La justicia condena al Ayuntamiento de Valls (Tarragona) a indemnizar al agente que intentó detener a un terrorista del 17-A

Ocho años después de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017, el Ayuntamiento del municipio tarraconense de Valls (Junts) ha sido condenado a indemnizar con 347.200 euros al policía local que intentó detener a uno de los terroristas en Cambrils al día siguiente del ataque por las secuelas que sufre. Según la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Tarragona, el silencio del Consistorio de la localidad a la que pertenece el agente tras la reclamación presentada por parte de este en julio de 2022 de una indemnización por estrés postraumático (no respondió en los tres meses de plazo) debe interpretarse de forma positiva y a ello se debe la pena impuesta. 

El 18 de agosto, el agente de la policía local se encontraba comiendo un helado junto a su familia cuando tras escuchar el sonido de una explosión vio al terrorista Omar Hichamy con lo que parecía un cinturón explosivo (que posteriormente se descubrió que era falso) mientras gritaba “Allahu Akbar”. El policía le siguió e intentó detenerle avisándole de que era agente, momento en el que el yihadista hizo el amago de inmolarse. Pocos segundos después llegaron los mossos d’esquadra, quienes abatieron a Hichamy. 

Debido a la actuación del policía, el juzgado considera que, a pesar de que el agente no se encontrase fuera de servicio, actuó como tal al identificarse e intentar detener al terrorista al gritarle “alto, al suelo” y pretender cerrarle varias vías de escape. Una actuación que provocó que el agente sufriera un cuadro de estrés agudo hasta 718 días después, entre otras secuelas postraumáticas. 

Por esta razón, la sentencia establece una condena que deriva de la suma de 287.200 euros impuestos por los casi dos años en los que padeció el cuadro de estrés, 40.000 euros por su condición de víctima de terrorismo y 20.000 por otras secuelas. De esta forma, el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Tarragona cumple con el principio de indemnidad, que determina que la Administración pública debe indemnizar a sus funcionarios por cualquier daño que sufran en el ejercicio de sus funciones. 

“Una sentencia pionera en el Estado español”

De la representación legal del agente de policía local se han encargado los servicios jurídicos del sindicato independiente de los mossos d’esquadra USPAC, liderados por el abogado José Antonio Bitos Rodríguez. Desde la asociación han asegurado en un comunicado publicado este lunes que la resolución supone “una sentencia pionera en el Estado español”. 

USPAC afirma que  se trata de la primera condena en España “que reconoce una indemnización de esta magnitud a un policía en el cargo de su administración”. Una pena que, según el sindicato, se ha impuesto aplicando “el baremo establecido por la sentencia del 11-M para valorar las lesiones de las víctimas del terrorismo”. 

En el comunicado, se explica que “el agente, que se encontraba fuera de servicio, actuó arriesgando su propia vida para proteger a la ciudadanía” y se manifiesta que nunca recibió el trato de víctima del terrorismo. “Fue una de las víctimas olvidadas del atentado”, se señala.