Una de las primeras tareas de Arcadi España como ministro es la de articular una financiación autonómica que contente a todos para que entre en vigor antes de 2027. La labor es ardua, pues la reforma del sistema actual, caducado desde 2014, lleva meses bloqueado. El impedimento principal está en que la mayoría de comunidades las gobierna el Partido Popular, cuya dirección nacional parece haber sentenciado el plan del Gobierno central antes incluso de que eche a andar.
El recientemente elegido sucesor de María Jesús Montero al frente de Hacienda ha retomado el trabajo de su antecesora, que presentó un plan inicial a las autonomías en enero. España anunció este lunes que resucita la reforma de la financiación, e instó a las comunidades a concertar reuniones bilaterales "de manera inmediata".
La fórmula elegida por el ministro es la de negociar con las autonomías una por una, como paso previo a que se reúna con todas a la vez en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que aseguró que convocará "próximamente". Sin embargo, al PP no le vale esta vía, a pesar de que el plan presentado por el Gobierno incluye 20.975 millones de euros más para las comunidades, la mayoría de las cuales gobiernan ellos. Según los datos de Moncloa, el total de la financiación homogénea ditribuida en 2027 ascenderá, si se llega a un acuerdo, a 224.507 millones de euros, lo que supondría unos 70 millones más que en 2023, último año liquidado.
El PP da plantón a España
A pesar de esto, parece que en Génova ya han decidido boicotear la reforma antes de que eche a andar. La dirección nacional del PP coordina a sus presidentes autonómicos, para utilizar las autonomías como contrapeso del Gobierno central. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, usa como peones de su oposición a los barones territoriales, que tendrán que explicar a los ciudadanos a los que sí gobiernan por qué van a dinamitar una reforma que, indiscutiblemente, les beneficia.
Uno de sus argumentos es el de que el plan se debe negociar en el CPFF. "Lo que es de todos, se negocia entre todos", dijo el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a pesar de que el ministro no dijera en ningún momento que las negociaciones bilaterales vayan a sustituir a la cumbre conjunta. En el mismo sentido fueron otras regiones, como Aragón, Extremadura o Galicia, que exigieron que se convoque ya el CPFF, mientras que en la Comunidad de Madrid van más allá y hablan de "modelo Junqueras".
El ministro, por su parte, ha pedido este jueves al PP que abandone el "conmigo o contra mí" en su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso: "Pueden plantearse si les parece mejor o peor, pero les pido que no se nieguen a dialogar, que no se nieguen a sentarse con el Gobierno de España para intentar llegar a un acuerdo beneficioso para todos", les ha lanzado, en la Cámara Baja, donde ha anunciado también que este viernes se publica en el BOE la orden ministerial para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
A día de hoy, solo han confirmado que mantendrán estas reuniones bilaterales con Hacienda Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PSOE. En el caso del president catalán, Salvador Illa, y aceptó el plan inicial de Montero en enero; mientras que sus homólogos asturiano y castellanomanchego, Adrián Barbón y Emiliano García-Page respectivamente, anuncian que acudirán, pero pedirán cambios a la propuesta.
En cambio, el PP anunció en coordinación que todas las comunidades que gobiernan van a dar plantón. Estas son Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla; Aragón, por Jorge Azcón; Baleares, por Marga Prohens; Cantabria, por María José Sáenz de Buruaga; Castilla y León, por Alfonso Fernández Mañueco (en funciones); la Comunidad Valenciana, por Juanfran Pérez Llorca; Extremadura, por María Guardiola; Galicia, por Alfonso Rueda; Madrid, por Isabel Díaz Ayuso; Murcia, por Fernando López Miras; y La Rioja, por Gonzalo Capellán. Falta por conocer qué hará Canarias, aunque el Gobierno de Fernando Clavijo sí que es muy crítico, y Ceuta y Melilla, también convocadas. País Vasco y Navarra no forman parte del régimen común y tienen su propia financiación, por lo que están fuera de esta ecuación.
La Comunidad Valenciana lidera en deuda, infrafinanciación y rebajas fiscales
Los argumentos que demuestran por qué las comunidades autónomas se beneficiarían se dividen en tres patas. Las hay que están mejor o peor financiadas, que tienen más o menos deuda, o que piden más dinero con una mano mientras con la otra anuncian rebajas fiscales que merman las arcas públicas.
Todas estas variables confluyen en un mismo punto: la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca se suma a la negativa del PP a sentarse a negociar el desembolso del Gobierno central. En paralelo, acaba de anunciar una rebaja del IRPF autonómico para 2026, con un coste estimado de 160 millones de euros, que ha compensado con recortes, como el presentado el pasado viernes 46,7% por la caída de las ayudas a los afectados por la DANA.
Pese a que el presupuesto total aumenta, el gasto real cae con respecto al de 2025. Estas cifras sitúan a la Comunidad Valenciana como una de las más infrafinanciadas, según los datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) de la última liquidación en 2023, que la sitúa en un índice de financiación efectiva relativa de 92,6 sobre 100 —este indicador pone la financiación en el contexto de cuánta población tiene y cuanto gasta realmente la comunidad, siendo 100 la media nacional—, solo por detrás de Murcia.
Al mismo tiempo, la deuda allí roza los 64.000 millones de euros, lo que supone que el cargo a cada valenciano sería de 11.579 euros, según datos del último trimestre de 2025 recogidos por el Banco de España. La comunidad debe un 40,7% del PIB, es decir, de lo que produce en un año, lo que la convierte la región más endeudada de España.
Andalucía, Valencia o Murcia entre las peor financiadas
En ese ranking, Murcia es la comunidad más infrafinanciada con respecto a la media nacional, con un índice de 92,0, siendo también la segunda más endeudada después de Valencia, con un 31,2% del PIB. En su caso, se cumple también que a pesar de criticar el desembolso del Gobierno y de necesitar más recaudación, mantiene el modelo de bonificaciones fiscales del PP, especialmente en Sucesiones.
Mismo panorama en Andalucía, donde el Gobierno de Moreno Bonilla reclama más recursos a Moncloa, pero mantiene rebajas en impuestos como Sucesiones o Patrimonio. La región también está infrafinanciada, con un índice de 94,6. La siguiente en esa lista es Castilla-La Mancha, donde hay un déficit de financiación y una deuda del 28,3% del PIB, Sin embargo, aunque proponen cambios a la propuesta, el Gobierno socialista de Page sí va a actuar en consecuencia de los datos y se va a sentar a la mesa de negociación con el ministro España.
La paradoja de las rebajas fiscales del PP afecta sobre todo a la Comunidad de Madrid, badnera de la baja fiscalidad. Si ya era la región con el IRPF autonómico más bajo, Ayuso anunció una nueva rebaja que deja el mínimo en el 8% y el máximo en el 20%. En ese ranking le siguen Andalucía, Murcia y Castilla y León.
En cuanto a los impuestos cedidos a las comunidades, los de Sucesiones y Donaciones, el Ministerio de Hacienda identifica a diez que los han suprimido casi totalmente, ya que aplican bonificaciones de entre el 99 y el 100% a familiares directos. Son Cantabria, Baleares, Andalucía, La Rioja, Murcia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Comunitat Valenciana, gobernadas por el PP en solitario, y Canarias.
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