El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una propuesta de convenio este martes a la empresa de oferta de alojamientos Airbnb para eliminar anuncios ilegales en un plazo de 48 horas. Esta propuesta sustituye el proceso anterior que obligaba al Ayuntamiento a notificar a través de correo postal la sede de la empresa, localizada en Irlanda, la existencia de anuncios fraudulentos en un plazo de 10 días.
La plataforma de alojamiento aún no ha contestado a esta propuesta, pero esta modificación contempla la creación de un sistema de verificación de identidad para reducir el surgimiento de anuncios fraudulentos y facilita la identificación y sanción de aquellas personas que publican estos anuncios, algo que no se ha podido hacer hasta ahora. Junto con esto, la plataforma también proporcionará datos sobre los usuarios al Ayuntamiento de forma mensual para reducir el fraude.
A los usuarios también se les exigirá compartir los nombres de los titulares de las cuentas bancarias, lo que “permitiría reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude”. Por ello, el Ayuntamiento se compromete con solo utilizar los datos “para sus funciones de control”. La teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha afirmado: “Confiemos que Airbnb acepte nuestras demandas. Nosotros no cederemos y no negociaremos porque las demandas que ponemos sobre la mesa son de sentido común”.
“Pedimos cosas tan sencillas como que la información de la que dispongan en su plataforma sea cierta y que los datos sobre los pisos se ajusten a la realidad, y que, antes de colgar un anuncio, se verifique la identidad del anfitrión, porque no podemos encontrarnos con anuncios publicados por alguien llamado James Bond”, ha añadido Bonet.
La solicitud de información emana de un nuevo marco normativo que establece a las plataformas de pisos turísticos como los responsables de la verificación de los datos de sus usuarios. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona está exigiendo que Airbnb no solo cumpla con estas garantías, sino que comparta sus datos sobre los anunciantes de pisos con la administración.
La inacción del Ayuntamiento de Madrid
Sin embargo, una situación muy diferente se vive en otra ciudad con grandes problemas de vivienda como es Madrid. Desde la oposición en la Comunidad de Madrid se ha estado exigiendo medidas similares al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida para controlar los pisos turísticos ilegales que aún están sin regular en la ciudad. A finales del mes pasado, la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró que el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, “ya no tiene excusas” para combatir la existencia de estos pisos en la ciudad tras la publicación de un informe del Ministerio de Consumo.
Dicho documento detalla las direcciones de 3.565 pisos turísticos únicamente en la ciudad de Madrid que forman parte de una tendencia más amplia de plataformas de alojamientos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya alertó en el mes de marzo sobre la existencia de más de 15.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales, pero aún no ha habido ningún movimiento desde el Ayuntamiento para reducir estas cifras, a diferencia de Barcelona.
El Ministerio de Consumo se basó en información de la Unidad de Análisis de Consumo con el fin de “facilitar” los procesos necesarios para limitar la existencia de pisos ilegales y señaló al Ayuntamiento como la autoridad competente para inspeccionar y cerrar, si es necesario, de estos alojamientos. “Nuestra competencia es detectar los anuncios, pero es potestad del Ayuntamiento actuar”, explicó el Ministerio.
Por ello, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y la Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se mostró molesto ante la inacción de Almeida y otros miembros de la gobernanza de Madrid. “¿Cómo está el enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid por esa lista de 3.500 pisos ilegales que les han trasladado?”, preguntaba un periodista, al que respondió diciendo que “el Ministerio de Consumo está haciendo el trabajo que el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo”.
“Hemos recabado información con las direcciones postales, calle y puerta, de 3.500 pisos que están operando de manera ilegal en la ciudad de Madrid y le hemos remitido esa información, junto con los anuncios que demuestran la actividad ilícita de esas viviendas, para que el Ayuntamiento, que es quien tiene las competencias, proceda a inspeccionarlos, cerrarlos y sancionar a sus propietarios”, ha detallado.
“La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada. Ya le remitimos 15.200 operando de forma ilegal, en relación al número de licencias que tiene el Ayuntamiento y, desde entonces, no han hecho nada”, ha señalado el ministro, añadiendo que esta información se ha hecho disponible para que el Ayuntamiento “no pueda poner ningún tipo de excusa” sobre la ilegalidad de algunos pisos turísticos de la ciudad.
