factoría Ence de Pontevedra, tanto la empresa como la administración autonómica (primero con Alberto Núñez Feijóo y ahora con Alfonso Rueda), apelaron constantemente al empleo. Se habló de los miles de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, que se perderían en caso de traslado (para el cual se habían ofrecido alternativas). La realidad, según los datos de las organizaciones ecologistas y colectivos contrarios a la planta, es muy distinta.
Altri y la Xunta utilizan este como principal argumento. Sus cálculos apuntan a la creación de cientos de empleos para la construcción de la factoría y, una vez esté en marcha, medio millar directos y unos 2.000 indirectos. Una cifra más que atractiva para la zona.
Sin embargo, a pesar de estos argumentos, el clima en su contra en lugar de disminuir va en aumento. Los vecinos de la comarca de Ulloa, los trabajadores del mar de la ría de Arousa, las entidades ecologistas, las organizaciones de agricultores y ganadores y otros colectivos, no quieren la fábrica en la zona por el coste medioambiental que supondrá.
En el marco del intento por tratar de blanquear la propia imagen de la compañía y, por ende, de la Xunta se encuadra la entrevista que Ser Galicia le ha realizado a Bruno Dapena, director de proyecto de Altri, aunque sus respuestas parecen haber soliviantado aún más lo ánimos.
Para apaciguar las críticas medioambientales, ha asegurado que la factoría no va a consumir el agua del río Ulla, sino que la usará y luego la devolverá “con más calidad de la que fue captada”, algo que choca, por ejemplo, con lo ocurrido con Ence Pontevedra y la situación de alerta por sequía vivida hace unos meses en la capital pontevedresa. Entonces, desde el Ayuntamiento advirtieron de las cantidades de agua que consume la fábrica, lo que encendió aún más alarmas.
El mar y el campo en contra
En la citada entrevista, Dapena ha insistido en la ubicación de la planta en Galicia y no en Portugar por razones logísticas, entre las que está la cantidad de eucalipto, especie contra la que se pelea desde hace años.
Con el visto bueno de la Xunta, parece que Palas de Rei tiene todos los números para que Altri desembarque en el municipio. A los contrarios a esto casi solo les queda una esperanza: que no les concedan los fondos europeos a la compañía. Como ha señalado el directivo de la empresa, la consecución de esas ayudas son imprescindibles, “una condición sine qua non”. Es decir, que este proyecto privado, “sin las ayudas públicas no sería viable”, tal y como ha afirmado Bruno Dapena en la cadena Ser.
Y a eso se agarran ahora quienes en la balanza de beneficios y perjuicios se decantan con claridad por los segundos.
A la ausencia de información de lo que responsabilizan al ejecutivo de Alfonso Rueda, se suman los profesionales del mar de la ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla y que tienen claro que el medio ambiente y, por tanto, su sustento marino se vería perjudicado.
Opinan de manera similar los agricultores y ganaderos. Margarita Prieto, del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, ha reclamado ya a la Diputación de Lugo un informe sobre la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y el impacto que tendría la fábrica de fibras téxtiles que planea la compañía portuguesa. Partidos políticos como Bloque Nacionalista Galego y Sumar -con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, mostrando su preocupación este fin de semana- ponen en duda las virtudes de una instalación de estas características.
Sea como fuere, la Xunta de Galicia respalda totalmente la construcción de la fábrica. De hecho, mientras en las últimas horas el PPdeG ha vuelto a criticar al Gobierno central acusándolo de practicar el “ecologismo más radical”, a propósito del nuevo reglamento de la Ley de Costas, su líder y presidente en funciones, Alfonso Rueda, no ha dudado en afirmar que si es necesario, en caso de que los propietarios no quieran vender, se llevarán a cabo expropiaciones forzosas. Todo para una macrofactoría de casi 370 hectáreas y que se extendería con sus industrias asociadas hasta por tres provincias (A Coruña, Lugo y Pontevedra).
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