El Ministerio de Hacienda ha enviado este viernes a las comunidades autónomas las primeras cartas que contienen el borrador del acuerdo de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica y se abre al diálogo con los respectivos Ejecutivos ante las dudas que puedan salir antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el 29 de julio.
Previo a esa cita, desde la cartera que dirige Arcadi España añaden que el próximo martes 14 de julio está prevista para celebrarse una reunión del comité técnico para abordar la propuesta. Al hilo de ello, desde Hacienda añaden que se encuentran analizando las diferentes propuestas que han trasladado diferentes comunidades autónomas en cada una de las reuniones bilaterales y han avanzado que darán el visto bueno a algunas de ellas. En este sentido, según explican desde el Ministerio, la intención es que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se postergue a después del verano la aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios para que entre en vigor en 2027.
Si esto último se acaba materializando, el próximo año las comunidades autónomas recibirán 20.975 millones más que con el modelo vigente. Asimismo, según se desprende de las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy por encima de los 152.484 millones recibidos en 2023, año base para determinar las necesidades de financiación.
En línea con ello, desde el Ejecutivo central contemplan un incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%. Además, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. Con todo ello, y según subrayan en las filas del Gobierno, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual.
Entre otras cosas, también ha cambiado el cómputo para determinar el gasto educativo, con nuevos criterios como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o formación profesional y el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades. Además, en lo que respecta a los servicios sociales, se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. Otra novedad que se incorpora también al modelo, con un peso del 1,5%, es el número de parados sin prestación social.
Al margen de todo ello, se incluyen también otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios, como son la superficie, la dispersión, la insularidad o los costes fijos.
Caja compartida para los ingresos de IRPF
En otro orden de cosas, en materia tributaria, se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Además, las comunidades autónomas que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años.
Asimismo, habrá una negociación con las comunidades autónomas para que las liquidaciones se produzcan antes y se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal.
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