Este viernes el Ministerio de Hacienda enviaba a todas las comunidades autónomas una carta con la propuesta de la cartera que dirige Arcadi España en aras de plasmar el borrador del nuevo sistema de financiación autonómica y a pocas semanas de que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el próximo 29 de julio.
Bajo la premisa del diálogo entre Administración central y autonómicas, Hacienda se encuentra ya estudiando algunas de las propuestas que le han hecho llegar varias comunidades autónomas y ha avanzado que darán el visto bueno a algunas de ellas. Así, desde el departamento encabezado por España sostienen que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se prevé que el borrador vaya después del verano al Consejo de Ministros para su aprobación y, después, al Congreso de los Diputados, donde se someterá al escrutinio de los grupos parlamentarios.
Ahora bien, si todo se da según lo previsto, el nuevo sistema de financiación entraría en vigor a partir de 2027, con una serie de modificaciones que van desde el aumento de la cantidad que recibe cada autonomía hasta el incremento de la cesión del IRPF, pasando también por variaciones en el cómputo para determinar el gasto educativo de cada región, entre otros asuntos.
47% más a cada comunidad y mayor cesión del IRPF
En este sentido, en caso de que la propuesta de Hacienda entre en vigor el próximo año, las comunidades recibirán 20.975 millones más que con el modelo vigente, es decir un 47% más. Así, según las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior, por ejemplo, a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.
Además, dentro de la reforma, el Gobierno plantea un incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.
Entre otras cosas, el Ejecutivo ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. De esta forma, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades un 50% respecto al modelo actual
La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón y la población protegida, que se amplía a 20 grupos, en lugar de siete.
Gasto educativo y servicios sociales
Por otra parte, el borrador de Hacienda incluye también una variación del cómputo para determinar el gasto educativo, con nuevos criterios como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o formación profesional y el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades.
En lo que respecta a los servicios sociales, se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. Y otra novedad que se incorpora también al modelo, con un peso del 1,5%, es el número de parados sin prestación social.
Junto a estas grandes áreas también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios, como son la superficie, la dispersión, la insularidad o los costes fijos. Con ello, se reconocen las dificultades de algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.
Caja compartida para los ingresos de IRPF
En otro orden de cosas, en materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado en la propuesta del Gobierno es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Además, las comunidades que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años.
También habrá una negociación con las comunidades para que las liquidaciones se produzcan antes y se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal.
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