La esperada comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía que reunía a agentes sociales del entorno de Doñana no tardó en presentarse con fuegos artificiales. No habíamos llegado a la primera hora de reunión cuando el representante del PSOE, Mario Jiménez y la de Adelante Andalucía, Maribel Mora se enzarzaron a gritos con la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano.          

El rifirrafe inicial tenía que ver con la restricción en el turno de preguntas de los parlamentarios. La presidenta pidió que las intervenciones no fueran debate o argumentación, sino meras preguntas. Jiménez acusó a la presidencia de querer sesgar y redirigir el debate. Chocano aludió al reglamento del Parlamento, pero Jiménez señaló que no había ninguna restricción en ese sentido en la normativa de la comisión.

Una vez calmadas las aguas, los comparecientes continuaron interviniente acumulando retrasos –de más de tres horas– y pocas sorpresas en su exposición. Algunos alineados sin disimulo con las tesis que han venido defendiendo PP y Vox y otros, en contra de la Proposición de Ley (PL) que pretende legalizar hectáreas forestales como hectáreas de regadío. Hubo que esperar hasta bien entrada la tarde para escuchar a Miguel Delibes, director de la Estación Biológica durante ocho años y actual presidente de Consejo de Participación, el ágora que reúne el gobierno del espacio de Doñana y su entorno.

La comparecencia del histórico científico y divulgador atrae todas las miradas, ya que PP y VOX han arrastrado los pies para incluir como ponente a una autoridad de tanto peso y que, desde hace meses, se declara en contra de la legalización de regadíos que pretende la Junta de Andalucía.

Miguel Delibes empezó su intervención declarando que comparecía en calidad de “intruso”, ya que no había recibido ninguna invitación oficial por el Parlamento o la comisión. Recordó que en su última comparecencia en el Parlamento fue muy belicoso, pero que ahora venía en ”son de paz" porque "su capacidad de indignación es limitada" dijo sarcástico, habiéndose declarado en numerosas ocasiones en contra de la legalización de más hectáreas de regadíos

Delibes ha recordado la importancia de contar con el Consejo de Participación de Doñana (principal ente rector y consultor) y lamenta que se esté ignorando a la Estación Biológica de Doñana, "no es momento de negar la voz de los científicos"

“A veces uno tiene la impresión de que el PP hace oposición a su propio gobierno”, apuntó Delibes, “las cosas han ido demasiado lejos por un error de cálculo”, en referencia a la PL, que ha provocado un cisma social sin precedentes que pone en peligro la confianza ciudadana en sus dirigentes y la imagen de la marca de Andalucía en el mundo. Pidió parar el sinsentido de la PL para hacer predominar la paz. Sobre el futuro y la ausencia de alternativas, Delibes apuntó al Plan de la Fresa de 2014, apoyado por todas las administraciones y la comunidad internacional, proponiendo retocar el Plan y no dilapidarlo.

Una Proposición de Ley que enturbia el debate

La ausencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o del director del CSIC de Doñana, Eloy Revilla y de la ministra Teresa Ribera restaron peso institucional y científico a la comisión. La alargada sombra del Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto a inicios de este 2023, ha estado muy presente a lo largo de la jornada. El Plan es emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sin embargo, la Junta no llegó a presentar ninguna alegación ni modificación para ampliar la superficie regable en los seis meses en los que pudo hacerlo. En su lugar, a los dos días del fin del periodo de alegaciones, presentó al Parlamento la polémica PL, que sacó la cuestión hídrica de la gestión técnica para meterla en política, en plena campaña electoral.

Y eso se ha evidenciado con algunos de los comparecientes. Si las ausencias (del CSIC o de la CHG eran abrumadoras), sí contrastaba con otras comparecencias. Llama la atención la intervención de los Joaquín Regidor, padre e hijo por separado, ocupado dos de los más de 20 turnos para comparecientes, que se presentaron como agricultores independientes, pero definiéndose como los “únicos afectados íntegramente” por la regulación del territorio que se hizo en 2004 –el conocido como POTAD– y que pretendió frenar la expansión de cultivos y extracciones ilegales del acuífero.

La regulación de los territorios del POTAD se hizo tras un largo proceso que involucró a todas las administraciones, sin embargo, los Regidor denuncian que el POTAD se basó en “una fotito aérea” que “como una espada de Damocles” condenó a la ilegalidad las hectáreas de sus abuelos. Para estos agricultores, la PL del PP es la “única esperanza” que tienen para no tener que abandonar sus tierras y cuando se les cuestiona por el agua, que no está prevista como dotación en el PL, responden que simplemente quieren “regar cuando se pueda, porque el agua es maleable, depende de cuándo Dios quiere que llueva y depende también de futuras regulaciones”.

El METAdebate de agua

Gran parte de la comisión giró en torno a los hectómetros de agua que deben llegar a la corona norte provenientes de otras cuencas hidrográficas como la del Tinto, Guadiamar o incluso desde Portugal. También se habló de reciclar parte del agua que se usa en la turística ciudad de Matalascañas… pero más bien parecía como si el agua estuviera en el universo META de la realidad virtual. No hay agua por la sequía, ni habrá próximamente por la falta de infraestructuras hídricas que el Estado tiene pendientes de realizar.

Pero, a lo largo de la comisión emergió otro horizonte que hace más incierto aún el futuro de los regadíos y convierte el debate en un METAdebate. La jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio en Huelva, Ana Warleta señaló que, difícilmente, las modificaciones que implique el PL podrían aplicarse con retroactividad a hectáreas forestales que quieren ser de regadío. Pocas modificaciones legales podrá haber para los agricultores que han puesto todas sus esperanzas en la proposición del PP y Vox. Además, el escenario legislativo es incierto, habida cuenta de que el Ejecutivo amenaza con llevar la PL al Tribunal Constitucional por ir la Junta más allá de sus competencias, amén de las amenazas de la Comisión Europea y el TJUE.

Otros comparecientes, como el abogado especializado en el sector agroalimentario, Javier Domínguez, ahondaron en la falta de consenso y de garantías jurídicas que tenía el POTAD y posterior Plan de la Fresa (2014). Sin embargo, la hemeroteca recuerda que solo dos de las decenas de entidades presentes se posicionaron en contra en su momento.

El debate ha girado, en parte, en torno a las deficiencias de la legislación existente, el conocido como Plan de la Fresa. Pero, también, en torno a las deficiencias de la nueva PL que promueve la Junta de Andalucía. Entidades de representación se posicionaron en contra de la legalización de regadíos de los de Moreno Bonilla. CCOO propuso la retirada del PL y pidió a la Junta que se plegara a los criterios científicos del CSIC y a los cauces administrativos vigentes para aparcar la propuesta.

También se señaló la falta de transparencia del PL, “seguimos sin saber de cuántas hectáreas hablamos y a qué explotaciones y tipo de propietarios afectará”, señala Eduardo López, de COAG, que también se posiciona en contra de la propuesta de PP y Vox, rompiendo el aparente consenso con el que la Junta defiende la legalización de regadíos.

La representación de los agricultores es dispar, ya que hay actores muy diferentes. En una inmensa mayoría, el territorio afectado cuenta con explotaciones familiares de menos de 5 hectáreas, pero lo cierto es que los grandes tenedores son hiperpesados: el 2,5% de propietarios acumula el 60% de la superficie y el 80% del consumo hídrico.

La PL obtuvo su rechazo más frontal por parte del representante de los ambientalistas, Juanjo Carmona, de WWF, que echó en falta la integración de otras entidades como Seo Bird Life o Ecologistas en Acción. WWF viene informando a cadenas de supermercados alemanes sobre las certificaciones que pueden exigir para validar que los productos que adquieren cumplen con criterios ambientales.

Carmona apuntó las consecuencias que la PL de Moreno Bonilla tendría: aumento del déficit hídrico del acuífero, no contribuir a la conservación de la biodiversidad, así como el fin de la paz social, “enfrentando entre sí a agricultores y perjudicando a regantes” y enfatizó, sobre todo, el daño reputaciones para España y Huelva de la PL que supone un “incumplimiento flagrante” de las resoluciones del Tribunal de Justicia Europea, de las directrices de la Comisión y que desembocará en un “desembolso millonario” por las multas que Bruselas impondrá a España.

Por último, en la sesión vespertina intervinieron los alcaldes de los municipios de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer con el factor común de pedir un proceso con más participación y colaboración entre administraciones. Regidores como el de Bonares se declaran en contra de la PL; otros, como el de Lucena del Puerto apuestan por un “sí rotundo” a la PL, remontando a distribuciones históricas de tierras para cultivo desde 1938.