La asociación ecologista Acció Ecologista-Agró ha alzado la voz contra el nuevo plan urbanístico aprobado en el municipio valenciano de Massanassa, que contempla la recalificación de terrenos muy cercanos al barranco del Poyo. En concreto, se trata de una zona de 10.000 metros cuadrados situada a escasos 200 metros de este cauce, y que se pretende transformar en suelo residencial. La medida ha sido impulsada por el Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón, y aprobada en un pleno extraordinario celebrado el 23 de diciembre de 2024, sin modificaciones que tuvieran en cuenta los efectos de la catástrofe meteorológica del pasado otoño.
El colectivo ecologista critica que este desarrollo urbanístico haya salido adelante sin haber revisado la documentación a raíz de la DANA que asoló la zona el 29 de octubre de 2024. Aquella tormenta dejó trece personas muertas en la localidad de l’Horta Sud y provocó importantes daños en el municipio, donde el agua llegó a alcanzar los dos metros de altura en algunas zonas, incluida precisamente la ahora afectada por este proyecto.
Según denuncia Acció Ecologista-Agró, el documento aprobado no recoge de forma explícita que la zona prevista para ser urbanizada fue una de las más castigadas por las inundaciones. Tampoco contempla un análisis actualizado del riesgo de inundación, apoyándose únicamente en mapas obsoletos que no reflejan la nueva realidad tras la tragedia. “Cualquier actuación territorial tiene efectos, más aún teniendo en cuenta el valor de los terrenos afectados por la delimitación del área de reparto, catalogados como huerta de muy alta calidad productiva, y el impacto que ha tenido la DANA sobre los mismos”, ha afirmado la organización ecologista.
El plan aprobado permitiría la construcción de una promoción de viviendas de hasta cuatro alturas, así como la instalación de un parque y un área educativa, según el antiguo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 1989. No obstante, desde Agró advierten que esta propuesta ignora por completo las nuevas condiciones climáticas y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como el vivido hace apenas seis meses.
El terreno se encuentra además junto a dos centros escolares públicos, el IES Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives, que deberán ser derribados precisamente por los daños sufridos durante la DANA. A pesar de ello, la propuesta no introduce ninguna salvaguarda ambiental ni plantea alternativas más seguras y sostenibles para la zona. El grupo ecologista ha presentado un total de 17 alegaciones al documento y ha solicitado formalmente la paralización del expediente.
“A pesar de la proximidad al barranco y de los daños causados por la riada del 29 de octubre, los impactos sobre el medio ambiente y la sociedad se consideran irrelevantes en la propuesta, ya que la superficie a urbanizar no es muy extensa”, recoge el documento aprobado, en una valoración que Agró tilda de “juicio subjetivo y no técnico”.
Desde la asociación ecologista se insiste en la necesidad de adoptar un enfoque adaptado a la emergencia climática. “Se necesitan alternativas que adapten los municipios a la realidad del cambio climático, y no propuestas de urbanización que incrementen la peligrosidad de sus efectos sobre los núcleos poblacionales”, han manifestado. Como contrapropuesta, la entidad sugiere la creación de un cinturón verde que rodee Massanassa y Alfafar para proteger ambos municipios de futuras inundaciones. Este anillo estaría compuesto por tierras cultivadas y zonas vegetadas que actúan como esponjas naturales ante episodios de lluvias torrenciales.
La denuncia de Acció Ecologista-Agró pone en evidencia una vez más el enfrentamiento entre intereses urbanísticos y la protección ambiental en un contexto marcado por el cambio climático. Mientras el Consell presidido por Mazón avanza en proyectos que buscan desbloquear antiguos suelos urbanizables, la comunidad científica y los colectivos ecologistas urgen a priorizar la resiliencia territorial y la seguridad de la población.
Por el momento, el expediente sigue su curso, pero la presión social y ambiental podría obligar al consistorio y al Ejecutivo autonómico a reconsiderar sus planes. En palabras de los ecologistas, “el desarrollo de este plan urbanístico no solo es inoportuno, sino potencialmente peligroso para los habitantes de Massanassa”.
