Mientras que en una atestada sala del Parlamento de Andalucía iban desfilando alcaldes, agricultores y representantes ante la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a las puertas del Parlamento se reunían parte de las voces que han sido orilladas del listado de comparecientes. “Somos las voces que la Junta quiere silenciar”, clamaban alrededor de cien personas congregadas.

Mientras, desde Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Moreno Bonilla volvía a señalar que la crisis de Doñana proviene de la “herencia recibida” de la administración socialista y decía ahora, que la comisión parlamentaria pretende abrir la puerta a “distintas enmiendas” que puedan modificar su Proyecto de Ley, obviando que su Ley obvió los procesos de debate en el Consejo de Participación de Doñana en su presentación.

Sin embargo, el consejo de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento vienen capado. Los representantes del CSIC, MITECO y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) eran a modo de ausencia, el elefante bajo la cama en el Parlamento andaluz, pero junto a ellos, había otros grandes ausentes: los movimientos ambientalistas y de la sociedad civil afincados en Doñana y que solo estuvieron representados por WWF en el consejo.

La plataforma Salvemos Doñana reúne a entidades como SEO/BirdLife, Greenpeace o Ecologistas en Acción –además de la citada WWF– impulsó una concentración bajo el lema `Voces por Doñana´ para frenar la legalización de, al menos, 650 fincas de regadío ilegales en la corona norte de Doñana. La protesta viene a reflejar el malestar de unos colectivos ninguneados en la elaboración de la Proposición de Ley de PP y Vox que la Junta de Andalucía quiere desarrollar para el entorno de Doñana.

WWF, la única entidad ecologista que formó parte de la comisión calificó la jornada parlamentaria como “la comisión de la trampa y del miedo”, ya que la aportación de los comparecientes es una argucia del PP para evitar una verdadera participación ciudadana a través de procedimientos administrativos. “Moreno Bonilla dice que esto se hace para asegurar la participación; pero es mentira… es una trampa para evitar el escrutinio público y de informes científicos”.

“Somos muchas las instituciones que piden que esto pare y muchas las voces de la sociedad civil”, cuenta Carlos Molina, de Seo/BirdLife, a mediados de mayo presentó en el Parlamento andaluz un documento con más de 146.000 firmas pidiendo la paralización de la proposición de ley del PP, abogando además, por un “cambio de modelo productivo” contra la sobreexplotación de los cultivos ilegales.

La Ley es, para SEO/Bird Life, un "sinsentido" ante la crisis de biodiversidad que vive Doñana. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) informó sobre la pérdida de biodiversidad en aves acuáticas, que son las que valieron a Doñana “su calificativo patrimonial”.

En 2022, por ejemplo, no se contabilizaron en las investigaciones de campo especímenes de aguiluchos laguneros, y solo se contabilizaron 13 parejas de cerceta pardilla, un ave conocida como “reina de la marisma" y que actúa a cómo termostato de salud del humedal. “Doñana necesita soluciones, no más palos en las ruedas”, señala Molina.

Que la nueva Ley del PP no beneficiará a la biodiversidad y pone en peligro el calificativo de Patrimonio Universal de la UNESCO para el espacio natural, es uno de los motivos que convierte en incómodas a “las voces críticas en el Parlamento, no nos quieren oír”, dice Luis Berroquero, de Greenpeace Andalucía.

Greenpeace, al igual que WWF, han hecho hincapié en el hecho de que esta Ley sea una “mera fantasía”, ya que se basa en proponer una redistribución de agua que no existe, con unas infraestructuras no construidas y de dudosa utilidad, “como sucede con la presa de Alcolea, que ya sabemos que traería al parque agua contaminada por la actividad minera”, exponen desde Greenpeace, en alusión a los trasvases acordados entre la Junta de Andalucía y el Estado, desde la cuenca hidrográfica aledaña hacia el Parque Nacional de Doñana.

Respecto a qué soluciones adoptar ante la crisis, desde Ecologistas en Acción (EeA) proponen retomar la ejecución del Plan de la Fresa (el plan de ordenación que definió las hectáreas forestales y de regadío en 2014 y que establecía herramientas de control y seguimiento). “Nunca se ha apostado por ese consenso que se alcanzó, está ejecutado al 5%”, señala Juan Romero, histórico activista socioambiental en la comarca.

“Hay que tomar medidas porque el acuífero está mal –oficialmente sobreexplotado desde julio de 2020– y Doñana es el interés público superior”,dice Romero, por lo que EeA propone la redistribución social de los hectómetros de agua en función del tipo de explotación. Así, las explotaciones de corte familiar, adquirirían derechos de riego detraídos de las grandes explotaciones. Hay que señalar que, según datos de la asociación agraria COAG, solo un 2,5% de los propietarios acumula el 60% de la superficie cultivada y el 80% del consumo hídrico.