La Generalitat ha recibido con aparente tranquilidad los rumores de un nuevo 155 o de una intervención directa del Gobierno central sobre los Mossos d’Esquadra y las tres cartas enviadas por otros tantos ministros advirtiendo de las consecuencias de la pasividad exhibida por la policía autonómica ante el bloqueo de carreteras. Han expresado más sorpresa por la reacción del Gobierno Sánchez (“se están dejando llevar por el PP”) que preocupación por la gravedad de las acusaciones de inhibición política de los Mossos que, por otra parte, ha despertado el interés de la Fiscalía.

El principal foco de alarma de Torra y sus socios es la discrepancia interna, ahora centrada en el modelo Eslovenia; todo lo que venga de fuera, les cohesiona por eso ponen a prueba, constantemente, el pulso de Pedro Sánchez. El artículo 155 y otras reacciones similares como las insinuadas en las últimas horas por el Gobierno central es el maná de los independentistas, el toque de corneta que llama a la unidad frente a la amenaza de la represión del estado. Siempre les conviene, pero mucho más cuando sus diferencias afloran con toda crudeza, como en estos días en que todo el mundo, comenzando por ERC, critica a Quim Torra por verbalizar su sueño esloveno, recordándole que esta es una vía bélica que no se corresponde con la vía pacífica glosada habitualmente por el soberanismo.

“Estamos dónde siempre hemos estado”, afirmó la consejera, Elsa Artadi, insinuando como casi todos los portavoces de JxCat una mala interpretación generalizada de la referencia de Torra al camino a la independencia de la República Socialista de Eslovenia, tras una breve guerra de diez días y un centenar de víctimas con los herederos de la República Federal Socialista de Yugoeslavia de la que había formado parte durante medio siglo. Un malentendido atribuido a la pasión de Torra por el pacifismo que obligó al presidente del Parlament, Roger Torrent, a contraponer rápidamente Escocia a Eslovenia para desmarcarse de tanto apasionamiento. 

Paralelamente a la salida de guion de Torra, el pasado fin de semana se registró un giro melodramático, protagonizado por el exconsejero de Sanidad, Antoni Comín. “El tramo final de la independencia será dramático”, dijo. Su discurso no parece responder tampoco a un cambio brusco de las posiciones estratégicas de ERC y PDeCAT (empantanadas en el desconcierto desde hace un año), más bien se interpreta como una iniciativa de los dirigentes instalados en el exterior. Éstos, habrían optado por elevar el tono para animar a unas bases algo adormecidas que no acaban de inscribirse en el Consell per la República en la cantidad prevista y necesaria para convertir esta asociación privada en una plataforma potente para internacionalizar la causa y ofrecer una base económica sólida a quienes tienen que dirigirlo desde Bruselas.

La policía catalana es criticada al mismo tiempo por exceso y por defecto. Torra y la CUP por la fuerza utilizada en Girona y Terrassa al impedir un acto de Vox. La oposición y el Gobierno central por la pasividad manifiesta en las acciones de los CDR en las autopistas

El millón de inscritos que deben abonar 10 euros para poder participar en unas elecciones exclusivas para seguidores de la república queda lejos de la realidad: unas 60.000 personas conforman de momento el censo de los financiadores del consejo. La apelación a la épica como campaña de marketing del Consell per la República no ha conseguido tampoco enterrar la polémica sobre las últimas intervenciones de los Mossos d’Esquadra.

La policía catalana es criticada al mismo tiempo por exceso y por defecto. Torra y la CUP por la fuerza utilizada en Girona y Terrassa contra los independentistas radicales que pretendían impedir un acto de Vox. La oposición en el Parlament y el Gobierno central por la pasividad manifiesta en las acciones de los CDR en las autopistas. El ultimátum de Torra a su consejero de Interior para que tomara medidas por las supuestas desviaciones del protocolo de actuación por parte de algunos agentes se cumplió sin novedad. La portavoz del Gobierno, Artadi, valoró aquellas cargas como “globalmente correctas”, advirtiendo, para contentar a Torra, que se están investigando algunas imágenes del operativo policial.

De hacer caso a las declaraciones de Artadi habría de aceptarse que al Gobierno catalán no le preocupa el desprestigio que pueden estar atesorando los Mossos por sus controvertidas intervenciones, lo que les asombra es que el Gobierno central les mande unas cartas de advertencia y que la opinión pública se pregunte por la idoneidad de la actual dirección política del cuerpo policial cuando, en su opinión, la actuación policial ha sido la de siempre.

La mediación, dijo, es la practica habitual de los Mossos ante los cortes de circulación o levantamiento de peajes, negando inhibición policial frente a los piquetes de los CDR que impidieron la libre circulación durante 15 horas o abrieron las barreras de algunos peajes. Se remitió a otros casos similares vividos en el país para alegar su extrañeza por la reacción de los ministros, a los que invitó a convocar la comisión de seguimiento de la Junta de Seguridad en lugar de cartas.

Una vez desconvocada la huelga de funcionarios autonómicos, a los que la Generalitat abonará las pagas extras pendientes en el plazo de cuatro años y no en ocho como estaba previsto, la próxima fecha marcada en rojo para poner a prueba el aplomo de Sánchez es el 21 de diciembre. Aquel viernes, el Consejo de Ministros debe reunirse en Barcelona y las entidades soberanistas han convocado un paro contra la presencia del Gobierno en Cataluña. Oficialmente, la Generalitat no sabe nada de este viaje institucional, ni tan solo donde va a reunirse el consejo, así que no pueden empezar a preparar el operativo de seguridad, en el que, según Artadi, están plenamente comprometidos, tanto como intensas son sus relaciones con los organizadores de la protesta.