El PSC redondeó con la presidencia de la Diputación de Barcelona la fase de los acuerdos post electorales en los que se ha permitido pactar con ERC, PDeCat y Comunes con la misma normalidad con que lo hubiera hecho con PP y Ciudadanos de tener estos dos partidos alguna relevancia en el universo municipal de Cataluña. Su política de pactos ha sido consecuente con su discurso de fomentar la transversalidad política para evitar el fortalecimiento de los bloques creados a partir del desafío independentista y de paso ha conseguido profundizar en la desunión de los socios del gobierno Torra y alejarlos de las entidades soberanistas que no entienden ni aceptan el pragmatismo de sus alcaldes y concejales.

Los convocados (pocos) ante las sedes de los partidos del Procés y frente a la sede de la Diputación de Barcelona no dirigían sus consignas contra el PSC sino a los suyos por haber pactado con los del 155. El PDeCat resistió las críticas de todos porque sabe que ERC también sacó ventajas de sus acuerdos con los socialistas y ninguno de los dos socios del debilitado gobierno de la Generalitat está dispuesto a renunciar a ninguna cuota de poder municipal o supramunicipal. La unidad independentista ha quedado para otro día, cuando se calmen los ánimos y haya una sentencia contra la que luchar y deslegitimar.

El PSC no ha ganado todo lo que tenía en juego; perdió Tarragona y Lleida. Sin embargo, el impacto político y emocional de su potente presencia en el Ayuntamiento de Barcelona apuntalando la alcaldía de Ada Colau, de la presidencia de la Diputación alcanzada para Nuria Marín con los votos del partido de Carles Puigdemont y su cómoda mayoría en el Área Metropolitana de Barcelona le confieren la aureola de ganador a los puntos de las elecciones municipales.

Esta es la tradición del PSC, cuya hegemonía política en la primera década de este siglo fue el resultado de los pactos. Gobernó al mismo tiempo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, además de la corporación provincial barcelonesa y la AMB, gracias a los acuerdos de izquierdas con ERC e Iniciativa, alianzas de las que participó también el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

El desafío independentista lanzado por Artur Mas para mantenerse en el gobierno catalán, aprovechando la desafección instaurada en muchos catalanes tras la decepcionante sentencia del Estatut, situó al PSC en tierra comprometida. Las dudas mantenidas por un cierto tiempo sobre el derecho a decidir no consiguieron retener a una parte de sus dirigentes más catalanistas y a la vez facilitaron a Ciudadanos crecer entre los exvotantes socialistas. Actualmente, los analistas del PSC no están tan preocupados por la existencia de un potente voto independentista (algo que no está en sus manos combatir, al menos mientras domine el componente casi religioso de la adhesión) sino por el peligro de la consolidación de los bloques políticos y sociales separados por el muro de la intransigencia.

El muro de la incomprensión entre catalanes es lo que perjudica la recuperación electoral y política del PSC y no el sueño de un estado propio de dos millones de electores. Así pues, el pacto transversal es antídoto elegido por los socialistas (y también por los Comunes, pero su fuerza se limita prácticamente a la ciudad de Barcelona) para combatir la falta de diálogo que tanto persigue la derecha y el radicalismo independentista. Habrá que esperar a comprobar el funcionamiento real de los muchos acuerdos establecidos con los partidos soberanistas para saber si el objetivo de recuperar la normalidad (la reconciliación, suele decir Miquel Iceta) es factible por el roce personal en alcaldías y concejalías.

Los interesados en que esta estrategia no funcione son numerosos. En primer lugar, ANC y Òmnium, cuyo discurso en los últimos años no puede adecuarse fácilmente a la colaboración con los señalados como enemigos de Cataluña; después los respectivos sectores radicales de los partidos. Sergi Sabrià, portavoz de ERC exigió al PDeCat que pactara con ellos para asegurar que la Diputación de Barcelona siguiera siendo una institución fiel al país, atribuyéndose por enésima vez el dirigente republicano la exclusiva de la representación de todos los catalanes.

Por la derecha, este tipo de acuerdos chocan siempre con la incomprensión más absoluta, desde su lado del muro. El PP, disgustado con el PSC especialmente por no haber entregado la alcaldía de Badalona a Xavier García Albiol, acusa a los socialistas de afianzar a Puigdemont y Torra, sin considerar la crisis abierta entre los partidos independentistas.

Ciudadanos, enzarzado en su batalla contra el sanchismo en Madrid, no supo valorar el gesto político de Manuel Valls en el consistorio barcelonés, forzó la ruptura de su grupo municipal, y se mantiene firme en la política del cordón sanitario con el soberanismo, mientras rebaja su rechazo a la extrema derecha con la vista puesta en cuotas de poder autonómico. El mantra de la unidad del constitucionalismo es tan frágil como el de la unidad independentista; los socialistas han declarado la guerra a los bloques.