El procesista es un independentista de aluvión que se apuntó al movimiento separatista cuando se creyó a pie juntillas el discurso del estado propio para pasado mañana, sin más riesgo que una manifestación anual con la familia y un par de días de desobediencia festiva. El estado de euforia decayó cuando resultó que esta vía unilateral de sonrisas no llevaba a la independencia sino al choque con un estado revestido de autoritarismo y cuando se tomó conciencia de que los dirigentes del Procés lo habían convertido en una fórmula para ganar elecciones sin saber exactamente para qué.

Los sondeos del CIS y del CEO coinciden en señalar el retroceso, aunque la opción de la independencia sigue siendo la que más seguidores tiene en Cataluña. En febrero, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) situaba a los partidarios de la secesión en el 40,8%, casi ocho puntos menos que en octubre del año pasado, pero casi doce más que en 2012, cuando Artur Mas puso en marcha el Procés. El CIS de la pasada semana fijaba a los seguidores independentistas en el 36,4%, casi ocho puntos por debajo de los registrados en el anterior sondeo y a cinco puntos de 2012.

El independentismo, situado ante la cruda realidad de tener que volver a empezar con un plan mucho más estudiado, ha consolidado unos porcentajes de aceptación bastante más altos de lo que tenía antes del Procés y una capacidad de movilización casi intacta gracias a que los desanimados por el fracaso de la secesión exprés y low cost se han enganchado a la campaña de reclamación de la libertad de los dirigentes encarcelados preventivamente a la espera del juicio.

El relato de la injusticia y la falta de democracia en el estado español ha conseguido tapar hasta el momento las consecuencias negativas del largo periodo de desorientación en el que cayeron sus representantes políticos desde la jornada electoral de diciembre y los efectos de la ducha de realismo a los que les han sometido por una parte sus dirigentes, aceptando la inexistencia de la república, y por la otra la severidad del embate judicial nunca previsto. Los sondeos captan el retroceso, sin embargo, la calle todavía no; de la capacidad de mantener viva la movilización de los lazos amarillos depende en buena medida la posibilidad de repescar a los defraudados.

También caen según el CIS quienes abogan por obtener una mayor autonomía, muy poco, situándose a niveles de 2012, y casi a tiro de aquellos a quienes les va bien que toda siga como está. El CIS tiene por costumbre presentar conjuntamente a quienes quisieran más autonomía y a quienes aspiran a que las CCAA puedan evolucionar hacia la independencia de las mismas, una suma que viene retrocediendo desde 2015, situándose también en la órbita de 2012.

Este emparejamiento conceptual debe ser la aplicación de una teoría institucional con cierto predicamento en la política española según la cual, el movimiento secesionista se desdibujaría con algunas concesiones autonómicas, tal vez incluso, con algún avance de carácter federalizante, sin llegar al estado federal propiamente dicho. Esta vía del pasito a pasito podría topar con el gran obstáculo de la radicalización vivida por el sector soberanista en estos seis años, dando por amortizado totalmente el Estado de las Autonomías, señalando justamente a esta construcción territorial como el paradigma del fracaso de la Transición. En todo caso no se sabrá hasta que se dé un caso práctico.