El Parlament de Cataluña ha aprobado este martes la Ley del Estatuto de municipios rurales, una norma considerada pionera que proporcionará herramientas y recursos a los municipios rurales, con el objetivo de frenar la despoblación, asegurar una prestación adecuada de los servicios y fomentar su desarrollo económico. Se trata del primer proyecto de ley que el Govern remitió al Parlament al inicio de la actual legislatura, y responde también a los acuerdos de investidura.
Este estatuto ha salido adelante con un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. También ha contado con el apoyo de las entidades municipalistas y los ayuntamientos rurales, que reclamaban desde hace años un nuevo marco legal adaptado a sus particularidades y que garantizara a sus habitantes los mismos derechos que al resto de la ciudadanía.
608 municipios podrán verse beneficiados
A partir de esta aprobación, se abre un plazo para que el Govern analice el texto y comience su desarrollo. De los 947 municipios que existen en Cataluña, un total de 608 podrán beneficiarse. Entre ellos, 213 son considerados rurales, 381 recibirán la calificación de municipio rural de especial atención por tener menos de 500 habitantes, 2 se clasifican como municipios rurales asimilados y otros 12 se han incorporado durante el trámite parlamentario.
La revisión de las categorías de municipio rural y de municipio rural de especial atención se efectuará cada cuatro años, en los seis meses posteriores a la constitución de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales. En ese proceso, el umbral poblacional podrá variar un máximo del 5% para acceder a alguna de estas dos categorías.
Medidas para ayudar a las zonas rurales
Cataluña presenta actualmente un importante desequilibrio territorial, con un 75% de la población concentrada en áreas urbanas y el 25% restante residiendo en núcleos rurales. Esto provoca un reparto demográfico desigual y una prestación dispareja de los servicios públicos. En este contexto, el estatuto establece un nuevo marco normativo que define el concepto de municipio rural, prevé medidas para dotarlos de mayores recursos y herramientas, e introduce un mecanismo rural de garantía que exigirá evaluar el impacto territorial, económico y medioambiental de todas las políticas públicas.
Entre las actuaciones contempladas se encuentra la creación de un sistema de financiación propio, con un fondo específico para municipios rurales de carácter incondicionado vinculado a la Ley de Presupuestos, así como una línea específica de inversiones dirigida a combatir la regresión demográfica y el envejecimiento de la población. También se impulsará la aplicación de incentivos fiscales para facilitar la compra y rehabilitación de viviendas, junto con la simplificación de cargas burocráticas para los ayuntamientos. Esta última será posible mediante la creación de un portal único dentro de la sede electrónica de la Administración, que concentrará todos los trámites, servicios e informaciones relevantes para estos consistorios.
Hasta la fecha, el Govern ya ha puesto en marcha algunas iniciativas con impacto directo en los municipios rurales. Entre ellas, destaca una dotación complementaria de 110.000 euros para cada municipio con menos de 2.000 habitantes, en el marco del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC).
