“Anuncio de 6 de marzo de 2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental del proyecto industrial estratégico de la industria de fibra textil a base de celulosa y sus infraestructuras asociadas, en los ayuntamientos de Melide y Santiso (A Coruña), Palas de Rei (Lugo) y Agolada (Pontevedra) (expediente 2024/0004)”. Estas apenas cinco líneas en el Diario Oficial de Galicia suponen un verdadero jarro de agua fría para todos los colectivos, entidades, vecinos, mariscadoras, marineros, ganaderos y ecologistas que, desde que se dio a conocer el proyecto, habían mantenido una oposición activa contra el mismo.
La macrocelulosa de Altri que, dada su magnitud ocupará, de salir adelante, una superficie de miles de metros cuadrados de hasta tres términos municipales pertenecientes a tres de las cuatro provincias gallegas y una gran chimenea de 75 metros de altura, ha recibido un empujón importante por parte de la Xunta de Galicia, aunque todavía no definitivo debido a los diferentes flecos que les quedan a los opositores.
No es el primer respaldarazo que el Gobierno de Alfonso Rueda, gran valedor del proyecto, da a la planta. Además de sus manifestaciones públicas a favor, llegando a asegurar que haría todo lo posible para su llegada, siempre bajo el paraguas de la creación de empleo y riqueza, dejó cualquier duda al margen al declarar la factoría “proyecto industrial estratégico”, con todo lo que conlleva esta consideración, sobre todo en lo que a agilización y flexibilización de trámites se refiere.
En el anuncio publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia se explica que el 6 de marzo la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, se recibió la controvertida declaración de impacto ambiental, según documento firmado por la responsable de esta dirección general, María José Echevarría Moreno.
Se da la circunstancia de que hace algunas semanas, el director del proyecto de Altri, Bruno Dapena, adelantó en una entrevista en un medio que la declaración de impacto ambiental llegaría en marzo “si todo va bien”, hablando además de la próxima fase a seguir que pasaría por la tramitación Ambiental Integrada que indicó que “podría estar lista en mayo o junio”. Esta especie de 'información privilegiada” no sentó nada bien a los partidos de la oposición y los colectivos y entidades que luchan contra la macrocelulosa; algo similar ya había ocurrido con la filtración de la autorización de Augas de Galicia, organismo dependiente de al Xunta, y que La Voz de Galicia se encargó de adelantar.
Este proceso de la macrocelulosa de Altri se encuentra ahora mismo en una etapa decisiva a la que se llega tras haber pasado por momentos, como poco, curiosos, como cuando desde la matriz portuguesa se invitó a medios y representantes de colectivos que se oponen a la misma a visitas informativas a plantas de Portugal. El objetivo era 'vender' las virtudes de un sistema de fabricación que, sin embargo, provocó el efecto contrario.
Tampoco hay que olvidar el intento de supuesta manipulación de muchas de las miles alegaciones presentadas contra la fábrica, con declaraciones del propio Alfonso Rueda y algunos miembros de su equipo muy llamativas. Curioso también ha sido el baile de cifras en cuanto al número de puestos de trabajo a crear, un movimiento continuo que ha chocado siempre con la denuncia de ganaderos, agricultores y sector pesquero por la pérdida de empleos que conllevará la factoría en caso de que finalmente salga adelante.
Dinero de Madrid o Santiago
Lo que nunca ha cambiado es el dinero, por lo menos el que señala la compañía que es absolutamente imprescindible para que la macrocelulosa se haga realidad: la subvención pública. El proyecto requiere de una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros. De ellos, el 25 por ciento deben proceder de las arcas públicas. Se trata de 250 millones que la Xunta quiere que ponga el Gobierno central a través de fondos europeos.
Y esta es una de las bazas que les quedan a quienes llevan meses luchando contra el proyecto. Hasta el momento, el PSdeG y el Gobierno central van en la misma línea. De cambiar la actitud y dar el visto bueno a la tramitación de esta millonaria ayuda supondría, a juicio de muchos expertos, un error histórico. Hasta ahora nada hace pensar que esto vaya a suceder, lo que otorga esperanzas al movimiento social.
Sin embargo, la apuesta de la Xunta y del Ejecutivo de Alfonso Rueda es clara e, incluso, el propio presidente gallego ha llegado a hablar de que si ese dinero no viene de Madrid saldrá de Santiago de Compostela, de las inversiones regionales.
Ante esto también hay luz al final del túnel para la resistencia social, económica, cultural, patrimonial y ecologista. Esa luz la ofreció ayer mismo una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se centra en la parte más importante que argumentan todos lo que se oponen a la fábrica: los destrozos medioambientales que conllevará.
Se esperaba el anuncio publicado hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia del visto bueno de la declaración de impacto ambiental. No obstante, este jueves el TSXG puso en entredicho artículos de un decreto en el que se abría las puertas a que fueran empresas privadas las que otorguen esas declaraciones de impacto ambiental. El Alto tribunal es muy contundente en su fallo y echa por tierra esta opción, con un argumento tan claro que sería más que sorprendente que instancias judiciales superiores le dieran la vuelta.
Esta es la gran esperanza ahora que existe contra Altri y la Xunta. El próximo fin de semana está convocada una gran manifestación por tierra y mar en A Pobra do Caramiñal. Como dicen los miembros de las diferentes plataformas opositoras, aún queda (mucho) partido por jugar.
