Salvador Illa se encuentra ya en el ecuador de su legislatura y lo hace con unos nuevos presupuestos recientemente aprobados. Dos años se cumplen este sábado de aquel 8 de agosto de 2024 en el cual el primer secretario del PSC fue investido presidente de la Generalitat, poniendo fin a más de una década de gobiernos independentistas en Cataluña. El mismo día en que Carles Puigdemont hizo su insólita y breve reaparición en Barcelona siete años después de su huida, Illa era erigido jefe del Govern con ERC y los Comuns como socios de mandato, con quienes consiguió alcanzar una serie de acuerdos a cambio de obtener su apoyo. 24 meses más tarde se ha logrado avanzar en la mayoría de dichos pactos, especialmente durante este 2026, en el que el Ejecutivo catalán ha cumplido su parte respecto a algunos de los más importantes. Entre ellos, el nuevo modelo de financiación.
Tanto en lo que refiere a los acuerdos de investidura como a otras cuestiones que estaban sobre la mesa en agosto de 2024, este 2026 está siendo un año clave. Con la reciente aprobación de sus primeros presupuestos de legislatura, Illa ha conseguido dotar de estabilidad a su Govern, el cual se conformó tras la victoria del PSC en unas elecciones adelantadas por el entonces presidente de la Generalitat Pere Aragonès debido al rechazo de la mayoría del Parlament a sus nuevas cuentas. Su validación ha sido posible gracias a haber alcanzado nuevos pactos con sus socios, algunos de los cuales han actualizado los firmados hace dos años.
También la situación ha cambiado en lo que se refiere a Puigdemont después de que el pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía, pactada entre el PSOE y Junts para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Illa reclamaba en su discurso de investidura “la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios”, y con la sentencia europea esta se encuentra cada vez más cerca de hacerse realidad para todos los líderes del procés, para los que hasta ahora no se ha hecho efectiva la norma. En este sentido, el Tribunal Supremo ha resuelto en las últimas semanas varios casos en consecuencia con el dictamen del TJUE, aplicando la ley a varios exdirigentes del Parlament y a la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, que ostentó el cargo mientras Puigdemont era presidente de la Generalitat.
El nuevo modelo de financiación, un avance a la espera del CPFF del 4 de septiembre
En cuanto a los acuerdos de investidura, uno de los más destacados consistía en avanzar hacia una financiación “singular, justa y solidaria”. En la parte que corresponde al Govern, dicho pacto se ha cumplido este mismo año con la presentación de un nuevo modelo de financiación acordado entre Gobierno, Generalitat y ERC que actualiza el actual, caducado desde hace 12 años. Este nuevo sistema supondría un incremento de los recursos que el Estado da al conjunto de autonomías de 20.975 millones de euros, de los cuales 4.686 millones llegarían a Cataluña. Además, también conllevaría un cambio en el reparto de recursos, de manera que cada comunidad mantenga la misma posición en comparación con el resto respecto a lo que reciben que respecto a lo que aportan.
Tras alcanzar este acuerdo, al nuevo modelo de financiación tan solo le queda pasar por el Consejo de Política Fiscal Financiera (CPFF) el próximo 4 de septiembre para materializarse en una propuesta que será la que se lleve al Congreso de los Diputados. La reunión estaba prevista para el mes de julio, pero el Ministerio de Hacienda la aplazó debido a la petición de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, el cual se ha mostrado desde un principio en contra del nuevo sistema.
Una vez se celebre el CPFF y se disponga de una propuesta cerrada, la cual puede terminar siendo la misma presentada por el Ministerio o contar con algún cambio acordado, el nuevo modelo de financiación se enfrentará al Congreso, donde actualmente no cuenta con los votos necesarios para salir adelante a falta de los votos de Junts. Por esta razón, Illa reclamó el pasado 31 de julio en su comparecencia para hacer balance de sus dos primeros años al frente de la Generalitat “responsabilidad a todas las formaciones políticas catalanas y, sobre todo, que se piense primero de todo en Cataluña. “El 4 de septiembre se acaban las excusas y los cálculos electorales y empieza la hora de la responsabilidad”, aseguró.
La cesión del IRPF queda a un lado, aunque Govern y ERC se comprometen a continuar trabajando en ella
La intención de Esquerra Republicana era que el nuevo modelo de financiación fuera acompañado de la cesión de la recaudación del 100% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Sin embargo, todavía no se ha conseguido alcanzar un pacto al respecto con el Gobierno y desde la Generalitat se remarca que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no dispone todavía de los recursos necesarios para asumir la gestión de dicho tributo.
En un principio, ERC situó el traspaso del IRPF como una condición sine qua non para apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2026, pero el pasado mes de marzo Illa y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acordaron que se retirara el proyecto presupuestario presentado por el Govern en febrero de su tramitación parlamentaria para continuar negociando, dejando a un lado la gestión íntegra del impuesto.
Finalmente, en mayo Illa y Junqueras firmaron un acuerdo presupuestario en el que el Govern se comprometió, entre otras cosas, a trabajar conjuntamente en la incorporación de la cesión de las competencias necesarias para su gestión en las iniciativas que se presentarán en el Congreso respecto al nuevo modelo de financiación. Asimismo, pactaron reforzar la ATC para que disponga de los recursos técnicos y humanos para recaudar dicho tributo con 527 millones de euros hasta 2029.
El traspaso de Rodalies se pone en marcha
El traspaso que sí que se ha puesto en marcha ha sido el de Rodalies, también acordado entre PSC y ERC para hacer posible la investidura de Illa. Para ello, el pasado mes de enero la Generalitat y el Ministerio de Transportes constituyeron la empresa mixta, participada en un 50,1% por Renfe Viajeros y en un 49,9% por el Govern, que se encargará de gestionar el servicio de cercanías catalán. Lo hacían tan solo unas semanas antes de la crisis de Rodalies por la paralización del sistema durante varios días tras el accidente de un tren de la línea R4 en su paso por el municipio de Gelida (Barcelona) por el desprendimiento de un muro de contención de la autopista AP-7, en la que quedaron constatados los efectos de las décadas de desinversión por parte del Estado.
Por el momento, se han iniciado los trámites para el traspaso de la línea R1 de Rodalies que va desde Barcelona hasta Maçanet-Massanes (Girona), pasando por la comarca del Maresme, el cual obtuvo luz verde en enero de 2025 y está previsto que se cierre este 2026 con la cesión por parte de Adif del 100% de sus infraestructuras a la Generalitat. De esta manera, el Govern asumirá todas las funciones inherentes a la titularidad. Dentro del Ejecutivo catalán se espera que el traspaso de la R1 sirva como modelo para el resto de líneas.
El Consorcio de Inversiones tendrá otra oportunidad de salir adelante pese a que el Congreso lo tumbara
El Govern también ha avanzado este año en el cumplimiento de sus acuerdos de investidura con los republicanos con la presentación del Consorcio de Inversiones para hacer un seguimiento y control de que los recursos presupuestados por el Estado en Cataluña se llevan a cabo, pero la iniciativa presentada en el Congreso para hacer realidad la constitución de este organismo fue tumbada por Junts al votar en contra junto a PP, Vox y PNV.
A pesar de que no pudiera salir adelante en el Congreso, ERC no ha desistido y en el acuerdo presupuestario con el Govern incluyó la constitución de una sociedad mercantil que se encargue de garantizar la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado para Cataluña y de un consorcio para planificarlas y hacerles un seguimiento. Ambos avalados posteriormente por el Ejecutivo de Sánchez. El primero no deberá ser validado por la Cámara Baja, mientras que el segundo sí que necesitará su aprobación. Según el pacto entre el PSC y los republicanos, mientras que no exista el Consorcio, la Comisión Bilateral de Infraestructuras del Gobierno y la Generalitat asumirá sus funciones.
Los acuerdos con los Comuns, centrados en materia de vivienda
En lo que respecta a los acuerdos a los que Illa llegó con los Comuns para obtener su apoyo a la investidura, destacaban medidas en materia de vivienda como la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030, la cual se efectuará mediante un plan anunciado por Illa en su primer debate de política general y ya se ha puesto en marcha, y la creación de un régimen sancionador contra la especulación, cumplido con la aprobación del Parlament en febrero de 2025 del decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas que establece multas de hasta 900.000 euros en el caso de infracciones muy graves de la ley de vivienda. Por otro lado, pactaron también la paralización del macrocomplejo turístico y casino del Hard Rock Entertainment World que se iba a levantar en la provincia de Tarragona, proyecto que se encuentra bloqueado.
Actualmente, la materia de vivienda continúa siendo el eje central de los nuevos pactos entre la Generalitat y los Comuns. De hecho, en sus acuerdos presupuestarios se incluyen medidas como la creación de una Dirección General de Disciplina en Vivienda, convertida en realidad el pasado 28 de julio con su aprobación por parte del Consell Executiu, la caual se encarga del control y sanción por el incumplimiento de la ley de vivienda y la regulación de los precios de los alquileres. Sin embargo, la principal iniciativa que han acordado en el ámbito habitacional ha sido la de la limitación de la compra especulativa de vivienda, la cual ya ha iniciado su tramitación en el Parlament y se espera que sea una de las primeras leyes en aprobarse definitivamente al retomarse la actividad parlamentaria después de verano.
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