La sentencia del Tribunal Supremo ha unificado por unas horas el mensaje de los partidos independentistas: las condenas a los dirigentes del Procés no son justicia sino una venganza del estado que con su decisión ha enterrado la democracia en España. Dicho esto, la amnistía pasa a ser la nueva reivindicación estrella de la nueva etapa abierta ayer. La sorpresa de la primera jornada post-sentencia la protagonizó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al anunciar la solicitud de audiencia al Rey (y a Pedro Sánchez, también) para tratar de la nueva crisis desencadenada por el TS. Mientras, la movilización programada por Tsunami Democràtic se concentró en colapsar el aeropuerto Josep Tarradellas.
El Rey no es bien recibido en Cataluña desde su intervención televisada del 3 de octubre del 17, que el independentismo considera sinónimo de una declaración de guerra. El gobierno de la Generalitat rehúye los actos en los que participa el monarca, declarado prácticamente persona non grata; sin embargo, Torra cree que ahora ha llegado el momento de solicitar una audiencia con Felipe VI, rey de una democracia muerta, según el argumentario independentista, para tratar de resolver el estado de indignación que asola el país, comenzando por el gobierno de la Generalitat.
La consideración de que nada será posible, ni siquiera el diálogo, mientras los dirigentes sentenciados sigan en la cárcel, marca el inicio de una nueva fase del conflicto que nadie puede definir todavía con demasiado detalle. En todo caso, la pretensión de implicar a la Corona (ampliamente denostada por haberse implicado el 3-O), se intuye, como poco, como una contradicción, casi del mismo calibre que la creación de una expectativa sobre una eventual amnistía que debería ser aprobada por un estado al que al punto de conocer la sentencia todos los portavoces independentistas (y también de los Comunes) acusaron de vengativo.
Torra estuvo en realidad mucho comedido en su declaración institucional de rechazo de las condenas de lo que viene siendo habitual en sus manifestaciones; evitó toda referencia a la desobediencia institucional y anunció su propósito de acudir al Parlament para abrir un debate sobre la sentencia y sus consecuencias. La decisión de trasladar a la cámara catalana una hipotética resolución susceptible de ser suspendida por el Tribunal Constitucional, asociando a ERC y al presidente Roger Torrent a una iniciativa que los republicanos huyen por definición desde hace muchos meses, había ya trascendido, hasta el punto que el propio TC ha advertido preventivamente a Torrent de los peligros de según qué tipo de resoluciones parlamentarias.
Al margen de comprobar cómo encaja ERC el objetivo de Torra de trasladar la responsabilidad de la desobediencia al Parlament, la amnistía será la palabra mágica de los próximos meses, será la bandera que formalmente mantendrá viva la unidad de acción de PDeCat y ERC y la primera reivindicación con la que deberá lidiar Pedro Sánchez de esperar algún apoyo en el Congreso de los grupos soberanistas.
El presidente en funciones se curó ayer en salud, asegurando que las penas deberán cumplirse íntegramente, aunque no pudo frenar las múltiples especulaciones sobre el calendario de posibles beneficios penitenciarios. Sánchez insistió en su declaración en la idea del naufragio independentista y la previsión de unos postreros “estertores” del secesionismo, confundiendo voluntariosamente el fracaso del Procés con la derrota del independentismo, una eventualidad que no se detecta en ningún sondeo electoral ni para las elecciones generales ni para las autonómicas.
Mientras los líderes políticos, con especial claridad por parte de Carles Puigdemont y Gabriel Rufián, intentaban teledirigir la indignación por la sentencia hacía las urnas (todos los portavoces en el Parlament comparecieron con el candidato al Congreso a su lado), los promotores del Tsunami Democràtic dirigieron a sus seguidores hacia el aeropuerto de Barcelona-El Prat, consiguiendo colapsar los accesos y forzando a los Mossos y a la Policía Nacional a practicar diversas cargas policiales que acabarán abriendo una brecha entre los partidos del independentismo oficial y la CUP a cuenta de la continuidad en el cargo del titular de Interior, Miquel Buch, muy criticado por los anticapitalistas.
La agenda de movilizaciones cubre toda la semana, hasta llegar al viernes, jornada para la que está convocada una huelga general por parte de la Intersindical CSC, justo cuando culminen las marchas sobre Barcelona previstas por la ANC. Los CDR tiene su propio programa de ejercicio del derecho de manifestación para poner a prueba la actitud de los Mossos y del propio gobierno catalán, muy pendiente por su parte, de cualquier referencia de los portavoces del gobierno central a aplicaciones del 155 o de la ley de Seguridad Nacional.
