El Mar Menor es nada menos que la mayor laguna de agua salada del litoral mediterráneo y de Europa. En definitiva, una joya universal que ahora corre peligro ante un posible pacto de PP y Vox en la Región de Murcia. El futuro político de la comunidad autónoma podría pasar por unas nuevas elecciones después de que el candidato popular y ahora mismo presidente en funciones, Fernando López Miras, fracasara en su investidura.

La otra opción es que los de Alberto Núñez Feijóo se echen a los brazos de la extrema derecha como ya han hecho varias comunidades y cientos de ayuntamientos, pero ésta no regala sus votos; de hecho los vende a un precio muy caro para todos los murcianos en lo que vecinos y asociaciones mediambientales destacan como una nueva cruzada contra el planeta, a favor de los intereses de unos pocos y obedeciendo a las pautas negacionistas de la formación ultra. Vox ya ha dejado claro de lo que es capaz en territorios como Castilla y León -con la tuberculosis bovina- y Andalucía, donde ha respaldadp, contra la evidencia científica, la ley de regadíos en Doñana. Por todo ello, no parece que vaya a temblarle el pulso a la hora de arremeter contra el enclave de La Manga.

Así las cosas, entre las condiciones que el partido ultraderechista ha puesto sobre la mesa para ceder a Miras su sí o su abstención se encuentra derogar, modificar o reformar la ley de recuperación del Mar Menor o ley de La Laguna, una norma que custodia este paisaje y que fue aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios en un momento de máxima necesidad, concretamente en 2020 y después de que un año antes la autonomía sufriera una de las mayores crisis mediambientales que se recuerdan -la siguiente similar sería en 2021-, que se tradujo en la expulsión de cientos de peces muertos a sus costas fruto de la anoxia.

Una vez más, solo el pueblo salvó el pueblo, y los murcianos consiguieron la aprobación de una normativa que ha ido dando pasos, aunque sigue lejos de su completo cumplimiento. Así celebran la primera parte y denuncian organizaciones como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF, entre otras, que han emitido con el trascurso de los años comunicados, comparado situaciones y analizado hechos para, de manera conjunta, presionar a nivel regional y nacional hasta lograr un "verdadero" Plan de Protección para con el Mar Menor. Ahora, advierten de las consecuencias que podría traer la situación de Vox al frente de la Cámara.

Cumplimiento íntegro

"Sería absolutamente inadmisible que se aceptara la formación de un gobierno a cambio de la retirada o la transformación de una normativa tan importante. Es un chantaje muy peligroso que debería tener consecuencias. Creemos que los murcianos, independientemente de lo que cada uno vote, no lo van a permitir", apunta el presidente de ANSE, Pedro García, en declaraciones a ElPlural.com a la vez que exige que se haga caso de manera íntegra al documento: "El presidente y la alcaldesa han dicho que no se va a tocar y que no van a aceptar esta condición de Vox... Esperamos que sea así, pero no basta con esto, sino que la ley se debe cumplir íntegramente. Este verano hay de nuevo razones de sobra que demuestran que si no se actúa como se debe actuar las consecuencias pueden ser fatales". 

Sobre la última época estival y los últimos años, el máximo responsable de ANSE define que el problema más destacado es "la llegada de grandes volúmenes de agua dulce", causa de la agricultura intensiva, especialmente del campo de Cartagena. Un hecho que elevaron hace ya dos décadas ante la Unión Europea (UE) con el objetivo de que se prescindiera en el desempeño de las tareas de elementos altamente perjudiciales para el ecosistema: "Estamos hablando de que los niveles permitidos de contaminación se han rebasado en algunos casos en un 300%. Aunque algunos representantes del sector lo nieguen, los informes están ahí y son contundentes". En la misma línea, se refiere al "crecimiento masivo" de microalgas que impiden la llegada de luz al fondo y acaban derivan en la falta de oxígeno que procede en su mayoría de los aportes de los elementos empleados.

Todos los problemas imaginables ante la pasividad política

Hay agrupaciones científicas que se refieren a la Rambla del Albujón como el el quid de la cuestión. Sobre este punto concreto ha superado los 3,4 hectómetros cúbicos de entradas de agua en lo que va de 2023, que han llevado a la laguna más grande de Europa a tener más de 470 toneladas de nitrato y 1,23 de fósforo, con un caudal medio de 172 litros por segundo pese a la sequedad. En resumidas cuentas: una barbaridad. La persona que ofrece su testimonio a estas líneas señala también dicha cuestión a partir de la "ocupación masiva de agricultura diversa que ha hecho que se cambie en muchos casos el cauce de la rambla con la construcción de cientos miles de hectáreas de invernaderos". 

Pero no es solo esto: "La cosa es que el Mar Menor tiene todos los problemas que se puedan pasar por la cabeza, desde los más antiguos, como la presión minera, hasta el desarrollo urbanístico masivo, donde entran los puertos deportivos sin regulación adecuada, la creación de recursos artificiales, la comunicación de la laguna con el Mar Mediterráneo -que ha provocado transformaciones trascendentes en la diversidad de la laguna- o la lacra derivada de la gestión de aguas residuales, que sigue generando colapso".

En una dirección similar, solventa que en los meses del presente verano se han generado obstáculos muy reseñables en la laguna sur tales como el "crecimiento masivo de macroalgas en la zona del valle", una presencia de medusas como hace años que no se producía y, lo más reseñable, la entrada incesante de agua dulce con nitratos procedente del campo de Cartagena", reitera.

Punto de la ley de La Laguna

En todo ello y otros puntos, explican a este medio, se centra la ley sobre la que Vox busca interferir. "Incluye básicamente todas las competencias y acciones que puede desarrollar la Región para recuperar al Mar Menor, incluidas las preventivas para evitar edificaciones", -en el último mes el PP ha dado luz verde a una moratoria que podría desbloquear cientos de viviendas en la costa- así como documentos que guarda relación con la "organización territorial, los órganos de participación que deberían facilitar la transparencia y la colaboración en sí de todas las entidades que tienen que ver con la preservación del paraje". También se detiene en la "correción de deficiencias" derivadas, por ejemplo, de la eliminación de la ley de 1987 sacada adelante por el PSOE y borrada del mapa por el PP que ya entonces preservaba uno de los puntos más fuertes de nuestra geografía.