La situación en el Parque Nacional de Doñana continúa a la orden del día en las principales cuestiones a abordar en el plano político. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha condenado la “guerra electoral” que aún circula sobre la gestión y preservación del entorno y con motivo de su propuesta de ley de regadíos, impulsada por el Partido Popular y Vox y aún en trámites en el Parlamento regional.

En estos términos, el dirigente popular ha instado al resto de formaciones políticas a “buscar soluciones” en conjunto a través de una carta remitida a la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, liderado por Inmaculada Nieto, a modo de respuesta así de la misiva que ésta envió solicitando la retirada de la proposición de ley.

Moreno Bonilla ha insistido así en que su Ejecutivo solo obra en esta dirección para “aportar soluciones”, señalando que “mirar para otro lado nunca es una opción”: “Es un texto abierto que se ha presentado para ser mejorado entre todos los grupos que forman parte de la Cámara, así como por los agentes sociales y económicos”. Es con estas palabras con las que el líder andaluz dice no entender que haya partidos “instalados en la guerra electoral, la hipérbole y el insulto”.

En su misiva, deja en claro que su gobierno regional “en ningún caso”, con esta normativa, en el caso de que llegue a obtener luz verde, “viene a dañar a Doñana, ni a su acuífero, ni a conceder amnistías, sino a solucionar un problema que se prolonga ya por demasiado tiempo”.

En cuanto a la fresa de Huelva, que también se ha visto negativamente influenciada por esta cuestión y que incluso ha llegado a trasladarse al ámbito europeo, el Ejecutivo andaluz dice compartir “la preocupación de los agricultores y ganaderos” de la zona que trabajan con los frutos rojos. Asimismo, denuncian la “campaña de descrédito injustificable de agentes sociales alemanes”, que llamaron al boicot de la fresa por el estado de Doñana, hacia este preciado producto y el consecutivo “respaldo” que ha recibido por parte del Gobierno central.

Dejando a un lado las constantes críticas que llevan recibiendo desde que se dio a conocer su iniciativa parlamentaria, Moreno Bonilla ha garantizado que pondrá a “Doñana siempre por encima de todo, no hay otro interés que protegerla”.

El “no” de la comunidad científica

En paralelo, y sumándose al rechazo que ya sostuvo tanto el Gobierno central de Pedro Sánchez como desde Bruselas, la comunidad científica también ha hecho de notar su desacuerdo con la ley de regadíos. Más de 1.600 científicos de distintas universidades e instituciones se han unido al llamamiento iniciado por WWF, en el que se insta a retirar la normativa de PP y Vox en el Parlamento andaluz.

El manifiesto indica que “la curiosidad de los naturalistas inició la conservación de los humedales de Doñana hace más de 60 años. […] Desde entonces ha sido un laboratorio viviente único para científicos de todo el mundo”. Es así como los científicos llaman a retirar la propuesta de legalización que ampliaría el área de los cultivos de frutos rojos en la corona norte de Doñana, cuando cabe recordar que el parque es Patrimonio de la Humanidad.

“Si se promulga, la nueva ley aceleraría la destrucción del humedal de Doñana, de importancia mundial, cuya supervivencia depende del uso sostenible de las aguas subterráneas y superficiales. Afectaría a las comunidades locales, los productores legales de frutas y la naturaleza, además de socavar la adaptación al cambio climático”, subrayan.

Los firmantes -entre los que destacan Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y Fernando Valladares, investigador del CSIC, entre muchos más- piden a la Junta de Andalucía que “retire” la proposición de ley y “aplique urgentemente” las medidas recogidas en el Plan Especial de Ordenación de Zonas Regables situadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, así como que garantice una agricultura sostenible en la región dentro del escenario actual de cambio climático y ponga en marcha medidas de restauración del espacio natural y de los ecosistemas más amenazados.

Estas demandas se suman a las peticiones remitidas a Europa para que frene la iniciativa legislativa del Ejecutivo andaluz y las dirigidas a la UNESCO para que declare el humedal español como patrimonio en peligro.

Por su parte, cabe poner sobre la mesa la voz de Miguel Delibes, director de la Estación Biológica durante cerca de una década y actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz, donde instó a no silenciar “la voz de los científicos” en este debate y en la toma de decisiones. “Las cosas han ido demasiado lejos por un error de cálculo”, en referencia a la proposición de ley popular que tal cúmulo de críticas ha generado a nivel nacional como internacional.